El expolicía José Chilo y el Estado provincial deberán pagar a la familia de Claudia Sierralta, víctima de un femicidio, $2.600.000 de indemnización. Claudia meses antes había denunciado las amenazas de muerte del efectivo policial. (Andrea Sztychmasjter)
Claudia Sierralta tenía 33 años y era madre de 4 niños de 15, 13, 7 y 3 años. Los dos más pequeños también son hijos del exsargento de la Policía de Salta, José Adrián Chilo, hoy condenado a cadena perpetua por el delito de “femicidio agravado por el uso de arma de fuego”. Chilo con su arma reglamentaria no solo mató a quien era la madre de sus hijos, sino que también atentó contra Pablo Orona, Emmanuel Carrizo y Marcelo Allende, quienes estaban en el lugar e intentaron socorrerla.
El femicidio de Claudia Sierralta ocurrió el 20 de noviembre de 2014 en el barrio Santa Lucía. Eran cerca de las 11 de la noche, Chilo la esperaba detrás de un árbol cercano a la parada de colectivos. Cuando la mujer bajó del ómnibus, éste la tomó del brazo y la llevó hasta la vereda de la escuela Néstor Palacio, donde Claudia estudiaba. Allí le efectuó dos disparos. En ese momento los tres vecinos intentaron ayudar a la mujer que ya se encontraba tendida en el piso. Según se supo, el arma de Çhilo se trabó y eso evitó que los disparos también fueran contra los hombres.
El pasado viernes, los jueces de la Sala IV del Tribunal de Juicio, Ana Silvia Acosta (presidenta), Norma Beatriz Vera y Roberto Faustino Lezcano (vocales) condenaron al exsargento a cadena perpetua y al pago de $1.300.000 a Elva Carrizo, mamá de Claudia y quien actualmente tiene a cargo sus hijos. El resto del monto total de $2.600.000 por daños y perjuicios a la familia Sierralta, deberá abonarlo el Estado provincial.
Denuncia sin ayuda
La responsabilidad de la Policía salteña y la burocracia estatal quedaron en evidencia mientras se llevó a cabo el juicio. Claudia había realizado denuncias previas. El policía meses antes de matarla la había acuchillado en el brazo, y después siguió amenazándola de muerte. A raíz de las denuncias por violencia familiar, la psicóloga y la asistente social de la Policía, sugirieron que a Chilo se le retire el arma reglamentaria y que haga tratamiento psicológico. Aunque administrativamente se cumplió con lo primero, nunca se hizo efectivo la quita del arma.
El 23 de septiembre, dos meses antes de su muerte, Claudia realizó la primera denuncia en la comisaria octava. A los dos días el juez del juzgado de familia N 1, resuelve dictar una medida cautelar de no acercamiento, pero Chilo es notificado de esa medida el día 17 de octubre.
El 22 de octubre Claudia pone en conocimiento en la Defensoría civil N 9 que Chilo seguía ejerciendo actos de violencia y que no estaba respetando la medida cautelar. El día 18 de noviembre Claudia vuelve a radicar otra denuncia esta vez en la Fiscalía de Violencia de Genero Nº 3, desde donde se ordenó que realicen consignas policiales en la casa en donde la mujer estaba viviendo. Desde las policía le manifestaron que no había personal para llevar a cabo dicha consigna. A los dos días, a pesar de haber alertado su situación, Claudia muere en manos del padre de sus pequeños hijos.
En la audiencia de debate fue el propio Çhilo quien dejó en evidencia la burocracia estatal. En sus últimas palabras, pidió perdón a la mamá de Claudia, y a sus hijas, y al final informó a los jueces que luego de dos meses de cometido el femicidio, recién fue notificado de la resolución del retiro de arma. Es decir, en el mes de enero de 2015, luego de meses de la denuncia y sugerencia de las profesionales.
Perpetua azul
La condena a Çhilo se constituye como la primera condena a un policía por un caso de femicidio en nuestra provincia. La investigación del caso fue llevada a cabo por el fiscal Pablo Rivero, y como abogados querellantes y actores civiles se presentaron las abogadas Gabriela Rodríguez, Mariana Romano y Fernando Teseyra.
Además el Instituto de Genero a través del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta se constituyó en el juicio como Amiçus curiae (amigos de la Corte). Y quien llevó a cabo esa labor en la audiencia fue la letrada Flavia Garragorri.
Las abogadas del caso mencionaron que si bien apelarán el monto estipulado y la responsabilidad mancomunada, la sentencia para ellas marca un precedente importante.
“La demanda que nosotras hicimos al Estado es por cerca de $7.600.000, pero lo importante es que se ganó, porque también se podría haber dado que nos planteen la incompetencia y lo manden por el Contencioso administrativo y nos tengan 10 años esperando, aquí en menos de dos años sale la condena penal y civil en el mismo juicio”, mencionó la abogada Gabriela Rodríguez.
Quien además comentó que Elva Carrizo, mamá de Claudia y quien hoy tiene a cargo sus hijos sólo vive de una pensión que le otorga el Estado desde hace años. “Recién ahora después de la sentencia la mujer pudo hacer el duelo por la muerte de su hija. Los niños pequeños que están a su cargo son conscientes que su papa mató a su mamá. La situación no es buena para ella”.
Las abogadas del caso mencionaron así que es necesario dejar precedencia de la inacción estatal, por ello la apelación va en este sentido. “La indemnización a la familia tiene que ser solidaria para que el Estado cumpla sus responsabilidades. Para poder ir al reclamarle al Estado no solo la cuantificación por los daños, sino la forma en la que se van a hacer cargo”, señalaron.
