El máximo tribunal salteño tendrá nueve jueces luego que el senado aprobara los pliegos de lxs nuevxs integrantes. Habrá 5 hombres y 4 mujeres. (Andrea Sztychmasjter)

Este jueves senadores otorgaron acuerdo a los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo para la designación de lxs nuevxs integrantes para conformar la Corte Suprema provincial y así pasar de 6 a 9 integrantes. En esta nueva conformación y solo con la oposición del senador Manuel Pailler quien en la sesión especial se opuso a los acuerdos de “los Dres.” Gauffin y Aguilar, por haber manifestado en su momento su rechazo a la ampliación de la Corte de Justicia: «No tengo nada en contra de la capacitación de los profesionales, pero no estoy de acuerdo con la mezcla de los poderes del estado y defiendo la Independencia de la justicia con el poder político» argumentó su voto en negativa.

Actualmente la Corte local se encuentra conformada por dos mujeres. Se trata de Sandra Cristina Bonari Valdés, que a su vez es Presidenta del Consejo de la Magistratura, Supervisora de la OVF, Coordinadora de la Oficina de la Mujer y Miembro Suplente del Tribunal de Superintendencia del Notariado y Teresa Ovejero que es Vicepresidenta del Tribunal Electoral, Supervisora de la Oficina de Gestión de Audiencias, Supervisora de la Sindicatura Interna, Miembro titular del Tribunal de Superintendencia del Notariado y Vicedirectora Académica de la Escuela de la Magistratura.

La ex secretaria del Tribunal Electoral ejerce el cargo en reemplazo de Susana Graciela Kauffman, quien se jubiló y dejó su puesto en febrero de 2018. En 2012, Kauffman había denunciado que sus pares en la Corte la discriminaban impidiéndole nombrar libremente a su secretaria letrada. La jueza que tiene casi 40 años de trayectoria en la Justicia, ingresó a los tribunales en 1973 como Secretaria del Juzgado en lo Civil y Comercial de Primera Nominación y el 21 de marzo de 2012 prestó juramento como Jueza de la Corte de Salta. De esta manera quedaba de manifiesto el machismo imperante y una crisis de poderes, descripto por la propia jueza como “imposición del poder patriarcal de la Justicia”.

Las nuevas

María Alejandra Gauffín de Macedo, según su C.V es oriunda de Palpalá, Jujuy, de 50 años y casada, se recibió de abogada de la Universidad Católica de Salta luego de cursar sus estudios secundarios en el top Bachillerato Humanista. Luego de ello pasó por diferentes puestos en el poder judicial. Posteriormente una de sus postulaciones fue objetada por Marcela Von Fischer, quien presentó un recurso de amparo señalando que había gozado del beneficio de tener un conocimiento previo, del caso que había sido materia de examen.

Un detalle no mejor es el parentesco que ostenta con el contador Pablo Gauffin, ex secretario de Hacienda relacionado con la causa aún en investigación de la justicia, en donde se encuentra involucrado el empresario Matías Huergo.

El senador Pailler durante su negativa al pliego de Alejandra Gauffin apuntó contra la “falta de ética” en su antecedente como profesional del derecho: “Esta profesional en el año 2017 cuando se presentó a rendir un concurso le había sido pasado días antes el temario y las respuestas del concurso, esto determinó una gran cantidad de denuncias de los otros participantes y un fabuloso escándalo que el propio gobernador tuvo que anular y realizar nuevamente el concurso”, dijo Pailler: “esta falta de ética no la hacen cumplir con las condiciones que debe tener la máxima autoridad de la justicia como un juez de la Corte”.

Según su C.V Adriana María Rodríguez Faraldo es también egresada de la Ucasal y divulga una amplia trayectoria en la docencia universitaria, por ejemplo en la Cátedra de Derecho Administrativo de la Carrera de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Salta y en la Cátedra de Derecho Minero y Ambiental de la Facultad de Abogacía de la Universidad Católica de Salta.

En 2014 durante la gobernación de Urtubey, Rodríguez Faraldo fue postulada como jueza de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta. El concurso dejó en evidencia las conexiones familiares históricas dentro del Poder judicial salteño puesto que Rodríguez Faraldo debía ser entrevistada en la Cámara Alta por Luis Guillermo López Mirau, su esposo. Su hijo, Guillermo López Mirau, se desempeñaba como funcionario del Gobierno de Urtubey (secretario de Planeamiento). Además es consuegra de Sergio Petersen, quien fuera consejero del Colegio de Abogados -órgano responsable de seleccionar los jueces y fiscales en Salta-.

Las anteriores Supremas

En Salta los jueces de Corte tienen que renovar sus cargos cada seis años. Para seguir en sus puestos los magistrados deben ser designados nuevamente por el Gobernador de la Provincia y contar con el acuerdo del Senado. En Salta, antes de las actuales, hubo otras dos mujeres en la Corte de Justicia.

Cristina Garros Martínez, anterior jueza de la Corte de Salta, permaneció en el Alto Tribunal 12 años, se le reconoce, entre otras cosas, ser la propulsora de la oficina especializada para atender los casos de violencia familiar y la que impulsó la capacitación de los empleados judiciales. Pese a eso su mandato como jueza de la Corte salteña no fue renovado por el entonces gobernador y el 2 de febrero de 2012 fue reemplazada por Kauffman. “El Gobernador está en todo su derecho de tomar esta decisión, que está en el marco de la Constitución Provincial”, manifestaba en ese entonces.

En agosto de 2011, María Rosa Ayala, la otra magistrada que integraba la Corte de Justicia, era reemplazada por Guillermo Félix Díaz. Ayala era jueza de la Sala Civil, Comercial y del Trabajo de la Cámara de Apelaciones de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur donde se desempeñó desde agosto de 1999. Egresada de la Universidad Católica de Salta, doctora en Ciencias Jurídicas, egresada de la Universidad Católica de La Plata desde 1987. Tras participar en concursos para cubrir cargos en la Justicia Federal, en 2001 obtuvo el primer lugar en la terna para cubrir un cargo de juez de Cámara en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata y en 2004 obtuvo el primer lugar en el orden de mérito para cubrir un cargo de juez de Cámara en la Cámara Federal de Salta. En el Poder Judicial de Salta ocupó las secretarías del Juzgado de Primera Instancia, Letrada de Corte y de Cámara y luego siguió su carrera en Tierra del Fuego.

Medios nacionales reflejaban en ese entonces que el retorno de Ayala a la Justicia salteña no motivaría la renuncia de su esposo, Diego Yáñez, como director provincial de Energía y dejaban sentado la vinculación con el entonces gobernador Romero: “En Salta, el gobierno de Juan Carlos Romero propuso y consiguió sin mayores costos políticos, el acuerdo para sentar en el máximo tribunal de Justicia a una jueza involucrada, en 1988, en un sonado affaire entre el ex diputado provincial Emilio Cantarero y el entonces presidente de la Corte Provincial, Luis Saravia”.