Los beneficios del tabaco | Que la fumen los impuestos

La propuesta legislativa en la primera sesión ordinaria del año arrancó con debates de altísimo vuelo. A la iniciativa para instituir el 4 de abril de cada año como el «Día de la Empanada Salteña» en todo el territorio provincial (que, por cierto, volvió a comisión), se sumaron otros debates que pasaron un tanto más desapercibidos.

El ejemplo más sobresaliente es el proyecto enviado desde el senado para otorgar una batería de beneficios a los productores tabacaleros nucleados en COPROTAB y que aguardaba por su aprobación desde 2021. El bosquejo lleva la firma de los senadores Esteban D’Andrea (Chicoana), Carlos Rosso (General Güemes), Mashur Lapad (Rivadavia), Jorge Soto (La Viña) y Sergio Ramos (R. de Lerma). Todos ellos, de aceitados vínculos con el sector cigarrero.

En concreto el proyecto convertido en ley establece que se exime del pago del Impuesto a las Actividades Económicas a la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta (COPROTAB) en todas las actividades que realice. Adicionalmente, se prevé la exención del pago del Impuesto a los Sellos, los actos, contratos y operaciones que realice y en los que sea parte la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta.

Como si fuera poco, el proyecto incorpora un tercer artículo que reza: «Condónese la deuda existente, compuesta por capital e intereses, en concepto de Impuesto a las Actividades Económicas por parte de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta correspondiente a los periodos comprendidos entre 2.006 y 2.021».

En resumen, en apenas cuatro artículos, se exoneró del pago de impuestos a uno de los sectores más concentrados de la producción local, al tiempo que se le perdonó una deuda acumulada desde el año 2006. Para dimensionar el agujero fiscal que esto implica, basta con remarcar que Salta concentra el 25% del acopio a nivel nacional y que en las últimas campañas, la producción de tabaco tipo Virginia rondó los 26 millones de kg.

Según los últimos datos disponibles del ministerio de Hacienda (correspondientes a la campaña 2018), el Valor Bruto de Producción (VBP) del cultivo de tabaco a nivel país fue de $6.079 millones. Si se tiene en cuenta que COPROTAB acopia el 50% del mercado local, que a su vez es el 25% del mercado nacional, sólo para ese año la deuda promedió los $30 millones, considerando la alícuota del 3,6% y un dólar a $38,85. Para acercarse aún más al valor de la deuda condonada, sería necesario ajustar valores por inflación y multiplicarlos por un periodo de 16 años. La cifra es simplemente exorbitante.

Aún sin contar con los dictámenes de las comisiones de Hacienda y Presupuesto; de Producción; y de Legislación General, la iniciativa de los senadores tabacaleros (que festejaron también varios de sus colegas diputados) se aprobó por unanimidad y sin mucho parloteo.

A pesar de los espaldarazos estatales, el sector aún mantiene una deuda escandalosa en materia de prevención del trabajo infantil y de trabajo no registrado. Los poblados circundantes a las plantaciones tampoco pueden ostentar muchos signos de desarrollo. Los objetivos iniciales del Fondo Especial del Tabaco estuvieron orientados a modificar esa realidad.

La ley Nacional del Tabaco 19.800, entre otros aspectos, creó el FET a partir de un impuesto sobre el precio de venta de los cigarrillos, con el fin de atender problemas críticos económicos y sociales de las áreas tabacaleras. El 80% del FET se distribuye según el valor de producción a las provincias. Estos recursos se destinan a producción primaria a través de aportes directos (vía precio, la denominada “Caja Ámbar”) e indirectos (vía Proyectos Operativos Anuales o POA’S, la llamada “Caja Verde”).

El 20% del FET es gestionado por la Secretaría de Agroindustria, que es el órgano de aplicación de la Ley 19.800. El 97% se destina a las provincias como POA’S y el 3% restante de los recursos se utilizan para la administración del FET.

Al contrario de lo que ocurre con el tabaco, la incipiente producción local de cannabis para uso medicinal, no cuenta con fondos especiales, ni incentivos para su desarrollo. Mientras que el tabaco es responsable de 6 millones de muertes anuales según la OMS, no existen registros en el mundo de personas que hayan fallecido por sobredosis de THC.

En febrero de este año se concretó el allanamiento a la más grande plantación de cannabis que haya existido en Salta. Alrededor de 10 mil plantas y 74 kilos de marihuana listos para su comercialización fueron secuestrados en un galpón de 5 hectáreas de La Caldera. Lo que en cualquier lugar del mundo hubiera sido aprovechado como el valioso recurso que es, en Salta se redujo a cenizas. Cientos de millones de dólares tirados a la basura por considerar a los ejemplares como material de decomiso.

Si bien Salta aún no dio pasos firmes en la regulación del cannabis, bien podría haberse enviado el material secuestrado a Jujuy para que se avance en la elaboración de aceite y otros derivados de la planta. La determinación de la justicia en el caso del allanamiento en La Caldera sólo puede entenderse desde la más absoluta ignorancia.

La única coincidencia aparente entre la realidad tabacalera y la incipiente producción cannábica, son los intereses en juego y los actores dispuestos a sacar su tajada. El INTA Salta fue propuesto en 2017 como centro de producción de cannabis tras la aprobación en el congreso de la ley que regula la provisión medicinal de la planta. Quienes tomaron nota rápidamente del asunto fueron los mandamases de la Cámara del Tabaco y el Fondo

Especial del Tabaco. En ambos casos, se ofrecieron como aportantes de recursos económicos para el desarrollo de un proyecto inspirado en la experiencia jujeña.

Las estimaciones oficiales dan cuenta de que esta industria puede generar para 2025 unos 500 millones de dólares en ventas anuales al mercado interno y otros US$50 millones anuales en exportaciones. Aunque en Salta se avanza con cierta timidez, los emperadores locales del negocio tabacalero se van frotando las manos.