“Los policías solo se reían”

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Lo mencionó la esposa de David Alfonso, el hombre que por defender a una mujer de ser desalojada encontró la muerte en manos de la Policía de Salta. Retrato de una vida precaria en los asentamientos de Floresta Alta.

Aunque la Policía de Salta no quiere hacerse cargo de la muerte del hombre, testigos aseguraron lo contrario. Fueron los oficiales quienes ultimaron a David quien intentó ayudar a una mujer asentada en un terreno fiscal en Floresta.

A través de un comunicado, vecinos se solidarizaron con la familia del hombre y además reflejaron la situación que vienen padeciendo desde hace años, cuando ante la falta de un lugar donde vivir han optado por ocupar terrenos fiscales. La esposa de la víctima además manifestó que los policías lejos de ayudar se reían de todo lo sucedido.

Comunicado:

La situación que se llevó la vida de uno de los vecinos que habitaba en el asentamiento (Sr David Alfonso de 40 años), involucró una serie de a sucesos que vienen ocurriendo como secuencias reiteradas desde 2016, y que involucra la responsabilidad directa de las autoridades gubernamentales y municipales.

En 2016, las fuerzas de la policía local (caballería e infantería), desplazaron de forma intempestivamente violenta a aproximadamente 100 familias que se asentaron el sector, en el que está emplazada la cisterna construida por Aguas del norte, junto al Plan Nacional de Hábitat. Los vecinos que migraban desde otros barrios (dado a la superpoblación que hay en los cordones periféricos en nuestras ciudad de Salta), eran Familias que venían del interior de la provincia ( Santa Victoria Este, Nazareno), también de Bolivia, Paraguay; y se ubicaron en este sector de Villa Floresta.
Hasta el año pasado, cuando sucedió el segundo hecho de violencia por parte de la policía, precisamente a inicios de Marzo: 11 (once) familias más, asentadas en el sector, fueron el centro del intento de desplazamiento por la fuerza, entre ellos muchos niños y adultos mayores enfermos, la policía en ningún momento mostro orden judicial para operar el procedimiento. En esa ocasión apoyaron a los vecinos, organizaciones como Techo y RENABAP, ya que algunas de dichas familias contaban con el certificado de “vivienda familiar”. Ahí no hubo desplazamiento, pero la situación de migración local no había cambiado en lo mínimo, y las autoridades gubernamentales y municipales seguían haciendo caso omiso de la situación. Los grupos de personas seguían llegando por tandas al alto de Floresta, construían sus precarios ranchos, y desprovistos de servicios mínimos, transcurrían sus días sobreviviendo en el lugar. También es necesario decir, que luego de los incidentes, se mantuvo una consigna policial intimidatoria durante dos meses: una carpa instalada en el centro del nuevo asentamiento, donde montaban guardia rotativa dos policías. Pasado dos meses, se levantó la consigna y el norte alto de Floresta se terminó de poblar. Los vecinos observaban que las personas que ahora se asentaban “subían con coches últimos modelos, de noche, y ocupaban los espacios”. Comenzó a partir de ahí, en ciertos sectores del alto de floresta, la venta y la reventa ilegal de terrenos de forma desproporcionada.

Es necesario decir, que a pocos metros ( en Floresta media y Baja) intervenían activamente, en aquel momento, grupos de profesionales en el acompañamiento social y equipamiento urbano, en el marco del Plan Hábitat, un Plan Nacional dependiente del Ministerio del Interior, que articulaba con la secretaria de Desarrollo Social del municipio de Salta Capital. Hay que aclarar que este Plan solo delimitaba un perímetro de acción muy acotado de la territorialidad de Floresta, y no abarcaba los asentamientos, que seguían creciendo poblacionalmente en condiciones infrahumanas.
También es necesarios aclarar, que más allá de la formalidad de las limitaciones del llamado “polígono de intervención”, un equipo de Trabajadores Sociales, junto a otras organizaciones, que componían los equipos territoriales del Plan, comenzaron a promover un trabajo de organización comunitaria con las familias de los asentamientos del Alto de Floresta, entendiendo que las condiciones humanas de vida ahí, eran de extrema pobreza, en algunos casos de pobreza absoluta. Este equipo de Trabajadores Sociales también se encargó de realizar micro diagnósticos en el sector de asentamientos, censos y continuos informes, describiendo y dando cuenta de las condiciones materiales de las familias que habitaban y habitan los espacios más pobres. Por acción de este grupo de profesionales comenzaron a acercarse otras organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de base, también de dependencia gubernamental (equipos de centro de salud el Manjón), incluso también la policía comunitaria, dependiente de la comisaría 4ta de Villa Mitre, e instituciones educativas (UNSa y terciario Abuelas de Plaza de Mayo), que colaboraban activamente con la población del lugar, bajo el principio del resguardo de la vida, la visibilización de las condiciones de pobreza y el ejercicio de Derechos Humanos Fundamentales.
El área de Acción Social del Municipio estuvo siempre informada de la presencia de las familias que allí vivían y viven, mediante documentos e informes que contenían descripción exhaustiva y que graficaban las necesidades extremas de las mismas. También se hicieron presentes responsables de Tierra y Hábitat quienes dialogaron con los vecinos del lugar y les prometieron que serían reubicados, algunos de ellos. Sin embargo el accionar de los responsables políticos se basó en el trabajo subsidiario: en el que visitaban solo a algunos vecinos, repartían víveres, calzados, de forma muy selectiva entre la población local. Todo ello con un modus operandi político- clientelar por parte del municipio, que no hacia más que segmentar a la comunidad en discordias y diluir el trabajo comunitario, realizando visitas esporádicas a informantes calves, y en el marco del cálculo de elecciones municipales.
El último de los incidentes de violencia se cobró una vida y sucedió el 22 de marzo en el asentamiento de Floresta Norte alta, donde las casillas (muchas de ellas de Bloque), se encuentran ubicadas sobre el cerro. Esta vez no hubo ninguna presunta orden judicial, ni protocolo alguno en el procedimiento de los uniformados. Los vecinos informaron que se trató de una disputa por uno de los terrenos que había sido “ocupado por un efectivo policial”. Dijo una de las vecinas:“ la hermana del policía venia siempre a ver el terreno, pero no lo habitaba, entonces se instaló ahí una chica con cinco hijos (…) ayer por la mañana ( referenciando al 22 de marzo), vino el –dueño- (el efectivo policial), eran 12 policías, tres de infantería, y le dijeron a la señora que debía retirarse de ahí, sin dar mayores explicaciones (…).“ Ahí fue donde intervino David, le dijo que no podían sacarla que era madre y tenía sus hijos, enseguida dos policías lo tomaron de los brazos, cuando quisieron subirlo al móvil, él se desvaneció; estaban todos los vecinos” (…), “los vecinos pedían que lo reanimaran, porque ellos saben hacer eso, pero se cruzaron de brazos y se reían”. También dijeron, los vecinos, que cuando la ambulancia llego, pasada media hora, David ya estaba muerto. La familia de David, su mujer y sus hijos, y toda la comunidad presenció como se dejaba morir a David. Nadie hizo nada, “los policías solo se reían” mencionó la esposa de David, la señora Vilma Cuellar.
La pobreza estructural y la pobreza absoluta en el sector del alto de floresta son la nota más evidente de lugar y la condición que no ha cambiado en lo que va de 2016 a la actualidad. En estos últimos años se intensificaron formas de violencias de todo tipo que van desde la violencia interna: el reviente de casillas, el vandalismo, el comercio de drogas a plena luz del día, el racismo a personas migrantes etc. Hacia dentro de las poblaciones se evidencia un desmanejo de los terrenos (en la venta y reventa de los mismos), un comercio fulgurante por parte de punteros, que como mencionó una vecina “ellos son los que mandan acá”, absolutamente nadie regula este accionar.
Pero la violencia más cruenta y persistente es la violencia Estructural Estatal, aquella que “deja morir”, que trabaja activamente como forma de gobernar, sobre el tiempo de espera de los más pobres de entre los pobres y, que colabora activamente para que la condiciones materiales no se modifiquen en lo absoluto, y para el caso en cuestión, es la violencia del Estado ( la del gobierno Provincial y Municipal), la que da muerte, la que sin piedad “hace morir”, en el ejercicio de un poder desproporcionado, plasmado ahora, en la violencia directa de la fuerza policial sobre el cuerpo de la población pobre.
Este comunicado oficia también como un llamado a la sociedad civil, a las instituciones que trabajan activamente por fuera del ámbito administrativo Estatal, a solidarizarse con la población del Alto de Floresta. También es la intención de denunciar públicamente al Gobierno Provincial y al Municipal, por la reiterada omisión de responsabilidades para con los Derechos Humanos Fundamentales de las personas que viven en los territorios más pobres de Floresta y en los cordones periféricos que crecen en todos Salta capital, ante la falta de acompañamiento social, de previsión y planificación urbana. Se trata aquí, de visibilizar el grito desgarrador, un grito que es grito de muerte, que se diluye y se repite en la pobreza persistente de nuestros barrios populares, en las villas y asentamientos de Salta.

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