Empresarios de la pequeña y mediana empresa vinculados al mercado interno replicaron el postulado del flamante ministro de Hacienda acerca de bajar la tasa de inflación con más competencia importada. Advierten por la pérdida de empleos.
Hasta ayer el relato oficial aseguraba que los aumentos de precios se desacelerarán como resultado del esquema de Metas de Inflación establecido por el Banco Central y la reducción del déficit fiscal. A contramano del resto de los funcionarios, el flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, reconoció en el reportaje a PáginaI12 publicado ayer que la apertura comercial complementa la estrategia oficial para contener las subas disparadas por la devaluación y el incremento en las tarifas. “Si nos preocupa la inflación y queremos más competencia, es lógico que la competencia importada también nos ayude en la batalla antiinflacionaria”, sostuvo el funcionario. Estas declaraciones fueron cuestionadas desde la Confederación General Empresaria (Cgera) y la Cámara Empresaria de la Mediana Empresa (CAME). Advierten que las crecientes importaciones de indumentaria, calzados, muebles, marroquinería, electrodomésticos y alimentos desplazan a la producción local y afectan al empleo. Desde una de las principales cámaras textiles del país advierten que hay alrededor de 100 mil puestos de trabajo en riesgo, un 25 por ciento de la ocupación en el sector.
El año pasado fue la primera vez desde 1975 que durante una recesión aumentó la importación de bienes de consumo medida en cantidades. “Venimos de niveles tan bajos que vamos a ver tasas de crecimiento sostenidas en los próximos años. Argentina es uno de los 10 países del mundo que menos importa en el mundo. Importamos muy poco”, aseguró Dujovne en el diálogo con este diario. A lo largo de la historia argentina, el disciplinamiento de precios mediante la desregulación del sector externo operó por dos vías: la posibilidad de adquirir productos “baratos” a países como China, Taiwán o Brasil y el incremento en el desempleo que limita la capacidad de negociación salarial de los trabajadores.
Representantes de distintos sectores industriales pyme cuestionaron las afirmaciones del flamante funcionario. “Es ingenuo pensar que una apertura importadora va a bajar la inflación. Esa postura atrasa 15 años”, consideró el directivo de la Cgera, Raúl Zylbersztein. “Hacernos pagar a los industriales el costo de una mala estructura comercial es un suicidio porque deriva en una pérdida de puestos de trabajo. La industria lleva casi cerca del 45 por ciento de los puestos registrados del país”, señaló el empresario marroquinero en declaraciones radiales. “La importación no regula la inflación, destruye al pequeño productor local”, consideró el secretario de prensa de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, Vicente Lourenzo, en diálogo con la radio Futurock.
El puntapié para la apertura comercial fue el desmantelamiento del esquema de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI). Ese proceso estuvo acompañado por la pasividad de los procesos contra la competencia desleal (antidumping, licencias no automáticas, normas técnicas y trabas fitosanitarias) así como el avance discursivo a favor de los acuerdos de libre comercio. Desde la Secretaría de Comercio que encabeza Miguel Braun aseguran que las barreras de protección para los sectores sensibles como el calzado continúan vigentes.
La cadena textil–indumentaria es una de las más afectadas por la combinación de la apertura importadora y la caída del consumo interno. “Si bien la caída de la actividad de alrededor del 30 por ciento aún no se convirtió en una situación de despidos generalizados, desde el sector advierten que están llegando a un límite”, sostiene el último informe de la consultora Radar. Desde el equipo que encabeza la economista Paula Español sostienen que las importaciones de indumentaria y productos terminados mantuvieron su nivel de crecimiento durante los últimos meses: entre enero y noviembre las compras al exterior crecieron 35 por ciento en cantidades en sintonía con el 33 por ciento registrado en el primer semestre. Incluso cuando sea efectiva para disciplinar los aumentos de precios, la apertura comercial representa un riesgo sobre la estructura laboral de las distintas provincias. Por ejemplo, en La Rioja, cuatro empresas del rubro suman casi 2000 empleados, cerca del 30 por ciento del empleo industrial registrado de la provincia.
Fuente: Página 12
