“No están dadas las condiciones técnicas y sociales para llevar a cabo el debate”. Así justificó el presidente una nueva postergación del tratamiento del proyecto de ley del Derecho al Aborto. Por Marina Hidalgo Robles – Dirigente Nacional de Las Rojas.
Tan sólo unos días antes de la cuarentena esperábamos conocer el misterioso proyecto de ley del presidente, ese que dice que busca terminar con la grieta entre verdes y celestes, por el que nos piden que bajemos los pañuelos, pero del que aún nada se sabe.
El experimento de las sesiones virtuales en senadores alentó ciertas expectativas acerca de su posible tratamiento, pero el gobierno de Fernández y la ministra Elizabeth Gómez Alcorta salió a aclararlo todo: no va a haber discusión hasta el año que viene.
El argumento “ahora hay otras prioridades”, en referencia a la pandemia, se cae a pedazos y nos llena de rabia cuando nos enteramos de una nueva muerte por la clandestinidad del aborto. Hace unos días se supo de la muerte, un mes atrás, de una mujer en la Matanza por las complicaciones de un aborto clandestino. Por no acceder a las condiciones de salubridad necesarias para esa práctica murió a las horas de ser internada. Esta es la segunda muerte durante la cuarentena, a mediados de abril murió una joven de 22 años en la provincia de Formosa.
El aislamiento obligatorio aumenta los riesgos cuando el aborto es ilegal. La OMS informó que los casos de embarazos no deseados se duplicarán o triplicarán por la dificultad del acceso a la anticoncepción. Los recursos con los que muchas mujeres y personas gestantes cuentan para interrumpir sus embarazos, por fuera del sistema de salud, se ven acotados durante la cuarentena, lo que redunda en abortos clandestinos en situaciones aún más precarias; al igual que la posibilidad de acceder a hospitales y salitas en caso de complicaciones, por la reducción de sus servicios.
¡Así y todo se escucha a Alberto Fernández decir que podemos seguir esperando el tratamiento de la ley! En Argentina se practican alrededor de 450.000 abortos por año. Se realizan 49.000 internaciones anuales, 135 por día, por causas relacionadas con abortos. Y si bien es difícil obtener cifras exactas, se estima que por año mueren alrededor de 700 mujeres y personas gestantes por la clandestinidad de la práctica. Casi el 85% de las muertes son de mujeres de los sectores más pobres y de trabajadoras; las que acuden al hospital público en lugar de privados u Obras Sociales. ¿¡Le da la cara a Alberto Fernández para decirle a casi medio millón de mujeres y personas gestantes que pueden seguir esperando a riesgo de perder su vida!?
En Argentina ni siquiera se cumple el derecho al aborto no punible, obligando a niñas abusadas a ser madres. El último caso conocido fue el de la niña de 12 años a la que, en la provincia de Santiago del Estero, le negaron su derecho. ¿Será que a las niñas violadas también les sobra el tiempo y pueden seguir esperando? Muchas provincias no tienen adhesión a ningún protocolo y otras lo tienen, pero es bien restrictivo.
La situación de la Ciudad Autónoma es una muestra de la fragilidad de no contar con un protocolo nacional de adhesión obligatoria: actualmente está vigente un protocolo promulgado en 2012 que luego, en 2015, fue vetado para dar lugar a otro con mil y una restricciones. Por un amparo presentado por diversas organizaciones quedó vigente el de 2012. De caerse dicho amparo el acceso al aborto no punible volvería a ser un imposible.
Cuando la Marea Verde llenó las calles de a millones, logramos convencer a un sector importante de la sociedad de la necesidad de la legalización del aborto. Se vio lo abrumador de esa pelea y ganamos consenso para la defensa de la vida de las mujeres. Pero cuando el gobierno hace lo imposible por retrotraer esa potencia, posterga el tratamiento de ley, minimiza el problema de las muertes por aborto, pide que bajemos nuestros pañuelos verdes, le da aire a los reaccionarios anti derechos ¡esos que obligan a las niñas a parir!
¡El tiempo es ahora! No queremos más muertas, no queremos niñas madres, no queremos que se persiga al personal de salud. ¡Queremos decidir sobre nuestros cuerpos!
A pesar de los intentos del gobierno y sus organizaciones en el movimiento feminista, la Marea Verde sigue de pie. Lo vimos el 28M y el 3J donde volvimos a las calles por nuestros derechos. Seguimos exigiendo que se apruebe el proyecto de ley de la Campaña Nacional. No queremos proyectos que se presenten de espaldas al movimiento, de espaldas a las miles y miles de pibas y pibes que dieron todo en los pañuelazos, las movilizaciones y las vigilias. El proyecto de la Campaña ya se discutió, se defendió y se ganó a la mayoría social.
¡Basta de demoras, aprobación ya del Proyecto de la Campaña!
¡Exigimos la implementación obligatoria del Protocolo Nacional para IVE!
