Salta es una de las provincias con mayor conflictividad por incumplimiento de leyes a favor de los pueblos originarios. Así lo denunció el Equipo Pastoral Aborigen. En el informe el organismo advierte sobre los desalojos, represión e incluso muerte de miembros de los pueblos originarios.
El propio IPPIS fue un caos durante el año pasado. El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) denunció irregularidades e incumplimiento de leyes que posibilitarían la propiedad de la tierra de los pueblos originarios, Salta figura en el informe entre las provincias de más alta conflictividad con los pueblos indígenas.
El organismo eclesial reclamó “decisiones políticas adecuadas, adoptadas con la plena participación de los pueblos indígenas víctimas de esta situación”.
La investigación de ENDEPA se refiere al programa de relevamiento territorial de comunidades indígenas, establecido por la ley nacional 26.160, sancionada a fines de 2006 y prorrogada a los tres años por la ley 26.554. El relevamiento consiste en los estudios de determinación de las tierras que ocupan tradicionalmente las comunidades indígenas con el fin de que se reconozca su propiedad, independientemente de quienes aparezcan con los títulos en los registros estatales. Las leyes incluyeron la suspensión de los desalojos mientras se realice el relevamiento y una asignación presupuestaria de 60.000.000 pesos para que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ejecute las tareas con la colaboración de los gobiernos provinciales.
El estudio presentado da cuenta del escaso nivel de ejecución del programa en contraste con la alta utilización de los recursos. Ya en 2011 el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) había advertido el bajísimo nivel de avance de las tareas, lo que fue corroborado por la Auditoría General de la Nación (AGN) mediante un informe presentado al año siguiente.
La actual investigación comienza señalando la falta de transparencia en la información, ya que desde 2009 el INAI no presenta ningún informe detallado del estado del programa y de la utilización de los fondos y en lugar de ello ha brindado afirmaciones genéricas falsas en donde sostiene que el programa de relevamiento se ejecutó en un 40 por ciento. Sin embargo, en base a las respuestas dadas por el propio INAI a requerimientos formulados en base al decreto de acceso a la información, el informe exhibe el estado de ejecución en cada provincia determinando que a seis años de la sanción de la ley 26.160 el relevamiento sólo se ha concluido en una octava parte (12,48 por ciento). “A este paso” –sostiene el documento- “harían falta otros 40 años más para concluir con el trabajo”.
