La prensa nacional reclama a Urtubey que con el visto bueno del Estado se autoriza la tala en áreas protegidas. En los últimos dos meses se desmontaron 6350 hectáreas protegidas y Silvia Révora, Subsecretaría de Política Ambiental de la Nación, pidió a nuestra provincia que anule los decretos que permiten el desmonte.
La nota de Página 12 está firmada por el periodista Eduardo Videla que enfatiza que la superficie deforestada equivale a un tercio de la Ciudad de Buenos Aires, según denunció la organización Greenpeace. Además, otras 120 mil hectáreas están en serio riesgo de ser destruidas debido a que el gobierno provincial ya otorgó los permisos para desmontarlas, a pesar de ser bosques nativos protegidos por la norma nacional. El descontrol salteño es tal, que hasta la titular de Subsecretaría de Política Ambiental de la Nación, Silvia Révora, declaró que “Ya le hemos pedido a Salta que anule los decretos que permiten el desmonte y dé marcha atrás con los permisos otorgados”. Sobre la actitud de las empresas, la funcionaria opinó que “la voracidad capitalista es enorme”.
Por su parte, el militante de Greenpeace Hernán Giardini manifestó que “Hay una connivencia del gobierno provincial con las empresas, que nos preocupa. Si todas las provincias desmontaran al ritmo que lo hace Salta, en 30 años la Argentina se quedaría sin bosques”, afirmó el ambientalista.
En mayo último, Página/12 publicó que dos decretos provinciales permitían hacer excepciones a las normas de protección que ya habían provocado el desmonte de 120 mil hectáreas protegidas y amenazaban en ese momento con arrasar otras 125 mil hectáreas. De esa superficie, en estos dos meses, fueron deforestadas 6350 hectáreas. Un informe de Greenpeace revelaba cuáles son las grandes empresas que avanzan sobre los bosques salteños: entre otras, El Yuto, de la familia Macri, y Spinica SA, que tiene en su directorio a Alejandro Roggio, del grupo homónimo.
La tala de bosques nativos en Salta está motorizada principalmente por el avance descontrolado de la frontera agropecuaria. Se arrasan extensas zonas arboladas para destinarlas a la plantación de soja o al pastoreo de ganado. Mediante fotografías e imágenes satelitales, Greenpeace documentó el impacto ambiental de los desmontes que se están realizando en áreas prohibidas con la autorización del gobierno de Salta, según el siguiente detalle.
– 1900 hectáreas desmontadas en la finca “La Luz del Chaco” (de Fernando Omar Muzi, Agustín Eduardo Vidizzoni y Agro-Noa SRL).
– 1700 hectáreas desmontadas en la finca “El Carmen” (perteneciente a Aldo Navilli, Molino Cañuelas SA, Compañía Argentina de Granos SA).
– 1100 hectáreas desmontadas en la finca “La Peregrina” (de Bruno Mauricio Varela Marín).
– 800 hectáreas desmontadas en la finca “La Maravilla Lote A4” (propiedad de Alejandro Roggio y Spinica SA).
– 850 hectáreas desmontadas en la finca “Morocoyal” (de Exportin SA).
Con el desmonte no sólo se pierden los bosques sino que desaparecen los recursos de comunidades indígenas y campesinas, que son habitantes ancestrales de ese suelo, aunque carecen de títulos de propiedad. “La semana pasada hubo un corte de la Ruta 81, que comunica la provincia de Salta con Formosa, en oposición a los desmontes”, comentó Giardini.
“La provincia de Salta está violando la Ley Nacional de Bosques”, enfatizó el integrante de Greenpeace. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno provincial? La Ley de Bosques, sancionada en 2007, establece que cada provincia debe hacer un Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN) en forma participativa, con criterios ambientales, pero también económicos y sociales, mediante el cual quede en claro qué áreas se pueden deforestar (áreas verdes, según el color con las que se las señala en los mapas); en cuáles está prohibido (señaladas en rojo); y dónde se puede hacer un aprovechamiento sustentable, es decir, cortar árboles, pero sin desmontar (en amarillo).
La Legislatura provincial sancionó la Ley de Ordenamiento Territorial y el mapa quedó diseñado recién en 2009. La nueva reglamentación permitía la deforestación en 1.592.366 hectáreas (área verde) y la prohibía en 1.294.778 (área roja), mientras que 5.303.018 hectáreas quedaban para el aprovechamiento sustentable (amarillo), es decir, permitía la tala parcial para obtención de leña o pequeñas plantaciones, pero no el desmonte. Así se permitía el desmonte del 19,23 por ciento de los bosques, previo estudio de impacto ambiental y audiencia pública. Pero para los propietarios rurales eso no fue suficiente.
Los propietarios se valen de los decretos 2211/10 y 3136/11, sancionados por el gobierno provincial, que permiten la recategorización de áreas en las que el desmonte esté restringido o prohibido.
Desde la Subsecretaría de Política Ambiental, su titular, Silvia Révora, asegura que “el sistema federal impide que la Nación adopte sanciones contra la provincia por el incumplimiento; cualquier sanción debe ser tomada por el Consejo Federal de Medio Ambiente, que integran los ministros del área de todas las provincias”. “Estamos participando de las audiencias públicas y dejamos constancia de nuestra oposición a los desmontes. Y le hemos pedido al gobierno de Salta que derogue los decretos y que frene los desmontes que autorizaron”, aseguró.
“Nosotros hemos hablado con Greenpeace, pero también con las organizaciones que trabajan en el territorio, con las comunidades aborígenes, que son las principales afectadas por los desmontes”, concluyó Révora.
