Con los criterios de valoración curricular aprobados y con los tribunales conformados para evaluar a los 13.000 aspirantes a trabajar en el Hospital del Sur; nadie sabe cómo se hará para que el nosocomio que debía estar funcionando desde marzo del 2012 abra sus puertas en septiembre próximo. 1470 días…y nada. (DA).
Parece una historia de nunca acabar y el proceso de inscripción de interesados a ocupar un cargo en el denominado Hospital del Sur es un eslabón más en la cadena que retrasan la puesta en marcha del nosocomio.
Finalizado el periodo de preinscripción, el ministerio de Salud precisó que fueron 13.000 las personas que hicieron uso de ese derecho. De ese total, 1.100 fueron para cubrir cargos profesionales, 1.045 para enfermería, 1.300 para agrupamiento técnico, 5.800 para agentes administrativos y 3.800 para mantenimiento y servicios generales. Los primeros, tuvieron tiempo hasta el jueves 11 para presentar la documentación probatoria de sus antecedentes. Hasta el lunes 15 de julio, está previsto que hagan lo mismo los aspirantes a formar parte del agrupamiento de enfermeros, hasta el miércoles 17 se recibirá la documentación del llamado personal Técnico y se supone que hasta el viernes 19 de Mantenimiento y Servicios Generales. Nada se sabía al cierre de esta edición, en cambio, cuando cumplirán ese paso los aspirantes a personal administrativo.
Lo único seguro, por ahora, son dos cosas: que de los 13.000 preinscriptos deben quedar sólo 400 trabajadores; y que el trabajo de los tribunales evaluadores será arduo. Con respecto a esto último, en el Boletín Oficial del pasado miércoles 10 de julio se publicaron las resoluciones pertinentes a esta cuestión. La 1104 establece los criterios de valoración de los antecedentes curriculares (Res. 1104) para los profesionales de la salud, enfermeros, personal técnico y administrativo. La 1105, mientras tanto, conforma los tribunales evaluadores de los cuatro estamentos. Los cuatro, como ya se adelantaba en el reglamento de inscripción, están conformados por tres personas y sólo una de ellas presidirá tres de ellos: el representante del Ministerio de Salud Rafael Espinoza. En definitiva, doce personas para revisar trece mil curriculum y seleccionar de entre ellos 400 trabajadores.
Para ilustrar la faraónica tarea que deberá llevar adelante, se puede recurrir al caso de los profesionales de la salud y enfermero: un total de 2.145 curriculum que deberán ser evaluados por cinco evaluadores de la siguiente manera: realizar una preselección de acuerdo a los antecedentes de los aspirantes según formación académica, antecedentes laborales, actividades docentes, asistencia a cursos, participación en congresos, premios y becas, residencias y trabajos y comunicaciones en el caso de los profesionales de la salud. En el caso de los enfermeros, a la mayoría de esos ítems se le suman otros antecedentes en gestión de servicios o cargos electivos.
A partir de ello, los tribunales deberán realizar una lista con el orden de mérito provisorio que posibilitara concretar el siguiente paso: las entrevistas personalizadas. Y aunque no todos lo que conforman esa lista provisoria no accederán a la entrevista (según el artículo 25 del reglamento el número de entrevistados “resultará de multiplicar por tres (3) el número de cargos a cubrir por cada puesto de trabajo. Dicha convocatoria se realizará siguiendo la prelación que surja del orden de mérito provisorio elaborado por el tribunal Evaluador”), nadie sabe muy bien cómo se cumplirá el anuncio gubernamental de abrir las puertas del hospital en septiembre próximo. Hay que recordar que luego de todo el procedimiento de preinscripción, inscripción y presentación de documentación que aún no ha concluido, los miembros del tribunal deben evaluar los antecedentes, luego citar a las entrevistas, concretarlas, cotejar y sumar los puntajes correspondientes a la suma de los antecedentes curriculares más los de las entrevistas personalizadas, a cinco días de culminadas las entrevistas confeccionar la orden de mérito definitiva, emitir una resolución con la misma que deberá notificarse a los interesados, y espesar dos días más para que los que consideren violados sus derechos puedan impugnar los resultados. Consciente, el gobierno, de que esto último puede resultar un verdadero problema, el reglamento se encargo de advertir que sólo se contemplaran las impugnaciones “En caso de vicio grave o grosero en el procedimiento”.
Los optimistas, sin embargo, sostienen que varias razones son las que explican la confianza del gobierno para abrir las puertas del nosocomio en septiembre. Un porcentaje nada despreciable de inscriptos, dicen, no cumplen con algunos de los requisitos indispensables como el de tener una antigüedad laboral mínima de tres años. Sostienen que ese será el primer filtro importante que aminorará el trabajo de los tribunales. Recuerdan, además, que el gobierno tiene la propia urgencia electoral y la apertura antes de octubre les resulta ahora crucial para entusiasmar aunque más no sea a la barriada. Y no descartan, tampoco, la ejecutividad de la dedocracia a la hora de seleccionar parte importante del personal.
La larga historia
El anuncio de la obra ocurrió en junio del 2009, cuando el gobernador inauguró un playón deportivo del B° Solidaridad y ante una muchedumbre expectante prometió la creación del hospital. La noticia fue celebrada por los presentes. Y es que la mayoría hacía pocos años que se habían asentado en lugar y la idea de contar con un hospital en una de las zonas que se habían convertido de las más populosas de la ciudad no podía más que celebrarse.
La necesidad fue reflejada incluso por los mismos vecinos cuando, en agosto del mismo año, solicitaron a la entonces presidenta del IPV, Adriana Krumpholz, que acelerara el proceso por medio del cual debía determinar cual sería al lugar en el que se levantaría la obras. Silvia Villarroel era la vecina que proclamada referente del B° San Ignacio encabezaba la lista de firmantes solicitando la celeridad correspondiente argumentando, entre otras cosas, lo siguiente: “Urge la instalación de un hospital en la zona, ya que en la misma habitan aproximadamente 90.000 personas, contando únicamente con el Centro de Salud de Villa Lavalle, el cual no sólo se encuentra muy distante de muchos de los barrios del sector, sino que tampoco da abasto a la cantidad de habitantes de la zona”.
Entre el anuncio y el inicio efectivo de las obras transcurrieron once meses. En abril del 2010, el gobernador y la empresa Juan Caros Segura SRL firmaron el contrato que el gobierno presento como el primer paso para dar respuestas de salud a 200.000 vecinos (Informate Salta 21/4/10) y que se empezaría a efectivizar el 27 de mayo del 2010. Los distintos pedidos de informe que realizaron legisladores sobre el desarrollo de las obras, confirman que efectivamente en esa fecha se iniciaron los trabajos que la empresa, contra un pago de $39.633.628, debía entregar en 660 días. Se trataba de 22 meses que se cumplían en marzo del 2012. Han pasado 38 meses desde aquel inicio de obras, es decir 1140 días. Y desde el anuncio de Urtubey 49 meses, es decir 1470 días. La dilación tuvo sus costos: de los 39 millones originalmente presupuestados, se paso a una cifra final de 49 millones por distintas readecuaciones.
