Un informe advierte que ni la provincia ni la nación destinan los recursos para la protección de los bosques nativos como dispone por la ley. El 2014 se destinaron $230 millones cuando debieron ser $3.400 para la provincia con mayor superficie de bosques por conservar en el país. (Gonzalo Teruel)
La persistente lucha de organizaciones ambientalistas en defensa de los bosques de la provincia tuvo sus frutos a finales del año pasado cuando, cansado de los escraches y preocupado por su imagen nacional, Juan Manuel Urtubey decidió suspender primero y prohibir después las “recategorizaciones” de áreas protegidas que permitían nuevos desmontes.
Primero el ministro de Ambiente, Baltazar Saravia, emitió la Resolución 381 suspendiendo las polémicas “recategorizaciones” y después el propio Urtubey firmó el Decreto 3.749/14 que derogó otros 2 decretos, 2.211/10 y 3.136/11, que permitían la sistemática violación de la Ley de Bosques mediante la autorización de desmontes en áreas protegidas.
A partir de estas disposiciones los bosques nativos salteños recibieron un cuidado que no habían tenido en los años previos pero que dista todavía de ser el ideal. Un informe elaborado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales -FARN- advierte que los bosques están en peligro porque ni la provincia ni la nación destinan los esfuerzos y, sobre todo, los recursos necesarios para la protección de tan valioso recurso natural.
“La Ley de Bosques está desfinanciada”, acusa el documento y detalla que “tardíamente constituido, el Fondo de la Ley de Bosques viene adoleciendo de insuficientes partidas en las sucesivas leyes de presupuesto nacional”. En criollo, el documento de FARN denuncia que el gobierno nacional no destina los caudales necesarios para que se cumpla la ley y se protejan los bosques.
Manda la ley
En efecto, la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos establece en sus artículos 30 y 31 la creación de un “Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos” que estará integrado por “las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas a fin de dar cumplimiento a la presente ley, las que no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional” y “el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.
Para el cuidado de los bosques, deben asignarse en cada ejercicio el 0,3% del Presupuesto más el 2% de las retenciones cobradas a la agroindustria el año anterior pero el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nunca aplicó la formula indicada y sólo aportó unos $300 millones anuales a los bosques.
El detalle contable es inobjetable: en 2010 se destinaron $300 millones cuando debieron destinarse aproximadamente $1.200; en 2011 fueron $300 millones cuando debieron ser $1.500; en 2012 los números fueron $267 y $1.900 millones; en 2013 $230 y $2.327 millones; y en 2014 $230 y $3.400 millones.
Los reclamos
Con estos datos sobre la mesa, la diputada Irene Soler denunció que “en el período que va desde el año 2010 al 2014, la nación se apropió de más de $8.800 millones que debería haber asignado a las provincias por sus bosques nativos” y consiguió que la Legislatura aprobara una declaración para que “los legisladores nacionales insten a la nación a asignar los fondos que corresponden a las provincias”. Lo mismo había hecho un año antes y en el propio Congreso la entonces senadora Sonia Escudero.
Este año, sin embargo, los dineros son casi idénticos a los del 2014: se destinarán $232.450.000 -doscientos treinta y dos millones cuatrocientos cincuenta mil pesos- a los que deben adicionarse $14 millones para el Programa Nacional de Protección de Bosques Nativos cuando deberían aportarse unos $5 mil millones.
Especialistas consultados por Cuarto Poder el año pasado estimaron que los recursos para los bosques deberían ser en 2015 “no menos de $2.900 millones del 0,3% del Presupuesto y no menos de $2 mil millones del 2% de las retenciones, en un cálculo absolutamente conservador”. En cantidades aproximadas, el portal web Valor Soja calculó que “en los últimos 4 años el Poder Ejecutivo Nacional debería haber transferido a las provincias compensaciones ambientales por casi $10 mil millones pero apenas desembolsó $1.010 millones”.
El dato es preocupante porque Salta es la provincia con mayor superficie de bosques por conservar en el país y, por lo tanto, la más perjudicada por esta irregular asignación de recursos federales. Su gobierno, sin embargo, no se anima a reclamar porque el tema de los desmontes le sigue siendo incómodo y porque en el pasado no administró con la transparencia debida los recursos enviados por nación.
Entre 2010 y 2011 el mecanismo utilizado por la provincia para transferir los fondos enviados por nación a los titulares de los bosques a conservar fue objeto de una denuncia penal. El entonces ministro de Ambiente, Francisco López Sastre, tuvo enormes dificultades para explicar, por ejemplo, por qué una persona muerta se presentó a cobrar un depósito correspondiente a la Ley de Bosques en el Banco Macro. Si bien la estafa se abortó, la denuncia judicial no prosperó, y la Legislatura se negó a investigar como pedían, entre otros los diputados Pablo López y Guillermo Durand Cornejo, el tema sigue siendo incómodo para la cartera ambiental de la provincia.
Pese a la plena vigencia de la ley, las autoridades ambientales siguen siendo incapaces de ejercer un eficaz control de las zonas boscosas. Así lo revela un documento de la Auditoría General de la Nación que sugiere la existencia de un deliberado descuido de los gobiernos nacionales y provinciales para permitir que se sigan degradando los bosques. En efecto, entre 2008 y 2014 Salta recibió escasos fondos nacionales para proteger sus árboles y, tal vez por eso, el avance de las topadoras no se detuvo. La Facultad de Agronomía de la UBA, el INTA, y la Red Agroforestal Chaco Argentina que desarrollaron la página monitoreodesmonte.com.ar con información actualizada sobre desmontes lo sintetizaron diciendo que “entre 2008 y 2013 se habrían desmontado 358.723 hectáreas, de las cuales 112 mil estaban en zonas que debían protegerse por la ley de Bosques a comienzos de 2014, se sumaron nuevos informes que alertaron sobre el avance del desmonte en el departamento de San Martín”.
Muestra cabal del incumplimiento de la ley que sufre la provincia es el flujo de dinero recibido. De acuerdo a fuentes oficiales, en 2014 tendrían que haber llegado a Salta unos $300 millones pero se recibieron apenas $34,5 millones y este año deberían llegar unos $400 millones pero los envíos nacionales no superarán los $34 millones para el cuidado de los bosques. El gobernador Urtubey, el ministro Saravia y el secretario Gustavo Paul son responsables de utilizarlos correctamente y de garantizar que las topadoras no avancen sobre las áreas protegidas. También son responsables de exigir a las autoridades nacionales que respeten el sistema federal y entregue a las provincias lo que les corresponde.
