Mientras remiseros se manifestaban en la Legislatura, la policía de Salta los desalojó violentamente, reincidiendo una vez más en actos de brutalidad policial, una realidad inaceptable en el marco de un gobierno democrático. La institución cuenta con un prontuario poco feliz, que solo durante este año incluye denuncias de gatillo fácil, golpizas, torturas y otras prácticas violentas.
La policía de Salta ha sido cuestionada en varias oportunidades y durante el transcurso de varios gobiernos, por decenas de denuncias de accionares violentos e ilegales contra la población civil. Solo durante este año, la institución está denunciada por ciudadanos de varias localidades, donde se constatan desde golpizas, detenciones ilegales hasta casos de gatillo fácil, mediados por torturas.
Ayer, mientras remiseros se encontraban haciendo un reclamo fuera de la Legislatura, la Policía de Salta, que pertenece al ministerio de Seguridad de Manuel Pulleiró, accionó de manera violenta contra los manifestantes, una práctica común para la institución contra quienes ejercen su derecho de manifestarse. Cabe recordar el episodio de hace algunos meses ocurrido en el Grand Bourg, contra decenas de docentes que pedían por aumentos salariales. La orden del ministerio de seguridad pareciera ser siempre la misma: palos y violencia contra la ciudadanía.
La Comisión de Derechos Humanos de Diputados viajó a Rosario de la Frontera por varias denuncias de vecinos de esa localidad, contra el accionar del sistema de emergencias y de los efectivos policiales. Según señalan los vecinos, son prácticas comunes las golpizas y abusos policiales, aunque muchos temen denunciar. Este último factor fue el que motivó el traslado de la Comisión: que exista un marco contemplativo en materia de derechos para poder realizar las denuncias y que tengan lugar en la vía legal. Solo en la mencionada localidad hay 38 causas judiciales vinculadas a la violencia policial desde 2015.
¿Una policía que cuida a los ciudadanos?
A los casos nombrados anteriormente, que forman parte solo de los siete meses de Manuel Pulleiró al frente del Ministerio de Seguridad, falta sumarle otros tantos que conforman el prontuario poco feliz de la policía salteña.
El 28 de abril se tuvo que lamentar la muerte de Rosa Sulca, una vecina de Villa Mitre que había llamado al servicio del 911 y la policía, pese a que la mujer señaló, literalmente, que había personas en su domicilio que la estaban por matar, llegó al lugar luego de varios minutos; al no recibir respuesta en la casa de la docente, se retiró. La muerte de Rosa despertó la indignación de toda la población salteña, no solo por el hecho en sí mismo, sino por la inoperancia del sistema de emergencias y de la falta de protocolo de acción de los policías.
De hecho, los familiares de víctimas del gatillo fácil, que están nucleados en una asociación civil que pide por justicia, denunciaron que el caso de Rosa Sulca es, lamentablemente, una pieza más de un gran entramado de inoperancia policial, y, especialmente, de la violencia que ejerce de manera desmedida y hasta salvaje, contra los ciudadanos salteños. “La política represiva de(l gobernador Gustavo) Sáenz se lleva las vidas de nuestras familias cada vez más. Es por eso que nosotros, los familiares de Cristián Gallardo, Gury Farfán, Martín Carreras y David Alfonzo seguimos luchando por justicia y para que ningún crimen en manos de la policía de Salta quede impune” afirman los familiares de víctimas. Estas personas, con nombre y apellido, han perdido la vida en manos de efectivos policiales, con una institución que esconde y cubre a sus oficiales e intenta ocultar la muerte tras otras carátulas. O, lo que es peor, intenta justificar su accionar.
Canela Alvarez, referente de Hijos Salta, planteó en una entrevista que la institución realizó un registro de casos que involucran a las fuerzas policiales como los victimarios, a la vez que puso el foco en el planteo de varias organizaciones de derechos humanos contra Manuel Pulleiró, por haber reivindicado la última dictadura militar. Además de los ya nombrados, Alvarez manifestó la existencia de otros casos registrados, como el de la referenta del Foro de Igualdad de Oportunidades, Irene Cari: «Se la detuvo por socorrer a una adolescente, nos hemos pronunciado en contra de eso». Además mencionó el abuso policial en el merendero Carita Feliz y la situación ocurrida en Joaquín V. González en la que un adolescente de 17 años terminó hospitalizado luego de chocar con un móvil de Gendarmería Nacional tras una persecución policial” listó la activista, en situaciones donde el denominador común es la brutalidad policial contra mujeres, niños, jóvenes, adolescentes.
El desamparo de los familiares de víctimas de gatillo fácil y de otros accionares delictivos por parte de la Policía de Salta es moneda corriente. En ese sentido, uno de los reclamos más puntuales de estos grupos es que las causas judiciales avancen realmente, dado que cuando aparece involucrado un miembro de la fuerza policial, los tiempos de la justicia se vuelven sorpresivamente más lentos.
Lobby policial en la cámara baja
El presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados es Gustavo Orozo, un exmiembro de la Brigada de Investigaciones, denunciado en 33 oportunidades por estar involucrado en actos de tortura, droga, contrabando y prostitución. En el transcurso de este mes, el hombre deberá afrontar el juicio de una de las 33 causas.
Entre el prontuario por el que se destaca el hombre, se cuentan el ingreso de avionetas con droga en Rosario de la Frontera, en donde es considerado uno de los “intocables” en la policía. También está involucrado en venta de estupefacientes, venta de mercadería ilegal y robado y tener participación en el delito de prostitución.
Y tal como mucho de sus pares, Orozco también esta denunciado por violencia de género. No se puede acercar a su mujer debido a la denuncia.
El ex jefe de la brigada solo abre la boca en el recinto para hacer resguardar a la institución
Y el comité contra la tortura?
Según la ley 8.024, la Cámara de Diputados debe integrar el Comité contra la Tortura. Sin embargo no hay representante. Se supo que legisladores enviaron hace tres semanas una nota al presidente de la Cámara, Esteban “tutti” Amat, pero hasta el momento no obtuvieron respuestas. «Le pedimos que llame a concurso. Nos urge que se conforme el Comité porque (es el órgano que) debe trabajar en la prevención de las torturas, tratos o penas crueles a las personas detenidas o privadas de la libertad. Esta semana vamos a volver a insistir», afirmó la diputada Jorgelina Juárez en declaraciones a la prensa. Enfatizó que la apertura de la convocatoria para la designación debe ser una iniciativa de la autoridad de la Cámara.
Falta también la designación de un representante por el Senado. Hasta ahora el Comité tiene tres integrantes. Los ya seleccionados son: el abogado Ricardo Nioi, ex director provincial de Protección y Promoción de los Derechos Humanos (por el Ejecutivo); el abogado y especialista en derechos humanos Rodrigo Solá (por los organismos de derechos humanos) y Cristina Cobos (también por los organismos de DDHH).

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