El Programa Incluir Salud (ex PROFE) viene dando qué hablar por las sospechas de irregularidades en la administración de fondos millonarios. Esta situación habría obligado a las autoridades nacionales a reformular los convenios con los prestadores locales y a firmar convenios directos con la sede nacional a cargo de Pablo Atchabaian. (Juan de la Calle)

Sin embargo, en las sospechas también parece caer el Ministro de Salud Roque Mascarello, quien a fines de noviembre del año pasado reunió a todos los acreedores del programa para anunciarles que la Provincia de Salta contribuiría al pago de parte de la deuda. A pesar de que prometió en esa reunión que el anticipo sería de un 40%, el pago al final no alcanzó más que para el diezmo y siguen las quejas.

Nadie sabe quién determinó los montos, cuánto es lo que aportó efectivamente la provincia para este supuesto auxilio financiero, ni cuáles son los instrumentos que la habilitan a pagar deudas de un programa nacional. Lo que sí se sabe es que Saravia es hombre de Mascarello y que el salvataje tendría como objetivo rescatar a una figura comprometida para el caso de que se inicien investigaciones en el juzgado federal.

Los problemas se generaron en Agosto de 2018 cuando los prestadores denunciaron que no les habían pagado los ocho meses de ese año, y que también estaba pendiente el 20% de agosto, septiembre y octubre de 2017. En esa oportunidad se agruparon y reclamaron juntos en la puerta de la Legislatura Provincial los representantes de casi 30 instituciones decepcionadas por la falta de compromiso del gobierno nacional con las personas discapacitadas a las que atiende el programa.

Casi como es una costumbre, los legisladores los recibieron y se fueron con las manos vacías. Todos informaron que desean ayudar a que los discapacitados tengan garantizada la atención por estas instituciones, pero dijeron desconocer que la provincia tenga algo que ver con un programa nacional.

El problema no quedó allí y, durante una interpelación al Jefe de Gabinete Marcos Peña con la intervención del diputado nacional Javier David, los números se blanquearon cuando frente a la crítica a la Nación el funcionario derivó el conflicto a la órbita provincial.

En octubre de 2018 Peña dijo que “en la actualidad el Programa Federal Incluir Salud opera con un plazo de noventa (90) días para el procesamiento y puesta a disposición para el pago, conforme lo definido en el reglamento operativo. La Agencia Nacional de Discapacidad informa que ya se ha firmado con las provincias un nuevo convenio que garantiza las prestaciones/financiamiento hasta el 31/12/2019”.

Lo sabroso vino cuando dio a conocer que: “En concepto de cápitas, la Agencia Nacional de Discapacidad informa que la provincia (Salta) ha cobrado aproximadamente 63.6 millones de pesos habiendo también percibido la suma de 33 millones de pesos en otros conceptos (por ej. Medicamentos). Adicionalmente se ha abonado directo a prestadores de discapacidad, una suma que asciende aproximadamente a 93 millones de pesos y otros 30 millones a prestadores de diálisis” (fuente La Gaceta).

Con esta información quedó en claro el rol de Mascarello, que cuando charló con los prestadores les dijo que la provincia podría desentenderse de estos reclamos pero “prefería” ayudarlos con algunas sumas de dinero.

El responsable de la UGP en Salta del Programa Incluir Salud es Carlos Saravia Leguizamón, quien no ha dejado de reconocer la falta de pago, pero nunca explicó cuáles son los motivos por los que se adeudan cifras abultadas a pesar de que en Buenos Aires se limitan a contestar que todas las partidas ya fueron remitidas a Salta.

La fundación Fundadeport que podría requerir la intervención de la Auditoría General de la Nación y hasta de la Fiscalía Federal para el caso de que se certifique que los dineros fueron enviados a Salta y destinados para otros fines en lo que podría ser una malversación.

Gabriel Olivera, titular de la fundación hizo conocer que el programa a cargo de Saravia le llegó a adeudar hasta 11 millones por los años 2016 y 2017 y que cuando fue a Buenos Aires el director Atchabaian le informó que todo estaba pagado y que debía reclamar en Salta. “La deuda ha afectado seriamente las actividades de la Fundación, al punto que se debieron reprogramar clases, recorridos y actividades de 65 pacientes que atendemos a diario y a quienes les brindamos transporte, tres comidas y rehabilitación. Debemos mantener un plantel de 22 profesionales, cuatro vehículos, personal de apoyo y sede edilicia y estamos prácticamente fundidos porque la plata no aparece”.