Pichetto, presidente del determinante bloque de senadores peronistas, y Sanz, ahora asesor político de primer nivel de Mauricio Macri, se han vuelto a reunir en las últimas semanas para tratar de responder una pregunta: ¿es posible todavía un acuerdo de gobernabilidad entre el macrismo y el peronismo?
Miguel Pichetto y Ernesto Sanz, peronista uno y radical el otro, son amigos personales a pesar de que pocas veces están de acuerdo. Los dos fueron senadores y presidentes de sus bloques en los mismos años. Pichetto lo sigue siendo del determinante bloque de senadores peronistas. Sanz es ahora un asesor político de primer nivel de Mauricio Macri. Los dos se han vuelto a reunir en las últimas semanas para tratar de responder una pregunta: ¿es posible todavía un acuerdo de gobernabilidad entre el macrismo y el peronismo? El Gobierno venía diciendo que no a esos pactos porque prefería un combate directo con Cristina Kirchner. Sin embargo, en los últimos días también el macrismo, influido por Sanz y los radicales, se hace la misma pregunta. La respuesta no es rápida ni fácil. Requiere de condiciones que todavía no existen.
El cambio de clima en el Gobierno sucedió después de que todo el peronismo (unidas todas sus banderas ideológicas) le impusiera al Presidente una ley que el Presidente no quería. Fue la primera vez que el peronismo demostró a Macri que está en condiciones de volcar el Congreso hacia cualquier lado. A Macri le quedará siempre el derecho de veto, pero el problema es otro: nunca será un buen mensaje hacia los poderes fácticos del país y del exterior que los peronistas puedan aprobar o rechazar las leyes que se les antoja.
Desde ya, el debate en sí mismo por esa ley de doble indemnización durante 180 días es una hipocresía pocas veces vista. Todos saben que no resolverá nada. ¿Qué pensaron para el día 181? ¿Creen los peronistas que no habrá despidos entonces? ¿Están tan convencidos como el Gobierno de un segundo semestre mucho mejor? Si así fuera, ¿no sería suficiente el compromiso de los empresarios de no despedir durante 90 días? «No pregunte más. Esa ley ya no importa», responde, cínico, un peronista. Importan los gestos de poder. Nada más.
La pregunta que se hacen Pichetto y Sanz, y que da vueltas en la cabeza del Gobierno, es válida para suponer un destino con menos sorpresas. La respuesta tiene dos condiciones. Una: el conflicto irresuelto del Gobierno es que el peronismo está muy fragmentado y no sabe con quién acordar. La otra: el beneficio del Gobierno es que el peronismo está muy fragmentado, porque si estuviera unido Macri andaría saltando de trampa en trampa. Como conflicto y beneficio son productos del mismo hecho, el único recurso que queda al Gobierno es indagar dónde están las columnas más sólidas del peronismo.
El peronismo tiene cuatro grandes franjas: la que lidera Sergio Massa; la conducción oficial del Partido Justicialista con José Luis Gioja y Daniel Scioli a la cabeza; los «pragmáticos», como se los llama a gobernadores e intendentes, y el cristinismo residual. Después de la ley vetada, Massa quedó en el peor de los mundos. Una semana bloqueó una sesión especial de la Diputados promovida por el peronismo pankirchnerista para tratar esa ley. Le hizo duras críticas a la letra del entonces proyecto. La semana siguiente votó con el peronismo pankirchnerista para aprobar esa misma ley. No tuvo otra salida: el bloque que lidera amenazaba con partirse en mil pedazos.
Tampoco quedó bien con el Gobierno. Una semana lo ayudó; la semana siguiente lo acorraló. Hizo las dos cosas por el mismo asunto. En sus frecuentes charlas con funcionarios, Massa suele recurrir a un mismo argumento: «Si me acerco mucho a ustedes, ¿por qué la gente me votaría el año que viene?» Hace tres meses aseguraba que no sería candidato el año próximo. Massa es así. El Gobierno le desconfía porque lo considera un político pendiente de la última encuesta o del último consejo de sus diversos asesores.
La conducción formal del peronismo no tiene autoridad para fijar una posición, sobre todo porque sus dos principales dirigentes, Gioja y Scioli, están pendientes de la opinión de Cristina Kirchner. Y Cristina es el futuro del que el peronismo huye. Una dirigente política con cerca del 60% de rechazo social no corporiza un proyecto de poder. Los pragmáticos son pragmáticos en las buenas y en las malas. Los gobernadores e intendentes apuraron a los senadores a aprobar el acuerdo con los holdouts cuando tenían caliente la promesa de que les aumentaría la coparticipación. El Gobierno se olvidó de esa promesa y los gobernadores dejaron que los senadores aprobaran con una mayoría de estupor la ley de empleo que el Gobierno no quería. No son ni buenos ni malos. Son así.
Es cierto que esa ley se inició en el Senado, pero lo es también que fue Massa quien primero les abrió las puertas del Congreso a los principales dirigentes gremiales para que plantearan el problema de una «ola de despidos» que luego se convirtió en «temor al despido». No es lo mismo. Ése fue el germen inicial de la ley que Macri vetó. Los sindicatos son actores principales del peronismo. «El peronismo son los gobernadores, los intendentes bonaerenses y los sindicatos», asegura un senador peronista. Macri está negociando ahora que una posible huelga nacional por el veto termine siendo lo menos visible posible. La dos CTA irán al paro y también un sector del moyanismo, descuenta el Gobierno. Cree que las otras dos CGT, la de Antonio Caló y la de Luis Barrionuevo, no participarán de la medida de fuerza. Confía en que el dirigente del transporte Roberto Fernández cumpla la promesa de no plegarse. Un paro con transporte nunca fue un paro en serio. ¿Realmente no se plegarán Fernández ni las otras dos CGT? «No, por ahora», dice el Gobierno. Por ahora. Todo es siempre relativo en el universo sindical.
Pichetto asegura al Gobierno la buena predisposición del Senado. Pero Pichetto necesita a los gobernadores peronistas conformes, porque son ellos los que ayudan al líder senatorial a torcer los votos decisivos del cuerpo. Los gobernadores quedaron conformes ahora, después de que la administración federal oficializara en Córdoba, en una reunión con todos los mandatarios, el aumento de la coparticipación. El Gobierno quiere algo más que acordar la gobernabilidad como la que urden Pichetto y Sanz. Quiere un «pacto de no agresión», esto es, que no se repitan leyes que luego Macri deberá vetar. Los peronistas callan. La «no agresión» no estaba en sus planes.
Massa sigue siendo decisivo en Diputados, aun si hubiera un acuerdo con Pichetto en el Senado. Salvo que el bloque de Diego Bossio reciba nuevas deserciones del sector pankirchnerista. Bossio suele seguir las líneas políticas de Pichetto. El cristinismo perdió el respeto de los peronistas pragmáticos desde que éstos descubrieron que Cristina carece de buena información política y que quiere, sobre todo, que Macri se vaya cuanto antes. Intendentes bonaerenses escucharon decir a Carlos Kunkel que «hay que forzar el éxito». Significa, explicaron, que hay que apurar la salida de Macri del Gobierno para que vuelva Cristina. «¿Cómo voy a creer en esa línea si yo todavía no puedo hablar mal de Macri ni de Vidal en mis barrios?», se preguntó un intendente del conurbano.
Si cualquier diputado opositor hubiera pronunciado en los tiempos de Cristina la frase de Kunkel, el Gobierno de entonces habría recurrido a la tribuna de las Naciones Unidas para denunciar el golpismo de sus opositores. Pero la izquierda presunta permite hasta el golpismo y su impunidad. El grueso del peronismo apuesta a las próximas dos elecciones, la de 2017 y 2019, dicen los peronistas. Una parte de la pregunta de Pichetto y Sanz ya fue respondida: pueden haber acuerdos tácticos y tácitos con el cristinismo, pero al final sólo caben con Cristina la victoria o la derrota.
Fuente: La Nación
