Durante el 2.013 ingresaron a la Justicia salteña sólo 23 causas por corrupción. Lejos de reflejar mayor transparencia gubernamental, la disminución es el resultado de las reformas impulsadas por el gobierno que debilitó el control por parte de la justicia. El informe fue elaborado por el portal Salta Transparente.
Ese portal, dirigido por el periodista Gonzalo Guzman Coraita, reveló que la información sobre las 23 causas de corrupción durante el 2013 fue aportado por el Poder Judicial de la Provincia ante una consulta del portal. Los datos corresponden al Distrito Judicial del Centro y muestran una notable disminución de causas ingresadas en relación a años anteriores ya que durante el 2012 habían ingresado 71 causas penales y durante el 2011, 101. A la hora de explicar las razones de la disminución, el informe periodístico revela que está relacionado con las últimas reformas al Código Procesal Penal de Salta que impulsó el Gobierno de la Provincia y con la reestructuración de las fiscalías penales y la creación de la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos que dispuso la Procuración General a mediados de mayo de 2.012. Las reformas al Código Procesal Penal introducidas en los últimos años debilitó el control judicial de los actos de los funcionarios.
Luego de la reforma introducida por la Ley 7.562 sancionada en abril de 2.009, un fiscal puede disponer el archivo de una causa penal sin control judicial alguno ya que el único funcionario con facultades para controlar las resoluciones de archivo dispuestas por un fiscal, es otro fiscal: el Fiscal de Impugnación. En la revisión de la decisión de archivar una causa y por ende de no investigar que adopte un fiscal no tiene intervención alguna el Poder Judicial. A esta circunstancia reñida con la Constitución, se suma la circunstancia de que en mayo de 2.012 La Procuración General de la Provincia resolvió concentrar en una sola fiscalía las denuncias por corrupción iniciadas contra funcionarios públicos.
En efecto, el 4 de mayo de 2.012, el Procurador General de la Provincia creó por resolución (Resolución Nº 231/12) la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos a la que atribuyó la competencia de actuar respecto de los delitos que causen perjuicio a la Administración Pública y puso al frente de la misma al Dr. Guillermo Akemeier quién hasta ese momento había estado a cargo de una fiscalía correccional. La Fiscalía de Delitos Económicos Complejos comenzó a actuar en junio de 2.012 y es a partir de su intervención que se produce el marcado descenso de causas penales que logran llegar a la justicia. “La facultad de archivar causas penales sin control judicial y la concentración de todas las causas en las que se investigan posibles hechos de corrupción en una sola fiscalía, son un caldo de cultivo para la impunidad”, finaliza el informe.
