El pasado 14 de Mayo, varios funcionarios y dirigentes políticos se atribuyeron el triunfo provincial que es de Gustavo Sáenz. No midieron que todo el año estará signado por estrategias electoralistas como las que influyen sobre los autoconvocados docentes. No intervinieron en la crisis desatada esta semana y anoche viernes aparecieron. Ministros y socios electorales recientes son renuentes a defender la gestión.
Existe dentro la intimidad del gabinete provincial la falsa convicción de que lo bueno es de su autoría. Se parecen bastante al Antonio Salieri que se proponía como el verdadero autor de las genialidades de Mozart. Tres años y medio de despliegues soberbios y escasamente comprometidos van medrando la imagen del primer mandatario que pasó, en una semana, de proyectarse a nivel nacional como precandidato a Presidente a disputar las rutas con docentes autoconvocados que muestran inteligencia para la victimización.
En la misma línea indiferente, aquellos candidatos que lograron intendencias y bancas legislativas con la ayuda de Sáenz desaparecieron. Transitan por el silencio los funcionarios más encumbrados, el Foro de Intendentes, los bloques legislativos del senado y diputados, y la desilusionada familia Romero, que hasta su estrepitosa derrota habló de pertenecer a su equipo desde 2015.
La crisis económica es profunda, nadie lo duda, y es el principal elemento que enarbolan los profesionales de la protesta social que en el comicio pasado postularon candidatos que apenas superaron los dos puntos.
El despliegue de la izquierda infiltrada en los cortes de rutas no es la única causa que ha generado un alto costo al Gobernador. El hermetismo y la indiferencia de los altos funcionarios que ni siquiera atienden los teléfonos es el complemento que condujo a la crisis.
El problema es nacional pero los que protestan exigen soluciones locales. Es entendible de considerar que el 60% de los ciudadanos salteños se encuentra bajo la barrera de pobreza, incluyendo a muchas familias de empleados públicos.
Como hacía mucho tiempo no se acumulaban en simultáneo los pedidos salariales de educación, salud, seguridad y justicia. Las conciliaciones obligatorias a punto de vencer obligaron a una respuesta para todos. No obstante, la falta de visión política del ministro Roberto Dib Ashur demoró la propuesta salarial transversal que de haber sido oportuna habría aquietado los ánimos. Era previsible que las bases superarían a los dirigentes gremiales “acuerdistas”, como ocurre desde hace más de quince años. El titular de Economía carga en sus espaldas demasiados días de huelga durante su gestión en Educación cuando el gobierno de Urtubey y mantiene el perfil evasivo que tanto daño provoca al gobierno.
Los anuncios de anoche tienen poder intrínseco para sofocar la protesta salarial o, al menos, evitar que el resto de la administración pública se sume a los maestros. Pero las denuncias de violencia policial sumarán apoyos y gestos solidarios que podrían darle continuidad al conflicto.
En su área, Matías Cánepa no ha logrado conformar un equipo idóneo y tampoco ha mostrado disposición para conocer la realidad del interior provincial, ni dialogar con sus subalternos, ni para armonizar posiciones cuando las protestas en su sector ganaron las calles.
En Salud también se advierte la rebelión de los salarios y los cuestionamientos por las carencias que evidencian hospitales y centros de salud. No hay médicos que quieran residir en el interior profundo ni se buscan alicientes para revertir este rechazo. En estos días se sumaron denuncias de tratos discriminatorios que condujeron a prometer bonos para los profesionales, postergando a los otros estamentos de trabajadores que se “autoconvocaron”.
A pocos se les escapa que el Gobernador ha encontrado siempre recursos de Nación para mejorar la situación en estas áreas sensibles, tanto en pandemia como en la etapa posterior. Esto sin dejar de hacer caso a constantes declaraciones de Dib Ashur sobre que los recursos eran suficientes. No puede dudarse, entonces que la responsabilidad es de los ministros que siempre recibieron la instrucción del Gobernador de atender estos pedidos.
La cartera de Ricardo Villada no luce activa en estos escenarios hostiles, ya que no los releva ni anticipa. Al margen de lo específico de cada ministerio, toda la problemática merece su atención. Sin embargo hay que reconocerle que es el único funcionario de alto rango que da la cara y fija posturas en defensa de la gestión.
La detención de una veintena de docentes díscolos, acostumbrados a la protesta callejera y a que nunca los sancionen ni les descuenten los sueldos, obedeció a la tardía puesta en marcha del protocolo de erradicación de los cortes de ruta. El Ministro de Seguridad y Justicia tiene problemas por el paralelismo de negociaciones de algunos de sus pares como también por defectos en el despliegue de efectivos poco preparados que deben intervenir frente a muchedumbres.
Mientras algunos funcionarios se sentaron con los autoconvocados y los “autorizaron” para que avanzaran a las calles con garantías de no ser detenidos, otros propulsaron la respuesta contundente para garantizar los derechos de circulación del resto. La línea decisoria no puede ser oscilante en el gobierno y la firmeza de una jueza penal ha permitido darle un poco de autoridad al gobierno.
Dentro del Centro Cívico Grand Bourg esperan superar el paro aunque ya se respira entrecortado en sus pasillos. La distancia entre los ministros y Gustavo Sáenz, en carisma, en tiempo dedicado a la tarea gubernativa y en recorrido territorial, es abismal. Aunque se consideran sus amigos y proclaman que dan la vida por él, están relajados y poco aportan a un proyecto que ya tiene la confianza ciudadana para afrontar cuatro años y medio difíciles.
