Fanny Busdrago, la docente de Orán que en octubre del 2013 fue imputada de “abuso sexual deshonesto ultrajante agravado por el vínculo” contra un niño que asistía a su pre jardín, recuperó la libertad. Las voces que aseguraban que era víctima de un armado de causa cobran fuerza aunque el daño es irreparable. (D. A)
Hasta el 21 de octubre del año pasado, Busdrago podía presumir de dirigir el único pre jardín privado de la ciudad de Orán con habilitación del ministerio de educación provincial. También de su compromiso con su ciudad: protagonista de la campaña de lucha contra el dengue, fue cofundadora de la organización ad hoc “Comité Popular de Crisis” en el año de la epidemia, proceso que culminó con la inauguración del Laboratorio de Enfermedades Tropicales. También fue referente de la multitudinaria marcha contra la inseguridad que en junio del año pasado reunió a miles de personas en las calles céntricas de esa ciudad.
Desde el 21 de octubre del año 2013, todo cambió. La madre de un niño de cinco años que asistía al pre jardín, denunció en el Juzgado de Menores y ante la prensa que su hijo de cinco años había sido abusado y acusó a Busdrago por el hecho. Durante una semana, el padre del niño daba detalles de lo que supuestamente padeció el menor y que incluían prácticas de ahogamiento en una bañera por mala conducta y el traslado del infante desde el jardincito al domicilio particular de la docente para ser objeto de abusos y fotografías que registraban los mismos. En esa versión, el traslado se realizaba por una puerta que comunicaba la sala con el domicilio particular de la propietaria.
El martes 29 de ese mes, el letrado de la familia del menor, Lucas Lencinas, confirmaba la imputación de la docente. Ese mismo día, quien por entonces era abogado de la acusada, Ariel Pomares, aclaraba que la docente se había presentado ante la justicia y adelantaba que su clienta era “víctima de un macabro proceso” que concluiría con la absolución, aunque algo ya no tenía marcha atrás: el daño moral irreparable. Efectivamente, fue la misma Fanny Busdrago la que al tanto de los rumores que iban circulando, se presentó a la Defensoría de Menores para pedir que se aclarase la cuestión. Un día después, la que se presentó en ese lugar fue la madre del niño que inmediatamente recurrió también a la prensa. La nota aparecida en El Tribuno, desató en Busdrago una fibromialgia desatada por un pico de estrés la obligó a ser asistida medicamente.
El vuelco
Entre aquel 21 de octubre del 2013 y el jueves 31 de julio del 2013 cuando Busdrago obtuvo la eximición de prisión, pasaron muchas cosas. Todas, sin embargo, iban dando fuerza a las voces que alertaban sobre la presencia de un perverso “armado de causa”. Cuando a los escasos días de desatado el escándalo el juez Blanco se apartó de la causa y fue reemplazado por Norma Vera, esta fue comprobando que las contradicciones entre los dichos de los padres y los resultados de la investigación eran evidentes: la carátula de “abuso sexual con acceso carnal agravado” era falsa según los exámenes; y según la inspección ocular en el jardín de infantes y el domicilio de la docente determinaron que no existía puerta alguna que comunicase al jardín con el domicilio particular de la docente. Esa inspección se realizó con la presencia del defensor de menores Cristian Babics, el abogado querellante Lucas Lencina, más un auxiliar de justicia, fotógrafos policiales y un familiar de Busdrago.
Los resultados de la investigación fueron bajando los decibeles de la caratula, aunque sobre la docente seguía pesando el pedido de prisión que sus abogados buscaban evitar con una sola estrategia: solicitar la eximición de prisión en la que confiaban por los resultados que iba arrojando la investigación. La respuesta positiva a ese pedido recién se concreto el jueves 31 de julio del presente año.
La jueza y el abogado
La jueza de instrucción de esa causa, Norma Vera, también ha empezado a ser objeto de las miradas. Hace poco más de un mes que dejó su cargo en Orán para asumir en la capital salteña comojueza del Tribunal de Juicio Sala IV. Su juramento coincidió con la feroz arremetida de Urtubey por copar lugares claves del poder judicial y por entonces Cuarto Poder se refirió a ese ascenso porque encontró un antecedente ahora pertinente al caso Busdrago: la oranense Esther Benítez había denunciado a la jueza ante la Fiscalía de Orán por “armado de causa”, en un caso que tenía involucrado al hijo de la denunciante.
Se trata de Esteban Sebastián Banille, quien está detenido desde noviembre del 2013. De 32 años, remisero y dedicado a la compra y venta de vehículos, fue acusado de formar parte de un grupo de siete personas que sorprendieron a una arquitecta en el jardín de su casa y a quien a punta de pistola la introdujeron al domicilio para sustraerle una importante cantidad de dinero para, finalmente, fugar del lugar en un automóvil Meriva. Un vecino registró la patente del vehículo y con ese dato la policía llegó al domicilio de Banille, donde secuestraron una suma de dinero que el detenido aseguró correspondía a la venta del Chevrolet Meriva a Nicolás Churquina. Éste último y otras seis personas fueron detenidos, pero Banille siguió imputado aun cuando su madre presentó a la justicia documentos que confirmaban la versión de su hijo: un certificado que con fecha 31/10/13 y la firma del escribano Sergio José Pintado, que daba cuenta de que al bufet del letrado se hicieron presentes Banille y Churquina para certificar las firmas en el formulario Nº 8 Nº 32.417.711, dominio FIP778. La madre de Banille, Esther Benítez, precisó también ante la fiscalía que luego de tres rondas de reconocimiento, ni la arquitecta ni los testigos identificaron a su hijo y que este, incluso, se vio favorecido por las declaraciones de los ladrones que dijeron no conocerlo.
Norma Vera, según aseguró la madre del detenido, terminó manifestando que si estaba obrando mal se iría a una instancia superior que lo resolvería todo, sin dejar de recordar que ella era “era humana y podía equivocarse”.
Sobre el karateca
Pero el caso de la docente Busdrago también poseía un rasgo desopilante. Cuando todo estalló, la madre del menor aseguro que el niño le relató que la docente lo hacía fotografiar cuando estaban desnudos con “un hombre mayor que tiene rulos”. El dato no era menor. La descripción llevaba directamente a Miguel Burgos: amigo de la docente denunciada, de profesión fotógrafo y también maestro de taekwondo que se hizo famoso porque sin saberlo, fue el que detuvo al famoso poliladrón de Orán que terminó siendo defendido por quien ya patrocinaba a la familia que denunció a Fanny Busdrago: el abogado Oscar Lencinas
Lo del karateca y el poliladrón había ocurrido en febrero de 2011 y fue redactado con detalle por el portal de esa ciudad: Revista Norte. Burgos participaba de una reunión de amigos en la vivienda de Fanny Busdrago. Cuando el encuentro finalizaba y Burgos se retiraba, un delincuente ingreso a la vivienda con una pistola 9 milímetros y apuntó a los que quedaban en la casa exigiéndole dinero. Burgos forcejeó con el ladrón, el delincuente desenrejó un disparo y escapó en una moto de la que se cayo porque el karateca, también en moto, lo perseguía con tenacidad oriental. Fue entonces cuando el hombre de las artes marciales redujo al ladrón con un violento y profesional golpe y luego esperó a que llegara la policía. Efectivamente eso fue lo que pasó, aunque cuando los uniformados se encargaban del asaltante, se dieron con que el mismo era un compañero de la fuerza: Fernando Torres, el Poliladrón, hombre que fue separado de la fuerza, estuvo algún tiempo preso y que provenía de una familia de policías que al parecer cuida muy bien de los suyos porque denunció al karateca por lesiones graves al caco.
El abogado del policía ladrón, ya lo dijimos, era Lucas Lencina que luego de ser catalogado por Burgos como “el abogado de Lucifer”, decidió demandar al karateca por calumnias e injurias, aunque finalmente eso no prosperó. Lo que muchos oranenses aseguran, es que el karateca terminó involucrado en el caso Busdrago, días después de que Lencinas le propusiera “arreglar” por lo de Torres y el karateca se negara.
Eximición y después
Mientras la causa Busdrago avanzaba, el reconocido abogado que defendió a Daniel Vilte Laxi en el caso del crimen de las turistas francesas, Marcelo Arancibia, se hizo cargo de la defensa de la mujer. Sus pedidos de eximición de prisión tuvieron eco cuando la causa cambió de juez: Fernando López reemplazó a Vera que como se dijo dejó el Juzgado de Orán para asumir un cargo en la capital salteña. Fue López, finalmente, quien hizo lugar al pedido del abogado y dictó la eximición de prisión. El estado de salud de la acusada jugó a favor de esa situación, pero también las pruebas que iba acumulando el expediente.
Cuarto Poder se comunicó con Arancibia que no dudó en afirmar que estamos ante un armado de causa. “Desde el principio eso fue quedando en claro cuando en Cámara Gesel el pobre niño no decía en absoluto lo que la madre decía y los mayores debían direccionar el discurso del chico para que los dichos de este se asemejaran a la acusación”. También afirmó que el objetivo inmediato era lograr la absolución definitiva para luego accionar en consecuencia y que incluiría una denuncia a la familia del niño como primer paso para desentrañar el fondo de la cuestión. Fiel a su estilo, Arancibia ya había declarado sin complejos: “Estamos frente a una falsa denuncia motivada por una malicia incalculable cuya verdad buscaremos hasta las últimas consecuencias”.
Orán es así… un lugar libanizado en donde la incertidumbre y la precarización de las relaciones sociales parece ser el único horizonte.
