Mientras los tarifazos aprietan, los recortes avanzan y las obras desaparecen, los legisladores salteños parecen haber cruzado un portal a otra dimensión. Desde prohibir el poncho hasta declarar de “interés” un torneo infantil, su agenda política vive en un país que no existe.

 

Pasaron las elecciones, y con ellas, la ilusión —si alguna vez existió— de que los nuevos representantes salteños llevarían al Congreso los problemas reales del norte argentino. Pero no: la realidad volvió a confirmarlo. Si uno quisiera saber en qué mundo viven nuestros legisladores, bastaría con escuchar las primeras declaraciones de Gonzalo Guzmán (GG)., flamante senador nacional por La Libertad Avanza.

El abogado, ex macrista e incansable predicador de la “transparencia”, llegó al Senado impulsado por el sello de Javier Milei. Sin el arrastre presidencial, difícilmente hubiera pasado de ser un nombre más en la lista de abogados con perfil en LinkedIn. Pero la suerte lo acompañó, y ahora cobrará una dieta de 10 millones de pesos mensuales para legislar desde su cápsula libertaria.

¿Y cuál fue su primera gran preocupación como representante del pueblo salteño? ¿El ajuste brutal que se avecina? ¿La paralización de obras en el norte? ¿Los tarifazos? No. Guzmán Coraita anunció su primer proyecto de ley: prohibir el uso del poncho salteño en campañas políticas.

Según explicó, “es el poncho de la libertad, el poncho de Güemes, que nos cobija, que no es de ningún espacio político”. Lo dijo con tono de patriota agraviado, como si hubiese descubierto un tráfico ilegal de prendas típicas. Denunció que el frente oficialista “Primero los Salteños” se había apropiado de “lo más sagrado que tenemos los salteños”.

Mientras tanto, los vecinos de la provincia —sin agua, sin empleo y con facturas impagables— deben de estar agradecidos: ahora tienen a alguien que los defienda de los peligros del uso indebido de una tela.

Lo curioso es que el libertario no parece haber reparado en que su propio espacio también cerró campaña al pie del monumento a Güemes, utilizando la figura del héroe como escenografía política. Pero claro, la libertad para usar símbolos patrios parece tener dueño. Si seguimos su lógica, el Congreso debería prohibir también las escarapelas partidarias, las banderas, las fotos con próceres y, ya que estamos, el uso de la palabra “Libertad”, secuestrada hace rato por el mileísmo.

Y como si la escena no fuera suficientemente absurda, Guzmán Coraita todavía debe resolver cómo cumplirá con dos cargos simultáneos: el de senador nacional y el de convencional municipal en la capital salteña. Algunos ya especulan con que podría bajarse del Senado y dejarle el lugar a su jefe político, Alfredo «cepillo» Olmedo, el eterno candidato que no se anima a volver a competir.

Pero eso, claro, no forma parte de su “agenda legislativa”. Lo importante es el poncho.

La república de los homenajes

Si alguien creía que el desconcierto se limitaba al Congreso, una visita a la Legislatura provincial bastaría para disuadirlo. En la 28° sesión del pasado martes, los diputados locales ofrecieron una demostración impecable de cómo evitar hablar de los verdaderos problemas de la provincia.

El presidente de la Cámara, Esteban «Tuty» Amat, pareció haber pasado la semana revolviendo viejos expedientes en Casa de Gobierno hasta encontrar inspiración para una lluvia de proyectos de “interés”. En un alarde de productividad simbólica, propuso declarar de interés el 9° Foro de Boletines Oficiales de la República Argentina (FOBORA), una jornada hospitalaria del NOA en Tartagal, las Jornadas Bodegas de Salta 2025, y las 40° Jornadas del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento (FO.FE.C.MA).

Nada mal para una semana en la que no hubo tiempo para discutir ni un proyecto relacionado con las múltiples emergencias provinciales, el agua o la salud pública.

El diputado Roque «Empanada» Posse tampoco se quedó atrás: presentó su propio festival de declaraciones. Pidió declarar de interés el VII Festival Nacional de Cortometrajes “Calzate esos cortos”, el regreso del TC2000 al autódromo Martín Miguel de Güemes, el Congreso de Marketing del NOA, y hasta el primer torneo infantil “Chartitas 2025”. Una fiesta de reconocimientos para todos los gustos.

El siempre melódico David «Panda» Leiva se sumó declarando de interés la trayectoria de sus colegas del grupo folklórico Canto 4, mientras los diputados Luis Albeza y Carlos Jorge unieron fuerzas para elevar un proyecto conjunto en honor al festival “La Merced le canta y le baila al país, uniendo al Mercosur”.

Si uno leyera el acta de labor parlamentaria sin conocer la provincia, podría jurar que Salta es un cantón suizo donde los problemas no existen. Una tierra sin pobreza, sin cortes de agua, sin recortes ni desnutrición. Todo funciona tan bien que los diputados solo deben ocuparse de declarar cosas “de interés”.

En la práctica, la Legislatura salteña se convirtió en una máquina de homenajear, un teatro ceremonial donde los verdaderos temas —producción, educación, narcotráfico, salud, minería— se pierden entre las moquetas y los micrófonos apagados. Legisladores que, en lugar de representar, se entretienen en la administración del aplauso.

Orozco y la cruzada del caso Cordeyro

La otra flamante senadora por Salta, Emilia «Manaos» Orozco, también empezó su nueva etapa con declaraciones de alto impacto… aunque de poco sustento. La ex concejal y actual diputada nacional, que saltó de cargo en cargo con una agilidad que ni los atletas olímpicos, volvió a insistir en su cruzada por el comisario Vicente Cordeyro, cuyo caso —según todas las pericias— fue un suicidio.

En declaraciones a El Tribuno, Orozco aseguró que “la justicia perdió toda credibilidad” y sugirió que detrás del hecho hubo encubrimientos políticos. Mencionó nombres, casos y sospechas, pero sin ofrecer una sola prueba. Denunció “el silencio cómplice de la dirigencia política” y lamentó que “se haya impuesto la impunidad”.

El problema no es la indignación —que es libre y hasta necesaria—, sino la ligereza con la que una senadora electa afirma que hubo un crimen encubierto sin acompañarlo con una sola presentación judicial. Si tiene “sospechas fundadas”, como dice, debería presentarse ante la justicia y sostenerlas con pruebas. Pero claro, eso requiere algo más que declaraciones televisivas.

Lo irónico es que «Manaos» Orozco afirma no haber querido “hacer uso político del caso”. Una aclaración innecesaria cuando se repite el tema cada vez que hay micrófonos cerca. Quizás la flamante senadora haya confundido la función legislativa con el periodismo de denuncia. Aunque, si fuera el caso, al menos tendría la excusa de estar haciendo algo.

El panorama legislativo salteño, entre nuevos y viejos protagonistas, ofrece un cuadro digno de realismo mágico. Una provincia con emergencias estructurales, gobernada y representada por una clase política que parece vivir en el país del “como si”: como si legislaran, como si representaran, como si entendieran.

Mientras los tarifazos golpean los bolsillos y los recortes vacían las provincias, nuestros legisladores —nacionales y provinciales— se refugian en la comodidad del protocolo y los discursos decorativos. En esta Salta de símbolos, festivales y declaraciones de interés, todo parece estar cuidado… menos la gente.