Un informe de la Subsecretaría de Agricultura de la Nación informó que 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas son pretendidas por el sector privado o estatal. El 28% de las mismas se ubican en el NOA y Salta es una de las provincias que encabeza el rating de amenazas a las poblaciones afectadas.
El informe fue desarrollado por el periodista de Página 12 Darío Aranda, quien en artículo publicado en la edición de hoy preciso, que según el documento oficial, en Argentina existen al menos 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas “que son pretendidas por el sector privado y estatal”. La tierra en disputa equivale a 455 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son 857 casos y afecta a 63.843 personas. En la mitad de los casos, las familias campesinas e indígenas sufrieron violencia para que abandonen sus campos, el 64 por ciento de los conflictos comenzó en las últimas dos décadas y tiene relación con el modelo agropecuario.
Realizado por la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación y fechado en 2013. Aunque el trabajo admite que hubo límites en la confección del mismo (el conteo de casos fue realizado en sólo tres meses (de abril a junio de 2011) y aclara que se trata de una muestra amplia pero no representativa de la conflictividad rural), su valor radica por ser el primer informe oficial. Allí se establece que el NOA concentra la mayor cantidad de conflictos (28,2 por ciento), le sigue la Patagonia (21,1), NEA (19,8), Centro (19,1) y Cuyo (11,7). Finalmente se deja constancia de que Córdoba, Misiones, Santiago del Estero, Neuquén, Corrientes y Jujuy son las de mayores casos.
El 43,1 por ciento de los conflictos lleva entre uno y nueve años. El 20,9 por ciento entre diez y diecinueve años. La gran mayoría (77,6 por ciento) de los poseedores viven en el lugar desde hace más de 20 años y están amparados por el derecho veinteañal (quien vivió y cuidó la tierra por dos décadas, tiene derechos adquiridos). Aunque el Poder Judicial rara vez aplica ese derecho.
De los 857 casos relevados, 278 involucran a pueblos indígenas (32 por ciento). De ese total, sólo el 40 por ciento ya fue relevado en el marco de la Ley 26.160 (norma aprobada en 2006 que frena los desalojos judiciales y ordena un mapeo catastral).
El 49 por ciento de los casos se encuentra en tierras “privadas” (con algún particular o empresa) y el 34 por ciento en tierras fiscales (municipales, provinciales y nacionales). El 17 por ciento en tierras mixtas.
El trabajo estuvo a cargo de Karina Bidaseca. “Los números son claros y evidencian que el modelo de agronegocios avanza y atenta contra la vida campesina. Es imprescindible el acceso a la Justicia, el saneamiento de títulos y políticas estatales activas para que las familias puedan permanecer donde siempre vivieron”, explicó la profesional al periodista de Página 12. El 39 por ciento de los casos (331) se encuentra judicializado. “Los casos en los que se registran amenazas o presiones de desalojo superan ampliamente los casos judicializados”, afirma. Y detalla que en el 52,3 por ciento de los casos se registraron amenazas y presiones de desalojo. Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Misiones, Neuquén y Río Negro encabezan el ranking de amenazas. El relevamiento oficial afirma que los conflictos territoriales se “intensificaron con el gran crecimiento que registra la megaminería, el desarrollo del turismo” y la “aparición de nuevos propietarios” con títulos dudosos.
José Luis Castillo, de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina), estuvo en la presentación del informe. “Celebramos que por primera vez el Estado, mediante la Subsecretaría, haga un estudio sobre lo que denunciamos desde hace veinte años en los territorios, así que damos la bienvenida a ese relevamiento”, explicó y dio un paso más: “Ahora necesitamos que el mismo Estado accione de manera concreta para apoyar a la agricultura familiar, que el Gobierno deje de dar luz verde a los agronegocios que nos pisan la cabeza a los campesinos”.
