Allanaron el Convento San Bernardo por una denuncia de presunta privación ilegítima de la libertad de una de las religiosas alojadas en el régimen de clausura. Finalmente, la monja, que padece una grave enfermedad y a la cual las autoridades de la Orden del Carmelo no dejaban abandonar el claustro, fue retirada por sus familiares, mientras la investigación continúa.
Por Héctor Alí
Cualquier desprevenido que hubiera pasado al medio día de este martes frente al Convento San Bernardo, se habrá asustado al ver bomberos trepando sus muros y un pelotón de policías en las puertas del antiguo edificio. ¿Un incendio? ¿Un derrumbe? Nadie podría pensar que el motivo de aquella toma por la fuerza respondía a un inédito allanamiento ordenado por la jueza de Garantias nro 1, Ada Zunino, a raíz de una denuncia por presunta privación ilegítima de la libertad presentado por familiares de una de las religiosas de clausura. Según se confirmó luego, la novicia había pedido abandonar el convento aquejada por una grave enfermedad y la priora se lo había rechazado una y otra vez en las últimas semanas.
La escalada de los bomberos utilizando largas escaleras obedeció a que a pesar de que los funcionarios judiciales se acreditaron debidamente y presentaron la documentación correspondiente, las autoridades del convento se negaron a permitirles la entrada. Tras largos cabildeos y discusiones, finalmente se optó tomar los techos e ingresar al predio ante la mirada atónita de las religiosas que no habitan los claustros. Lo que más llamó la atención, por lo insólito, fue que la autopercibida vidente María Livia Galeano (hace años que dice ver y escuchar a la mismísima Virgen María) y su esposo Carlos “pupa” Obeid, ingresaban muy orondos al convento por una puerta ubicada en la otra esquina.
“Eso es una vergüenza”, bramaron cuando se enteraron en el juzgado actuante que el matrimonio que regentea las cuestionadas ceremonias de la llamada virgen del cerro, entraban al edificio como pancho por su casa. Algo que no debería extrañar sabiendo la veneración que la Carmelitas Descalzas profesan por esa imagen de yeso, que causalmente se vende en distintos tamaños en un local ubicado frente al San Bernardo. Y menos aún, cuando se sabe que Obeid es uno de los que lleva la contabilidad de bienes e ingresos del Convento y que enfrenta una investigación judicial por presuntas irregularidades.
Lo cierto es que una vez dentro, los auxiliares de la fiscalía actuante a cargo del fiscal Ramiro Ramos Ossorio, leyeron el requerimiento judicial exigiendo la presencia de la religiosa para tomarle declaración y constatar que efectivamente quería abandonar el convento. Esa fue la parte más complicada. La tensión entre los funcionarios y las monjas del Carmelo, crecía a la par de la altísima temperatura reinante a esa hora rondaba los 40 grados.
La priora se negaba una y otra vez a autorizar la salida de la monja de sus claustros aduciendo los rígidos impedimentos de los votos de clausura. Una opción que planteó fue que los auxiliares le tomaran declaración tras las rejas de sus aposentos. Los funcionarios se negaron rotundamente y exigieron la liberación de la hermana con el fin de llevarla a declarar a las oficinas de la Fiscalía. Mientras tanto, Sandra Diaz, la denunciante, esperaba pacientemente en el ingreso al Convento asistida por su abogado, Guillermo Alberto. La mujer respondió entre sollozos que no haría declaraciones. “Esto es muy delicado”, solo atinó a decir.
En tanto el letrado confirmó que la monja recluida en la orden de las carmelitas descalzas se encuentra “en un pésimo estado de salud, a tal punto de estar necesitando tratamiento de quimioterapia debido a la enfermedad que la aqueja”. Agregó que debido a la negativa de las autoridades del convento de permitir el contacto con su hermana “es que presentamos esta denuncia con carácter de urgencia por privación ilegítima de la libertad”.
Contó además que Sandra Díaz llegó a principios de diciembre desde la provincia de Mendoza y desde entonces padece los “malos tratos” de las regentes del Convento. A tal punto que sugirió que las mismas pretendieron manipular la voluntad de la monja haciéndole escribir una carta donde manifestaba que no pretendía abandonar el convento.
Finalmente, los funcionarios judiciales lograron tomarle declaración a la religiosa, ya frente a frente, constatando su voluntad de abandonar el convento. Mientras esto ocurría, Sandra Diaz y otros familiares comenzaron a sacar bolsas con las pocas pertenencias de la ex monja cautiva que cargaron en una camioneta. Cerca de las cinco de la tarde, la religiosa abandonó quizás para siempre no sólo el Convento sino también sus votos de clausura para volver a calzarse.
