No zafa nadie. El tema de las adopciones ilegales involucraría a jueces, defensores y fiscales y amenaza con convertirse en un escándalo de dimensiones desconocidas. El viernes pasado dos fiscales penales habrían impulsado las imputaciones penales a importantes funcionarios.
Luego de las declaraciones de hace unas semanas del diputado Pedro Sández sobre adopciones ilegales en el departamento de Metán. Dos semanas después el caso llegó a la Procuración porque se reavivó un pedido de informe que la Cámara de Diputados había remitido a López Viñals a fines del año 2013 y que hacía mención a las supuestas irregularidades en el proceso de adopción de niños en el juzgado de la ciudad de Metán, entre los años 1997 y 2008.
Las denuncias fueron cobrando dimensión y se dice que los fiscales que tomaron el caso. Las figuras delictivas que investigarían es “abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, supresión y suposición de estado civil y de identidades de las personas” e incluso no se descartaría la imputación de “asociación ilícita” para los acusados. Según Nuevo Diario, las imputaciones podrían alcanzar a otros funcionarios de mayor rango judicial, con lo cual el caso de las adopciones amenaza con convertirse, probablemente, en el mayor escándalo de la justicia salteña en los últimos 30 años.
Las investigaciones se encuentran en manos de los fiscales penales 2 y 5, Marcelo Rubio y Máximiliano Troyano, quienes fueron asignados a llevar adelante las diligencias en torno a esta causa por orden del Procurador General, Pablo López Viñals. Éste último está siendo muy cuestionado por los diputados que lo señalan como responsable de la inacción que hasta ahora tuvo la causa.
El caso de las adopciones fue develado hace dos años en otra sesión de diputados pero a partir de de las declaraciones realizadas por el secretario Tutelar de la Corte de Justicia, Ernesto Douthat. Fue este quien puso de manifiesto la enorme brecha que registraban las adopciones en la Capital salteña y Metán. Douthat puso en duda más de 100 procesos de adopciones, hecho que llevó a Sández a tratar el tema ante sus colegas, quienes decidieron poner al tanto de la situación a la Corte de Justicia, puesto que en las tramitaciones aparecían sospechados, al menos, dos jueces.
