La justicia avaló la detención de jóvenes acusados por tenencia de marihuana, contrariando lo establecido por la Corte Suprema y las recomendaciones de la ONU, que recomendó considerar la despenalización del consumo de drogas. (Garrik)
Tal como informó Cuarto Poder, dos adolescentes fueron demorados el jueves en la calle 25 de Mayo al 1.200 por infracción a la ley de estupefacientes al secuestrarles un envoltorio con sustancia vegetal disecada, luego de que “Efectivos policiales en circunstancias que efectuaban patrullaje en prevención de ilícitos observaron por la zona citada a dos jovencitos de 14 y 16 años quienes se encontraban en actitud sospechosa. Desde la mochila de uno de ellos secuestraron un envoltorio conteniendo en su interior un envoltorio con sustancia vegetal disecada en forma compacta. La prueba reactiva a la sustancia determinó que se trata de marihuana con un peso de 19 gramos”. Posteriormente fueron alojados en el Centro de Atención de Menores en Conflicto con la Ley Penal N° 1.
Recordemos que el Máximo Tribunal del país, en el caso “Arriola” declaró inconstitucional la penalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, no solo por vulnerar preceptos constitucionales, sino también por ser ineficaz como un medio para disuadir el consumo y por generar un derroche enorme de recursos públicos que deberían redireccionarse para combatir el tráfico de tóxicos.
Asimismo, la ONU exhortó a la comunidad internacional a considerar la despenalización del consumo de drogas. El secretario general, Ban Ki-moon, explicó que el organismo a su cargo «promueve un reequilibrio en la política internacional de drogas controladas».
«Debemos considerar alternativas a la criminalización y el encarcelamiento de gente que use drogas y enfocar los esfuerzos de justicia criminal en aquellos involucrados en la oferta de drogas», aseveró Ban Ki-moon
El titular de Naciones Unidas indicó que el nuevo enfoque para reducir los costos que generan las drogas debe ponerse en «la salud pública, la prevención, el tratamiento y cuidado, así como en estrategias económicas, sociales y culturales».
Mientras tanto, el vicesecretario general de la ONU, Jan Eliasson, expresó durante la presentación del Informe Anual sobre Drogas 2015, que «debemos ser honestos y valientes en aceptar que algunas políticas sobre drogas y sobre sentencias necesitan ser revisadas».
En una confererencia en Nueva York, Jean-Luc Lemahieu, director de la División de Análisis de Políticas y Asuntos Públicos de la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito (UNODC), explicó que la despenalización del consumo de estupefacientes no requiere modificar las convenciones de la ONU.
Las cuatro convenciones de la ONU sobre drogas son el fundamento de la comunidad internacional para diseñar las políticas sobre estas sustancias en el mundo, cuya interpretación y alcance estará en el centro de la discusión de la Cumbre de Alto Nivel sobre Drogas de 2016 en la Asamblea General.
Lemahieu señaló que el caso de Portugal, que desde 2001 despenalizó el consumo de todas las drogas dentro de su territorio, está en línea con las convenciones de la ONU. Destacó además que el consumo de sustancias en ese país es menor que en España, donde el consumo sigue siendo criminalizado.
«Aún se requiere decomisar drogas, y arrestar a traficantes y comerciantes, pero ¿en realidad es correcto tener al eslabón más bajo de esa cadena, al usuario, en prisión durante años? ¿Es esa la mejor manera de usar los recursos públicos, de distribuirlos?», cuestionó Lemahieu.
Subrayó que el objetivo de las convenciones de la ONU siempre ha sido la salud pública, aunque este aspecto fue de alguna manera desplazado por el acento de las políticas prohibicionistas de la llamada «Guerra contra las Drogas», iniciada en 1971 en Estados Unidos.
Actitud sospechosa
El artículo 18 de la Constitución Nacional establece que “nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente”. Es decir que, las decisiones que impliquen afectar la libertad ambulatoria e intimidad personal, están solo reservadas a los magistrados, salvo supuestos de urgencia en donde no sería posible la obtención de dicha orden, lo que sería un caso de flagrancia.
En los hechos se pretende legitimar la requisa y la detención con el hallazgo de cosas ilegales, cuando en verdad el resultado obtenido jamás puede justificar un accionar ilegal de las fuerzas de seguridad y menos aún en materia de derechos fundamentales como lo son la libertad ambulatoria, la intimidad y privacidad personal. Las razones justificantes del proceder policial deben existir en el momento en que se lleva a cabo la medida y no posteriormente, de lo contrario a cualquier ciudadano se le podrían “plantar” pruebas y la defensa sería casi imposible.
Por ello, los motivos que ameriten un registro o requisa, deben estar previamente identificados de manera objetiva para que permitan conjeturar razonablemente que el individuo a quien se pretende requisar guarda en su persona, alguno de los elementos que indica la norma, y además, que la urgencia del caso imposibilita requerir al Juez competente la orden judicial respectiva.
Sucede que en la práctica policial, se suele detener o requisar con el argumento de que la persona estaba “extremadamente nerviosa y exaltada”, o “ante la posibilidad de encontrarse en poder de alguno de ellos (no se especifica qué) procedieron con fines preventivos a efectuar una requisa minuciosa de cada uno de ellos”, o por la «actitud sospechosa» en el imputado, tales como: «estar vestido de forma inusual» o «demostrar nerviosismo ante la requisitoria policial», etc.
Todos estos argumentos utilizados para vulnerar la libertad, privacidad e intimidad individual, fueron, en gran medida, declarados inconstitucionales por la doctrina judicial más garantista y moderna en materia de derechos humanos. De no ser así, se correría el riesgo de que la policía sienta que no necesita un motivo previo para actuar, ni que encuentre límite alguno a lo que está facultada a hacer. Con un esquema así, la vigencia de las garantías constitucionales sufriría un ataque poco menos que letal.
