En medio de la polémica nacional por las auditorías a pensiones por discapacidad, se conoció que la esposa del intendente Eugenio Herrera figura como beneficiaria de una pensión no contributiva, sin presentar limitaciones físicas. El caso genera revuelo en el norte salteño y pone bajo la lupa el alcance real de los controles del Gobierno.

 

 

Mientras miles de personas con discapacidad deben recorrer largas distancias para justificar ante el Estado su derecho a una pensión, un caso en Salta pone en evidencia posibles privilegios y falta de equidad en los controles. Elisabeth Magdalena Valerio, esposa del intendente de Iruya, Eugenio Herrera, aparece en los registros del Ministerio de Salud como beneficiaria de una pensión por invalidez, a pesar de no presentar ninguna discapacidad evidente.

 

La información, que trascendió en las últimas horas a través de la web de ANSES, cayó como una bomba en el pequeño municipio norteño. Hasta el momento, ni el jefe comunal ni funcionarios locales ofrecieron explicaciones sobre cómo y por qué se le otorgó dicho beneficio a Valerio.

 

El escándalo se da en el marco de una serie de auditorías que el Gobierno nacional ordenó en todo el país para depurar el sistema de pensiones no contributivas. La medida, según justifican las autoridades, busca erradicar fraudes y asegurar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan. Sin embargo, el caso de Iruya siembra dudas sobre si los controles son aplicados por igual a todos los sectores de la sociedad.

 

La indignación crece entre los vecinos y en redes sociales, donde muchos se preguntan si las auditorías también alcanzarán a figuras del poder político, o si el esfuerzo se limitará a las familias más vulnerables y sin influencias. “¿Se investigará este caso o el rigor del Estado solo cae sobre quienes no tienen contactos?”, se preguntan algunos usuarios.

 

Por el momento, el Ministerio de Salud y la ANSES no emitieron comunicados al respecto. Tampoco se sabe si habrá una revisión formal del caso de Valerio. Mientras tanto, el escándalo continúa creciendo y suma presión a un sistema de pensiones cada vez más cuestionado.