Eludiendo las facultades del Concejo Deliberante, el ejecutivo municipal otorgó a la empresa Pieve la concesión por 35 años del crematorio municipal. Las claves de un negocio suculento sostenido por el nexo político-empresarial.
Tal como anticipó Cuarto Poder a finales del año pasado, el ejecutivo municipal otorgó a la empresa Pieve S.A. la concesión por 35 años del crematorio de la ciudad. La operatoria se concretó esta semana tras la publicación de la Resolución 003/22, que lleva la firma del secretario Legal y Técnico, Daniel Nallar. Días atrás se había celebrado la audiencia pública en la que cada participante tuvo un tiempo de exposición de dos minutos.
Los detalles del informe de impacto ambiental escasean y fueron exigidos por ediles y oradores en la audiencia, aunque se sabe que la retorta estará ubicada en el Km 1578 de la Ruta Nacional 9. El predio se encuentra a mitad de camino entre los dos crematorios que ya existen en Salta: el del propio Pieve en la RN 34 municipio de El Bordo a 5 km. de General Güemes, y el del cementerio Divina Misericordia, ubicado a 7 kilómetros de la plaza 9 de Julio.
El proyecto ni siquiera asomó por los despachos del Concejo Deliberante, tal como exige la Carta Orgánica Municipal, y no existió ningún llamado a licitación pública. De un plumazo fueron descartadas más de una docena de empresas fúnebres que acaparan una porción menor del mercado mortuorio en Salta. De esta forma, destacan desde la oposición al romerismo, se consolida una nueva contratación encubierta solamente comparable con el frustrado convenio con CECAITRA para la elaboración de fotomultas.
Ediles calientes
Entre los desafíos próximos de Daniel Nallar está explicar a sus alumnos de la cátedra de Derecho Administrativo de la carrera de abogacía de la UCASAL, cómo es que semejante chanchullo encuadra en los parámetros del buen funcionamiento de la administración pública. Claro que para estos bretes la academia siempre cuenta con gambetas argumentativas. Sin embargo, la parada más compleja puede darse en el inicio de las sesiones del cuerpo deliberativo.
Desde la UCR y Juntos por el Cambio ya adelantaron que pedirán la nulidad de la resolución por inconsulta e ilegítima. En diálogo con Cuarto Poder, Alberto Salim (UCR) opinó que: «lo que correspondía era que el concejo deliberante habilite la posibilidad de la concesión del crematorio». En la misma dirección se había expresado días atrás José Gauffín (JXC), quien acotó: “Se aprobó el estudio de impacto ambiental sin que haya audiencia pública, que es un requisito obligatorio para una actividad que es de alto impacto ambiental”.
La facultad del Concejo Deliberante para intervenir en la decisión tomada por el ejecutivo está plasmada en la Carta Orgánica y requiere de la aprobación de los dos tercios del cuerpo. Pero a los ediles no les pasaron siquiera una copia del bosquejo. «Nosotros fuimos a la municipalidad, pedimos los expedientes y no los quisieron entregar. No pudimos ni sacarle copias, eran muchas fojas, como 10 cm. de altura cada uno», se lamentó Salim.
Para los ediles, detrás de la concesión a Pieve hay una delegación de facultades del concejo deliberante en el ejecutivo municipal, concretamente en el secretario Legal y Técnico. «Cuando nos enteramos, ya está todo prácticamente armado. Vamos a plantear la nulidad porque no correspondía. No participamos de la audiencia porque si lo hacíamos, hubiéramos dado el aval a un acto ilegítimo» concluyó el radical.
Millones de razones
«El gran negocio van a ser las reducciones», confió a Cuarto Poder una fuente vinculada al empresariado fúnebre. Aunque los costos son variables, una cremación puede ir de $50 mil a $150 mil, dependiendo de si el horno cuenta con gas natural, o si es eléctrico. Las cifras se tornan interesantes si se considera que en los nichos y osarios de los dos cementerios municipales habría unos 6 mil restos humanos en condiciones de ser reducidos a cenizas.
Una frase muy extendida entre los integrantes del rubro mortuorio es que «todos los muertos son de Pieve». En la actualidad, la firma tiene bajo su órbita a la totalidad de los empleados públicos provinciales, domina cómodamente la mayor parte del mercado y cuenta con más de 300.000 asegurados.
Una amistad de años
Entre los coloridos partes municipales publicados a diario se destaca uno redactado hace algunos meses en el que se pondera el programa de «padrinazgos». Ni más ni menos que un sistema a través del cual los empresarios «cuidan» plazoletas, jardines y hasta platabandas de avenidas a los efectos de mostrar una faceta «responsable» con el ambiente. Para el municipio implica, lisa y llanamente, delegar las funciones de la secretaría de Ambiente a manos privadas. Todos ganan.
El parte destacaba que Edmundo Pieve, en representación de la firma Pieve S.A., tendría bajo su tutela, el mantenimiento de la Plaza Chile. En el acto protocolar, el empresario fúnebre declaró: “No solo colaboramos con la puesta en valor de la plaza Chile, sino que también junto a la Municipalidad efectuamos un homenaje a las personas fallecidas y donamos un árbol por cada persona para la reforestación de la ciudad. También el año pasado colaboramos en la noche de navidad”.
La relación de Edmundo Pieve con la familia Romero se remonta al año 1987, cuando fue nombrado por el gobernador Roberto Romero como intendente de la ciudad de Salta entre los meses de abril y diciembre. Para entonces, el abogado se repartía entre la política y la actividad comercial heredada de su padre Roberto Pieve. El gobernador entrante, Hernán Hipólito Cornejo, lo nombraría el 10 de diciembre de ese año como ministro de Gobierno, Justicia y Educación. Su último paso por la función pública la dio en 1998 cuando fue convencional constituyente.7 Luego de eso se retiraría de la vida política dedicándose únicamente a la parte empresarial.
Antecedentes
El debate sobre la creación de un crematorio municipal fue puesto sobre la mesa en 2017, luego de que se diera a conocer que 400 cuerpos habían sido enterrados en una fosa común, dado que sus familias no contaban con recursos suficientes. El hecho llevó a que el concejal del Partido de la Victoria (PV), Luis Hosel, presentara un proyecto de ordenanza para la creación de hornos crematorios en la ciudad.
Además de atender una deuda histórica del estado con los desposeídos, la iniciativa tenía como objetivo descomprimir la ocupación casi plena de los cementerios municipales: «Es algo de lo que no podemos escapar, es una realidad, espacios no hay», planteó el autor por entonces.
La discusión por el impacto ambiental también se puso de relieve en aquella oportunidad. Luego de su remisión a la comisión de Legislación General del Concejo Deliberante, el cuerpo solicitó informes al ejecutivo municipal y a la Universidad Nacional de Salta. Tras encontrar resistencias en el seno del gobierno municipal de Gustavo Sáenz, la iniciativa terminó por descartarse. Antes de eso, el autor del proyecto había manifestado su voluntad para futuros proyectos similares: «espero que sea municipal, no tercerizado».
