El municipio de La Merced está patas pa’ arriba. El intendente le cortó los ingresos al Concejo Deliberante, porque tiene un perfil crítico. No contesta pedidos de informe y jamás le aprobaron su rendición de cuentas porque los números no cierran. ¿Qué espera el gobierno para intervenir el municipio?
Lucas Sorrentino
De la mano del intendente Javier Wayar, el municipio de La Merced vive momentos aciagos. Momentos oscuros, que la acercan más a un feudo a la deriva, que a un municipio democrático.
La semana pasada ingresó una denuncia penal contra el jefe comunal y tres ediles wayaristas que dejan en evidencia esta situación.
«La Merced está prendida fuego, Wayar hace todo mal». Con estas palabras Santiago Huerga, presidente del Concejo Deliberante, inició su diálogo con CUARTO PODER. Después vino el detalle de lo que podría considerarse, tranquilamente, un fragmento de la película El dictador, de Sacha Baron Cohen. Salvo que esto no es una comedia, no puede causar risas, porque es real.
Wayar, cansado de los pedidos de informe, cansado de las voces críticas, decidió dejar de enviar los fondos que le corresponden al Concejo Deliberante. Hay que señalar que esto no es algo reciente, sino que Wayar tuvo poca tolerancia desde el comienzo: desde enero de 2020 que los ediles solo cobran un porcentaje de sus sueldos.
El objetivo es claro: el intendente quiere que el Concejo Deliberante pare de funcionar.
Al parecer lo que más le molestaba del Concejo a Wayar es que los ediles le pedían que respetara las ordenanzas que él mismo había apoyado siendo concejal.
Con los fondos cortados, los ediles decidieron cobrar solo una parte del sueldo que les correspondía hasta tanto el ejecutivo cumpla con la obligación del envío de dinero que por ley debe enviar. Todos acordaron hacer ese sacrificio, porque no podían dejar un municipio sin su parte legislativa.
Empezó a circular un rumor. La Merced ya no es un municipio tan chico, pero los rumores siguen teniendo un poder tremebundo. El rumor decía que algunos ediles estaban cobrando sus sueldos directamente del intendente. Es decir, un doble sueldo. Es decir, algo ilegal.
«Nosotros tomamos ese rumor, que circulaba en el pueblo y lo llevamos al fiscal. El fiscal hizo la investigación por su parte», dijo Huerga. Astuto, el presidente del Concejo Deliberante, le preguntó a cada edil, en la sesión, si estaban cobrando. Dejaron constancias judiciales de esas declaraciones: todos dijeron que no recibían un peso. Huerga ya sabía el resultado de la investigación judicial: tres, de los siete ediles sí estaba cobrando un doble sueldo. Justo los tres ediles wayaristas: Daniel Coreico Pedro Gutiérrez y Dina Pastrana.
No hubo sutileza alguna en la maniobra. Wayar actuó con una gran torpeza que solo tiene el que se siente impune: la fiscalia analizó los resúmenes bancarios de los concejales y en estos tres consta que recibieron depósitos desde la cuenta oficial del municipio. ¿Entienden por qué Wayar se parece a Sacha Baron Cohen?
Huerga enfatizó que hay denuncias que tienen un año y siete meses. Denuncias por retención indebida de dinero, por administración fraudulenta, por no contestar los pedidos de informe. Ninguna de esas denuncias avanza. Los diputados y senadores también guardan un silencio cómplice.
Sobre ese silencio hay que hacer hincapié: Wayar no hubiera transformado La Merced en una parodia de feudo de no ser porque el manto protector de quienes podrían detenerlo.
Más irregularidades
En menos de dos años de gestión, Javier Wayar batió récord de irregularidades. No viene mal traer a la memoria algunas de ellas. En febrero dimos a conocer que el asesor legal del municipio, Mauricio Sergio Martina, cobraba un doble sueldo: también recibía unos morlacos como empleado municipal de otro municipio. Además de acaparador compulsivo de cargos, Martina parece ser un tipo con poco apego a la transparencia. En los registros de AFIP, figura como monotributista clase A, categoría que corresponde a los contribuyentes con ingresos de hasta $17.300 mensuales. Las recategorizaciones, al parecer, corren sólo para la gilada.
Es probable que todos crean que la impunidad es contagiosa. De lo contrario no se explicaría que en julio del año pasado se conociera en la justicia que al menos seis funcionarios de Wayar se habían inscripto para intentar cobrar el IFE. Uno lo había conseguido.
Entre los que se inscribieron estaban. Alexandra Palomo, a cargo de la Dirección de la mujer; Gustavo Saravia, encargado del vivero; Cristian Carabajal, director de la Juventud; Gustavo EScaante, Jefe de la oficina Municipal; Carolina Caliva, a cargo de la Dirección de Promoción Social; Beatriz Arroyo, Secretaria Privada del Secretario de Hacienda y Oscar Ricardo CAstillo, Jefe de Enfermeros de los puestos de Salud.
Además, parece que la impunidad es genética. En mayo de 2020, una joven de 21 años, de la localidad de La Merced, denunció que Natalia Wayar, hermana del intendente y asesora legal del municipio (Nepote se quedó chico), la despidió sin motivo alguno, incurriendo en insultos y discriminaciones por su edad.
A raíz del hecho que tomó relevancia pública, salieron a la luz otros hechos que dejan mal parada a la asesora legal del municipio. Cuando la mujer se desempeñaba como mediadora en el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, tuvo que renunciar por polémicas declaraciones respecto de la violencia de género: para Wayar, la problemática no existe como tal, y que se trataba solamente de “personas que no sabían solucionar sus problemas de manera pacífica”.
Esta joven de 21 años se había sumado, en ese momento, a la lista de 42 despidos, realizados por Wayar, en el comienzo de gestión.
