A once años del incendio en Guachipas que mató a cuatro brigadistas, los familiares siguen sin justicia. Bajo el gobierno de Urtubey, el fuego se apagó, pero la impunidad quedó encendida.
El 28 de octubre de 2014, las sierras de Guachipas ardían. El fuego avanzaba sin control sobre el cerro El Acheral, un terreno de 84 hectáreas cuya propiedad —hasta hoy— sigue siendo un misterio que el poder político y judicial se encargó de mantener en la penumbra. Ese día murieron cuatro brigadistas: Víctor Humberto Ferreyra, Martín Albarracín, Mauricio Valdez y Matías Daniel Vilte. Todos jóvenes, todos empleados del Estado provincial, todos mal equipados y peor pagados.
La gestión de Juan Urtubey reaccionó con lo que mejor sabía hacer: protocolo y distancia. El entonces gobernador decretó dos días de duelo y ensayó una declaración tan pulcra como vacía: “Estas desgracias en actividades de altísimo riesgo son una contingencia que puede suceder.” Con esa frase, el mandatario sepultó cualquier debate sobre las condiciones laborales, los recursos materiales o las órdenes que llevaron a cuatro hombres a una muerte absurda.
Urtubey no habló del equipamiento ni del entrenamiento. Tampoco del sueldo miserable de los brigadistas ni del motivo real por el que fueron enviados a enfrentar un incendio de esa magnitud. Se limitó a invocar a la Justicia como escudo: “Las fatalidades son fatalidades, pero si hay alguna responsabilidad, para eso está la Justicia.” La Justicia, obediente, cumplió su papel.
Juicios lentos, condenas simbólicas, absoluciones eternas
La investigación judicial avanzó al ritmo que impone la burocracia cuando el poder está en juego. En el banquillo de los acusados se sentaron tres funcionarios de Defensa Civil —Víctor de Jesús Ola Castro, Roberto Durnelli y Víctor César Dagún—, todos parte del aparato estatal urtubeycista. Ninguno de ellos pasó un solo día en prisión.
La fiscala Mónica Poma, subordinada al entonces Procurador López Viñals —y por lo tanto a Urtubey—, pidió una pena casi simbólica: dos años de prisión en suspenso por incumplimiento de deberes. El mensaje era claro: nadie debía caer demasiado bajo, ni arrastrar al gobernador hacia la incomodidad de tener que explicar algo más que una “fatalidad”.
El juicio terminó como se esperaba: con absoluciones por la duda y una condena condicional que nunca se cumplió. El juez Diego Rodríguez Pipino dictó en 2019 una sentencia que absolvió a Ola Castro y Durnelli, y condenó levemente a Dagún. Años después, el Tribunal de Impugnación —con el juez Pablo Mariño a la cabeza— absolvió también al único condenado, sin siquiera notificar a las familias. La Justicia, nuevamente, cerraba filas para cuidar a los suyos.
Los familiares apelaron hasta la Corte de Justicia de Salta, que desde entonces mantiene el expediente en un limbo jurídico, donde el paso del tiempo se vuelve la herramienta más eficaz de la impunidad.
Reparación tardía, cinismo temprano
En el plano civil, la situación no fue menos escandalosa. Dos de las víctimas, Ferreyra y Albarracín, estaban en planta permanente y sus familias fueron indemnizadas. Pero Valdez y Vilte no tenían obra social ni seguro de riesgos del trabajo. Eran contratados para tareas de desmalezamiento y mantenimiento, no para combatir incendios. Aun así, fueron enviados al frente de las llamas.
En 2019, el juez Rodríguez Pipino ordenó indemnizar con 9 millones de pesos a la esposa de Valdez —madre de tres hijos— y con 6 millones a la madre de Vilte. Pero la provincia, lejos de acatar, apeló la sentencia. La apelación fue firmada por la entonces fiscal de Estado Pamela Calletti, hoy diputada nacional y una de las herederas políticas del urtubeycismo.
Los familiares, agotados y empobrecidos, también apelaron el fallo penal que había dejado libres a los funcionarios. Pero el sistema judicial jugó la carta de siempre: desgaste, tecnicismos, silencios administrativos.
El padre de Mauricio Valdez relató años después que a su nuera y a la madre de Vilte las obligaron a firmar un compromiso de retiro del caso a cambio de recibir el pago. Fue la forma más elegante de sepultar la causa sin admitir culpa. “Fue una lucha tener esta novedad del pago, con el sueldo que ganaba mi nuera no alcanzaba para cubrir los gastos, tiene dos chicos en primaria y uno en la secundaria. A pesar de la ayuda de los abuelos, no daba abasto”, contó con resignación.
Recién en 2022, casi ocho años después de la tragedia, la Fiscalía de Estado cumplió con el pago, por orden judicial. No por voluntad política.
Las sombras del poder
Entre las preguntas que quedaron sin respuesta, una destaca: ¿a quién pertenecían los terrenos que ardieron? El cerro El Acheral, escenario del incendio, habría estado vinculado a figuras del poder judicial y del gobierno de aquel entonces. Abogados de las familias mencionaron nombres como el de María Inés Diez, exdefensora General de la Provincia, señalada de manera extraoficial como posible propietaria de parte de las tierras incendiadas.
Nada de eso se investigó seriamente. El expediente se dilató hasta el cansancio. Ningún fiscal quiso indagar sobre la propiedad del terreno, ni sobre los intereses detrás del operativo improvisado que terminó en tragedia.
El patrón se repite: cuando la cadena de responsabilidades trepa demasiado alto, la maquinaria judicial encuentra su modo más eficiente de funcionar —detenerse. En esos espacios grises, entre los tecnicismos y los plazos vencidos, la muerte se vuelve estadística y los culpables se transforman en “víctimas de la fatalidad”.
Urtubey y la impunidad como método
Once años después, Juan Urtubey reaparece en la escena política hablando de impunidad. Lo hizo días antes de las últimas elecciones, cuando denunció un supuesto atentado en su contra. Lo hizo sin rubor, como si en su paso por la Gobernación no hubiera acumulado un prontuario de silencios, desvíos y muertes sin respuesta.
El incendio de Guachipas fue su responsabilidad política y moral. No porque haya estado en el lugar, sino porque fue su gobierno el que envió a cuatro hombres mal equipados, mal pagos y mal protegidos a enfrentar un fuego incontrolable. Porque fue su aparato judicial el que aseguró que nadie de su entorno terminara tras las rejas. Porque fue su Estado el que tardó ocho años en pagar lo que debía a las familias de las víctimas.
En su momento, el mandatario dijo que “las fatalidades son fatalidades”. Pero no hay fatalidad cuando hay negligencia, imprudencia e impericia. Cuando el Estado no cumple con su deber de cuidado, cuando los funcionarios firman órdenes sin evaluar riesgos, cuando los brigadistas no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad, no se trata de destino: se trata de homicidio culposo.
Las cenizas que el viento no se llevó
Once años después, el humo ya se disipó, pero las cenizas siguen ahí: en los expedientes que nadie lee, en las sentencias que nunca se ejecutan, en las palabras de un padre que todavía espera justicia.
El Estado provincial —ayer bajo Urtubey, hoy bajo otros rostros— continúa mirando hacia otro lado. Los brigadistas siguen siendo recordados como héroes, cuando en realidad fueron víctimas de la improvisación y del abandono institucional.
El 28 de octubre de 2014, Guachipas se convirtió en un símbolo de lo que Salta no quiere mirar: la vida de los trabajadores públicos vale menos que la reputación de sus jefes políticos.
Urtubey jamás dio explicaciones. Y quizás nunca lo haga. Pero mientras el poder siga refugiándose en la impunidad, los nombres de Ferreyra, Albarracín, Valdez y Vilte seguirán ardiendo, silenciosos, en la memoria de quienes aún exigen que el fuego de Guachipas no se apague del todo.
