El debate sobre si la ley que pretende reformar las Cooperadoras Asistenciales perjudica o no a Gustavo Sáenz silenció un hecho central: el control absoluto que los intendentes poseen de $260 millones mal usados según la AGP y que posibilitan un clientelismo político que todos ven en Tucumán pero no en Salta. (Daniel Avalos)
Ni bien se conoció el estado parlamentario del proyecto, el debate adquirió un tono bélico, de esos en donde nadie parece dispuesto a persuadir al otro porque el objetivo es abatirlo. Curiosamente, la polémica involucró a actores políticos y mediáticos que hace meses combatían a los intendentes a los que ahora prestaron auxilio aunque mañana, seguramente, volverán a declararle la guerra.
Semejante bochinche silenció una discusión crucial: la necesidad de controlar el uso de recursos públicos en manos de intendentes que en muchos casos son noticia por enriquecerse meteóricamente gobernando municipios desoladoramente pobres; jefes comunales, además, señalados en cientos de informes de auditoría como pésimos administradores; y que en el caso puntual de las Cooperadoras Asistenciales involucra millones de pesos destinados a la asistencia social y por ello mismo siempre factible de usarse en un clientelismo político que escandaliza a todos tras lo ocurrido en las elecciones tucumanas, aunque los salteños involucrados en el debate de la semana parezcan convencidos de que esa práctica es ajena a la política local.
Creadas en 1966 para atender necesidades sociales prioritarias, el decreto -ley 9 del año 1975- estableció que el dinero que permitiría a las Cooperadoras cumplir esa misión provendría de un impuesto (2% del salario bruto) que pagan los empleadores provinciales por cada trabajador en relación de dependencia con los que cuenten, quedando eximidos de la obligación los organismos estatales, las escuelas privadas y los empleadores con un solo obrero registrado. En julio de 2008 se dispuso que quienes contrataran nuevo personal se beneficiarían con la eximición del pago correspondiente a los trabajadores incorporados.
Para precisar el dinero que esa partida genera, hay que pedir auxilio a los presupuestos provinciales. Los aprobados hasta ahora muestran que el porcentaje correspondiente a “Cooperadora Asistencial” representa un promedio del 5,5% del rubro Tributos Provinciales que incluye al impuesto a las Actividades Económicas y el impuesto al Sello. Si traducimos ese porcentaje a pesos utilizando el presupuesto 2015, descubrimos que se trata de 220 millones aunque por variables vinculadas a incrementos salariales y hasta la inflación la cifra se estira. Lo confirma la planilla de transferencia mensual que la Dirección General de Rentas remite a la Tesorería General de la Provincia que, a su vez, transfiere a las Cooperadoras municipales las partidas correspondientes. Firmada por la Jefe del Sub programa Administración Contable, María Olga Cuellar, el documento muestra una transferencia de más de 22 millones en Julio que multiplicado por 12 meses permite hablar de una recaudación anual de 264 millones.
El proyecto de la discordia no modifica ni esos porcentajes ni el manejo de la partida por parte de los intendentes. La historia viene de nuevo a nuestro auxilio para confirmarlo. Desde 1978 la facultad de designar al presidente de la cooperadora recayó en los gobernadores, pero en marzo de 2009 se modificó el artículo 4 de la ley 5.335, que mantuvo la presidencia de los intendentes y los facultó a designar “a los demás miembros que las conforman…”. El proyecto que finalmente no se debatió el martes pasado propone que “Las Cooperadoras Asistenciales serán presididas por los intendentes de cada municipio. Los demás miembros de la Comisión Directiva serán designados por los Concejos Deliberantes a propuesta del Consejo Económico y Social de la Provincia de Salta (CESPS) y las Instituciones religiosas reconocidas legalmente…”.
El autor del proyecto, Lucas Godoy, argumentó que su objetivo es ampliar la base de legitimidad y el control sobre el uso de la asistencia social. La reacción del intendente electo de la capital que políticos y medios amplificaron, fue calificar a la idea como hija de la animosidad personal y asegurar que la misma viola las autonomías municipales. El resto de los intendentes, mientras tanto, rompieron el silencio que mantuvieron durante días para finalmente sumarse en los hechos al razonamiento de un Sáenz que en el fondo tradujo el sentir corporativo de los barones del interior: ninguna idea, por más buena que sea, debe afectar los intereses de los intendentes. Ni siquiera el de uno corrupto.
Plata y uso
Documentos oficiales evidencian el uso irregular de ese dinero. El origen de esos documentos se encuentra en la modificación de la ley ejecutada en marzo de 2009. Allí se redactó el artículo 8º que establece que las “Cooperadoras Asistenciales deberán rendir cuentas de su administración a la Auditoría General de la Provincia”. El secreto, entonces, es dirigirse a la web del organismo y bucear en los mismos.
Entre 2011 y 2015 la auditoria publicó 73 informes vinculados a las Cooperadoras Asistenciales. Ante la imposibilidad de leerlos a todos, seleccionamos al azar tres de ellos para encontrar lo que sigue. Al pequeño municipio de Tolar Grande, por ejemplo, le auditaron los gastos realizados en julio del 2013 cuando utilizó $25.200 de la Cooperadora en el rubro alimentación. Todo el monto se destino a la compra de 28.000 kilos de leña cuyos comprobantes se presentaron fuera de término y de manera tal que los auditores redactaron la siguiente conclusión: “En base a las observaciones efectuadas la Cooperadora Asistencial deberá revisar los procedimientos de control interno”.
En Rosario de Lerma la cosa es peor. En la tierra del intendente varias veces procesado por malversación de fondos, Sergio “Topo” Ramos, se encuentran cosas como las que siguen. Auditados los gastos de la Cooperadora en abril del 2013 cuando recibió una partida de $189.185, Ramos declaró haber usado $144.423 discriminados de la siguiente manera: $33.235 en salud; $12.013 en alimentación; $99.174 en “Otros Gastos”. Esos “otros gastos” incluían $12.300 en golosinas y refrigerio, $12.557 en instrumentos musicales para la policía, $10.000 en indumentaria deportiva. Si el criterio de asistencia social es al menos discutible, lo definitivamente irregular es lo siguiente: $26.275 que el intendente detalló como fondos a rendir, pago de alquiler del edificio escolar, subsidios o contratos, se efectivizaron sin que hubiera documentación probatoria alguna de las mismas. Todo, recordemos, en el corto mes de abril del 2013.
La Pichanal del ultra “U” Julio Jalit no es menos controversial. Los auditores evaluaron el uso que hizo de los fondos de la Cooperadora en septiembre del 2012 cuando recibió una partida de $127.296, aunque Jalit declarara haber gastado ese mes $87.000. Como en el caso de Tolar Grande, el millonario jefe comunal de Pichanal declaró usar todo el efectivo en ayuda alimenticia. A diferencia de Tolar Grande no compró toneladas de leña porque según dijo, repartió el efectivo entre los beneficiarios. Pasmados, los auditores redactaron entre otras cosas lo siguiente: “Las planillas adjuntas con documentación respaldatoria (…) no llevan insertas fechas de emisión de las mismas por lo cual no existe evidencia de la fecha real de entrega de fondos y no se encuentran firmada por responsable; No se utiliza recibo numerados que respalden la entrega de dinero en efectivo a cada subsidiado”.
Lo común en estas tres auditorías es que este tipo de rendiciones de cuentas son siempre aprobadas por el directorio de la Cooperadora Asistencial que, como vimos, es elegida por los intendentes. En aquel año 2013 y según el presupuesto provincial, además, esos mismos municipios recibieron, en concepto de descentralización de la ayuda social también usadas en asistencia, cifras importantes: $575.704 en el caso de Tolar Grande; $4.662.473 Rosario de Lerma; y $7.732.055 Pichanal. Sigamos con las cifras. Según la planilla de la DGR que detalla los montos transferidos a las Cooperadores en julio de 2015; Tolar Grande recibió ese mes $33.220, Rosario del Lerma $429.229 y Pichanal $320.668. Ello supone una suma anual promedio de $398.640, $5.150.748 y $3.848.016 respectivamente.
Demasiado poco para resolver las necesidades básicas de una población salteña que al decir del gobernador se “sigue cagando de hambre”, pero demasiado para quienes además de hacer un uso discrecional de los recursos están sospechados de corrupción. Sin olvidar que hambre de muchos e inescrupulosidad de funcionarios, son las condiciones de posibilidad de un clientelismo donde los segundos pueden generar dependencia política de muchos pobres que por serlo, se ven obligados a vender su voluntad por un precio magro para poder sobrevivir.
Los feudales
En ese marco en el que deben incluirse cientos de informes de auditoría que evaluando otros aspectos de la gestión de los intendentes confirman actos condenables, el control no sólo es legítimo sino también deseable y urgente. Entre otras cosas para evitar que la combinación perversa genere eso que Sergio Massa y Gustavo Sáenz prometen no controlar sino eliminar de cuajo en caso de llegar a la Casa Rosada: esos intendentes del NOA y NEA a los que calificaron de feudales por enriquecerse a costa de los pobres y por los cuales juraron sentir asco.
De allí que sorprendiera la postura del intendente electo de la ciudad de Salta. El proyecto no le restaba control de los recursos, el número de concejales con los que contará en meses (seis propios como Matías Canepa, Ricardo Villada, Socorro Villamayor, Romina Arroyo, Angelita Di Bez y José González; y seguros arrimados como los justicialistas Gastón Galíndez y Frida Fonseca que cada vez lo coquetean más) le habría permitido elegir a los otros miembros sin olvidar que al propio Sáenz corresponde presidir el organismo que este año manejara 156 millones de pesos. Volumen de dinero que siempre es una tentación hasta para los Sáenz que deberían aceptar que el control tienen un objetivo específico: evitar que los funcionarios descubran que son propenso a usar dinero público con fines personales o hacer un uso clientelar del mismo.
La discusión debió ser otra. Preguntarse si la reforma es suficiente para garantizar transparencia en el uso de los recursos, o el empeñó de Lucas Godoy en seguir impulsando el avance de la Iglesia en las políticas públicas al reservarle sillas de los directorios a miembros de credos que, sin embargo, siempre terminan en manos del jefe católico Cargnello. Todo esto no invalida las interpretaciones que aseguran que el autor del proyecto disfrazaba de política pública lo que en el fondo es una rencilla personal. Pero de ser cierto, esa mezquindad no es distinta a la del otro sector que en nombre de la parte capitalina deja que el todo provincial se siga descomponiendo. Sin olvidar que, después de todo, si las mezquindades y las contradicciones de los de arriba generan posibilidades para que los de abajo avancen un tanto, parece legítimo que los supuestamente neutrales aprovechen el hueco abierto para posibilitarlo.
La incógnita, mientras tanto, gira en torno al rol del gobernador en el proyecto de modificación de la ley de Cooperadoras Asistencias. Quienes lo excluyen del intento recuerdan que entre Urtubey y los intendentes existe un acuerdo estratégico que se materializa en dos aspectos claves: el impulso de medidas que desde el 2009 incrementaron el poder de los jefes comunales (control de las Cooperadoras Asistenciales, 50% del Fondo Federal Solidario que la nación coparticipa a la provincia por las retenciones a la soja, descentralización de la ayuda social antes en manos del Grand Bourg y que ahora llega en efectivo a los intendentes y hasta el Fondo de Reparación Histórica que alcanzó a departamentos electoralmente claves como San Martín y Orán) quienes a cambio garantizan al Grand Bourg triunfos contundentes en el interior provincial que el frente Romero – Olmedo del que formaba parte Gustavo Sáenz, denunciaba como productos de un clientelismo desaforado.
Los menos sugieren que una serie de factores deslizan al gobernador a no desaprobar entre sus íntimos la modificación de la ley. La percepción de que el poder corporativo de los jefes comunales puede cobrar vida propia es uno de esos factores. El otro está relacionado con el propio Gustavo Sáenz que además de haber sacado más votos que el propio gobernador en la capital provincial, demuestra audacia política que combinada con la nacionalización de su figura por su participación en la fórmula presidencial de Sergio Massa, empieza a cobrar una relevancia que parecía imposible hace sólo tres meses.
Son los riesgos que deben asumir quienes como Urtubey deseando adueñarse de la totalidad provincial desplegaron una racionalidad descarriada para generar una liga de intendentes que es funcional a sus objetivos si se somete, pero que puede resultar ingobernable si el propio creador amenaza sus intereses.
