El asesinato del bagayero Gerardo Tercero, evidenció un entramado conocido en Orán pero ignorado en la provincia: el de una actividad que enriquece a los aliados políticos del intendente que gozan de una impunidad exhibida abiertamente. (Daniel Avalos)
Nada grafica mejor esa situación que la playa de vehículos pesados ubicada al frente de la terminal de ómnibus de Orán. Emplazada entre las calles 9 de Julio, Sarmiento, la avenida San Martín y el pasaje 17 de Octubre, la “playa” es el centro de un movimiento vehicular caótico. El lugar en donde colectivos, tráfics, camionetas o automóviles -cargados con bultos de hasta 80 kilos- se empeñan en conducir como mejor les place, aunque siempre, de una manera u otra, terminan arribando a ese destino. Allí, cientos de bagayeros entregan la mercadería a los “patrones”, aquellos que arribando a Orán desde distintos puntos del país, cruzan la frontera para adquirir frazadas, sábanas, ropa y otros productos que el bagayero acarreará hasta el playón de avenida San Martín luego de cruzar la frontera. Se estima que sólo entre el 20% y el 30% de lo introducido en el país queda en Orán. El resto parte con los “patrones” para venderse en puntos tan distintos como la misma ciudad de Salta, Chaco, Tucumán, Córdoba, Mendoza o Buenos Aires.
La actividad está lejos de desarrollarse en la clandestinidad. De allí que resulta absurdo escuchar a funcionarios que destacan que el comercio ilegal es un mal a combatir. En Orán, el municipio mismo se ha convertido en el actor que diseña las reglas que regulan la actividad por la cual, incluso, recauda dinero. La famosa playa de vehículos pesados, por ejemplo, es propiedad del municipio, que la alquiló a un particular: Tomás Lino Cano. El contrato se firmó en julio del año pasado y lleva la firma del mismo Cano y del intendente Marcelo Lara Gros. En septiembre, el ejecutivo municipal aprobó ese documento mediante la Resolución 7.884. Como suele ocurrir en estos casos, el locatario posee fuertes vínculos políticos con el Intendente. Hasta el año 2007 era un simple empleado municipal y un reconocido puntero político que puso al servicio de Lara Gros sus competencias para repartir favores públicos entre los sectores más vulnerables a cambio de dependencia político-electoral. Cuatro años después, en abril de 2011, Cano formó parte de la lista que encabezaba el actual diputado provincial y presidente del bloque del PJ en Diputados: Antonio Hucena. La contradicción es solo aparente. Después de todo, en Orán, como en toda Salta, el heterogéneo frente político gobernante ha licuado personalidades de orígenes ideológicos y políticos tan diversos que aquellos armados electorales que desconcertarían a cualquier analista del mundo, cuentan aquí con entera lógica.
Esa situación, sin embargo, parece propia de un pasado remoto. Cano es hoy famoso por el nivel de vida que ostenta y por la impunidad de la que goza para enriquecerse a partir de los comerciantes que adquieren mercaderías en Bolivia y el trabajo de miles de bagayeros. Entre las ambiciones de unos y las necesidades de los otros, Cano ha encontrado su lugar en el mundo: ese playón municipal que regentea con total impunidad gracias a una conveniente ambigüedad contractual. El objeto de ese documento, según la cláusula primera, es el de ser utilizado como “Playa de camiones y vehículos pesados”, sin que se especifique qué harán los mismos en el lugar aunque todos sepan qué. De todos modos, la dimensión de la actividad es tal, que Tomás Cano ha desvirtuado el objeto mismo del contrato al permitir que cientos de vehículos no pesados como tráfics, camionetas y automóviles ingresen y abonen tarifa en el mismo. El detalle podría ser causal de suspensión del vínculo que, según la cláusula 6º, inc. c), puede rescindirse cuando el locatario usa las instalaciones “para fines que no sean los propuestos”. Pero sólo sería usado por un propietario que no tenga intereses en que todo siga como está.
Y es que, aunque nadie lo ha probado, Tomás Lino Cano es señalado como el testaferro del Intendente o el beneficiario de un negocio que cuenta con la protección municipal a cambio de retribuciones monetarias. Lo indudable, en cambio, es que el hombre se ha convertido en un exitoso empresario. Es lo que suele ocurrir cuando un personaje tiene fuertes vínculos políticos con el poder o es parte del mismo y abona una irrisoria suma por alquilar un playón por donde circulan miles de pesos. Precisemos: Tomás Lino Cano paga $1.500 mensuales por regentear ese lugar al que arriban un promedio diario de 25 colectivos, 20 tráfics, unas 60 camionetas y un número aún mayor de taxis y remises. Los primeros pagan entre $250 y $300; las segundas, $120 y las camionetas, $60. Eso solo representa $12.500 diarios. Todos los que conocen el lugar aseguran que el movimiento de dinero mensual llega al cuarto de millón como mínimo, lo que hace un total de $3.000.000 al año.
Aunque todo sorprende, en el municipio de Lara Gros uno siempre puede encontrar algo más para asombrarse: esos $18.000 anuales de alquiler del playón no se corresponden con los $3.500 que el propio Lara Gros proyectó recaudar por el mismo playón en el presupuesto municipal 2013. Anomalías de este tipo explican por qué el Concejo Deliberante de Orán no aprobó aún el presupuesto enviado por el ejecutivo. Y explican también entramados más profundos: que la corrupción es hija de grupos organizados con poder de dinero y que ostentan el monopolio de las decisiones. El cóctel perfecto, en definitiva, que posibilita que esa corrupción adquiera ribetes pornográficos: esos que se exhiben impúdicamente y sin complejos.
La riqueza que precisa de la pobreza
¿Qué precisan estos personajes para seguir enriqueciéndose? Que el bagayeo, al cual el gobierno dice querer combatir, se sostenga en el tiempo. El modelo económico que impera en la provincia y que Lara Gros aplica disciplinadamente en Orán garantiza la precariedad social que alimenta la actividad. Los números son claros. El bagayeo se ha convertido en una actividad que ocupa más personas que el ingenio El Tabacal y el propio municipio juntos. En el ingenio trabajan actualmente a 1.200 empleados, mientras el presupuesto 2013 del municipio de Orán precisa que la intendencia cuenta con 818 empleados: 671 de planta permanente y 147 contratados transitorios. En total suman poco más de 2.000 personas. Mil menos que las que se dedican al bagayeo en las épocas de mayor actividad.
De esa actividad, además, dependen directamente un número similar de feriantes y vendedores ambulantes que comercializan los productos bagayeados. Rodeando el playón que regentea Tomás Cano, por ejemplo, se levanta la Feria Latinoamericana, denominada popularmente el “Bermejito”: 200 puestos que pagan un derecho de piso municipal de $180 mensuales. Una cifra similar de comerciantes ocupa ambas veredas de la calle Lavalle. Cientos de vendedores ambulantes montan sus mesitas a lo largo de la avenida San Martín. Y otros cientos ocupan los puestos del Mercado de Abasto que se levanta en los predios que antes de los 90 eran del ferrocarril y ahora cobijan a comerciantes. La importancia de esa actividad es tal, que el análisis de los presupuestos municipales evidencia no sólo el crecimiento de la actividad, sino también que la intendencia decidió legalizarla en los hechos mediante el cobro de tasas municipales. La ejecución presupuestaria del año 2010 indica que los ingresos provenientes del derecho de piso de la Feria Latinoamericana ($139.768), el Mercado de Abasto ($2.953) y tasas que provienen de las ferias callejeras ($167.439) llegaban a los $310.160. En el presupuesto 2013, Lara Gros prevé recaudar en los mismos ítems $1.216.100 ($410.000 por Feria Latinoamericana, $456.100 por Mercado de Abasto y $350.000 por Ambulancia y Piso). La importancia de la cifra puede medirse vía comparaciones. Representa el 20% de lo que Orán recibirá este año por las retenciones a la soja: $6.118.904.
La balcanización de los pobres
El bagayaje, así, se ha convertido en un fenómeno complejo: posibilita ingresos a miles de oranenses que no cuentan con uno, pero enriquece enormemente a los poderosos. Lo peor, sin embargo, es que también balcaniza a los mismos pobres y trabajadores de la ciudad: y es que el desgobierno ha logrado que los legítimos intereses de un sector pongan en riesgo la supervivencia del otro.
En un puesto dedicado a la venta de papas, zapallos y maníes del Mercado de Abasto, esa sensación de estar en una ciudad que hierve se confirma. Los puesteros Flores y Segura tratan de explicarnos ese vivir cotidiano. Nos comentan lo obvio: ese mercado, que antes ponía a la venta la producción de verduras que se producían en las fincas del departamento, ahora se está convirtiendo en una nueva feria en donde abundan la ropa y los artículos acarreados desde Bolivia. No solo porque esa mercancía ha inundado la ciudad, sino también porque ahora escasean la producción de las fincas volcadas al cultivo de la soja y la caña de azúcar. Flores recuerda con nostalgia otros tiempos: aquellos en donde tenía 16 empleados a cargo y legalmente inscriptos como las leyes laborales lo exigían. Ahora, en cambio, atiende un puesto con sus hijos. Los problemas presentes no le han ahorrado el pago de impuestos al que está obligado como monotributista, aunque esa condición que a él lo sofoca no sofoca a cientos de otros puesteros que sólo pagan regularmente lo que la intendencia Lara Gros exige: el derecho de piso. Segovia concuerda. Enfatiza que los comerciantes como él y Flores sólo sobreviven porque el emprendimiento que en otros tiempos ocupaba mano de obra, ahora quedó reducido a emprendimiento familiar. Pero Segovia conmueve. Parece decidido a tolerar todo. A fin de cuentas, aclara cada vez que puede, vive en una ciudad en donde miles son empujados a sobrevivir como pueden. Y el “cómo pueden” muchas veces implica que los afectados sean ellos mismos.
Eso explica mucho. Por ejemplo, que personalicen en Lara Gros la decadencia y corrupción de Orán. E, incluso, que hayan encabezado una insurrección en el mercado. Cansados de los administradores enviados por el intendente a regular el funcionamiento de los puesteros y a recaudar aportes exigidos para realizar mejoras que nunca se realizaron, Flores y Segovia encabezaron una rebelión que puso la administración del mercado en manos de un comité de autogestión. Pagan las tasas municipales correspondientes, pero recurrieron a las asambleas para decidir una contribución extra que, fiscalizada por los trabajadores, ha servido para resolver lo que el municipio nunca resolvió: la limpieza del lugar, la potabilización del agua y otras mejoras imperceptibles para el ojo ajeno, aunque imprescindibles para aquellos que trabajan allí.
Lara Gros, por supuesto, prepara su contraofensiva. Ha movido los hilos para que el Fondo de Reparación Histórica incluya, entre los 130 millones de pesos que deben invertirse en esa ciudad (sobre un total de 263 para todo el departamento de Orán), la construcción de un nuevo Mercado de Abasto sobre la vera de la ruta de acceso a la ciudad. El objetivo político del emprendimiento es claro: castigar a los insurrectos del actual mercado privándolos de un lugar en la nueva construcción y hacer de ese acto un acto ejemplificador: el insubordinado pierde. La construcción de ese mercado se hace a lo Lara Gros, es decir, dejando huellas de los potenciales actos de corrupción. Para confirmarlo alcanza con estudiar el listado de obras del Fondo de Reparación Histórica y el presupuesto municipal 2013. En el primero puede consultarse que la obra fue presupuestada en $2.500.000 y que el 30% de ese monto ya fue remitido al contratista ganador que fue, obviamente, la municipalidad de Orán. Una municipalidad que, sin embargo, informó en su propio presupuesto municipal 2013 que emplearía otros $8.500.000 para hacer la misma obra. Lara Gros, en definitiva, es todo un desafío para un novelista:¿cómo inventar un personaje más impune que el dado por la propia historia?
Manuel…el incendiario
Para el poder político de Orán, Manuel Barrio es un incendiario. Un alborotador que pretende inclinar a la plebe a la desobediencia. Muchos recuerdan la solitaria protesta que protagonizó hace un tiempo. No gritaba, no amenazaba a nadie, tampoco maldecía, ni ponía a dios o a la Patria de testigo. Manuel Barrios, simplemente, exhibía a los vehículos detenidos por el rojo de algún semáforo y a las transeúntes un cartel en donde había estampado las irregularidades de la gestión Lara Gros.
Cuando por fin me reúno con él en un bar de esa ciudad, Manuel me comparte su nuevo manifiesto. Una hoja A4 fotocopiada a la que tituló “Carta abierta”, y a la que acompaña un subtítulo perentorio: “¡Despertá Orán!” Está dirigida a los vecinos. A ellos les recuerda los principales hechos de corrupción del ejecutivo municipal; también confiesa allí su impotencia, aunque advierte que no va a bajar los brazos para, finalmente, sentenciar que “este gobierno (el de Lara Gros) jamás fue ni va a ser serio”.
El luchador se dedica también a otras cosas. Es bagayero y presidente de la Cooperativa 15 de Abril. Está empeñado desde hace años en organizar a sus compañeros y en lograr cobertura médica y créditos para los taxistas que transportan bagayos y a los bagayeros que se asocian a la cooperativa. Fue él quien nos ilustró sobre la cantidad de camiones y vehículos que hacen uso del playón regenteado por Tomás Cano. Es fuente autorizada para ello: entre septiembre de 2011 y marzo de este año, su cooperativa ocupó un espacio en el interior de la playa. De la inauguración de la sede participó el mismo Lara Gros y el presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo del NOA, Marcelo González. Manuel Barrios, sin embargo, cayó en desgracia en marzo. Se había vuelto irritante cuando exigió que se aclarara el caso de diciembre de 2012, momento en que en un colectivo estacionado en el playón se secuestraron 110 kilos de cocaína. Se convirtió directamente en indeseable cuando volvió a exigir el esclarecimiento del caso de la joven violada en el mismo predio en febrero de este año. Un día de marzo, finalmente, mientras realizaba sus habituales tareas se apersonó al predio la Fiscal Nadra Chaud de Loza. La mujer le informó a Manuel que era un usurpador y le ordenó retirarse. Ante la negativa, arribaron luego 32 policías y cuatro móviles policiales. Lo acusaron de ebriedad, lo detuvieron y cuando a la noche recuperó la libertad y se dirigió al playón, se dio con una consigna policial en la sede a la que nunca más regreso.
Cuando el encuentro de Cuarto Poder con Manuel termina, el bagayero y presidente de la Cooperativa 15 de abril realiza un pedido muy sentido. Nos pide que resaltemos lo que él no espera de la justicia y sí espera de su gente. Nos dice que está seguro de que allí no habrá justicia; pero que cree aún posible que el pueblo condene socialmente a los que ocupan el poder. Manuel Barrio, pienso, representa bien a este pueblo, en cuyo interior todavía combaten la determinación y la resignación y la rebeldía y la sumisión.
