El padre del gobernador presentó su descargo en la Dirección de Inmuebles por tres planos denunciados como falsos y con los que busca quedarse con 3.701 hectáreas, de las cuales 2.751 son propiedad del Estado salteño. Paralelamente 20 campesinos reclaman esas tierras para vivir. (Maximiliano Rodríguez)
La presentación la hizo en la Dirección de Inmuebles de Salta, el 4 de septiembre, José Luis Ramos, Ingeniero Civil (MP 4314). Confeccionó originalmente los tres planos a pedido de Rodolfo José Urtubey, padre del actual gobernador. El descargo de Ramos/Urtubey intenta responder los planteos realizados en julio pasado por los abogados Atilio Américo Cornejo y Martín Lecuona de Prat (h), quienes interpusieron un recurso ante Fernando García Bess, titular de la entidad de calle Rivadavia.
El recurso de julio caratula a los planos como “falsos” y denuncia que se omitió la existencia de otros poseedores, también en condiciones de reclamar el derecho de posesión ancestral. A entender de los abogados se omitió señalar en los planos la existencia de puestos rurales y otras construcciones. El fin es convertir a Rodolfo Urtubey padre en propietario de las 3.701 hectáreas en desmedro de la veintena de campesinos originarios de esas tierras y del propio Lecuona de Prat, quien también argumenta ser poseedor a la par de Urtubey.
Para presentar en el juicio de prescripción adquisitiva se necesitan los planos aprobados de lo que se pretende prescribir. En este caso Rodolfo Urtubey podría prescribir todo sin reconocer a los otros poseedores. Los planos presentados buscan la prescripción adquisitiva vía judicial, es decir que son la base para pedir el título de propiedad a favor del padre del gobernador. Los tres planos fueron aprobados por la Dirección de Inmuebles en marzo de 2013 porque contaban con el visto bueno de la Dirección de Recursos Hídricos (Ricardo Fuentes) y del FADMI (Fondo Administrador de los Bienes Muebles e Inmuebles de la Provincia, a cargo de Martin Isasmendi). Ambos organismos estatales habrían visado los planos en 24 horas cuando el trámite ordinario suele demandar meses.
Lo difícil de resolver será explicar por qué estos organismos no hicieron las inspecciones de rigor sobre las propiedades estatales, dando por válidos los planos, sin constatar la existencia de otros pobladores o de la misma posesión reclamada.
Según denunciaron los abogados en el plano 1903 (1.396 hectáreas 3.908 m2. Mat 502. Propiedad de la Provincia de Salta) sólo se indicó como hecho posesorio la existencia de una escuela, omitiéndose la existencia de otros hechos posesorios y de personas que ocupan parte del inmueble mensurado. En total se denuncia que se omitió señalar la existencia de cuatro puestos rurales, uno de ellos, de los descendientes de Bonifacio López, otro puesto de Ricardo Tapia, un tercero de Santos Cruz, Roxana Tapia y familia, Pastor Tapia, Salomé Ramos y familia; y un cuarto puesto que corresponde a Santos Cruz padre y familia.
Casi lo mismo habría pasado con el plano 1904 (950 hectáreas 3.232 m2. Mat 501. Propiedad de Borja Tapia-presuntamente fallecido) porque no se señala la existencia de ningún hecho posesorio, ni de personas que ocupan parte del inmueble mensurado, cuando las fotos satelitales muestran el puesto de Hilario Quipildor y Juana López; el puesto de Gerardo Colque y Juan Guanuco, junto a sus terrenos de cultivo. Tampoco se dibujó el puesto de Arjona Abán y Elena Quipildor y familia, mucho menos sus terrenos de cultivo.
Por último, en el plano 1905 (1.355 hectáreas 5.283 m2. Mat 116. Propiedad de la Provincia de Salta), sólo se consignó la “casa habitación” de Rodolfo Urtubey, omitiéndose la existencia de otros hechos posesorios o personas que ocupan el inmueble mencionado; como serían la casa de Martín Lecuona de Prat y el puesto de la familia Pérez.
Demasiado evidente y bastante repetido: se dibujan los planos a pedido, se los visa rápidamente, se los aprueba y viene el trámite judicial. Todo en silencio. Luego llegan los títulos de propiedad y la posibilidad de venta, alquiler, permuta, fraccionamiento o herencia. Por último llegan los “verdaderos” dueños, y los desalojos del pobrerío… una historia demasiado conocida para estos valles.
Dos para una mensura
En su escrito ante la Dirección de Inmuebles, el ingeniero José Ramos, quien además sería empleado del Ministerio de Derechos Humanos, reconoce haber confeccionado los planos a pedido de Urtubey. Textualmente niega “haber omitido al ejecutar los planos ningún elemento de aquellos que las disposiciones legales y reglamentarias obligan a incluir” y “niega también haber incurrido en ningún tipo de falsedad o haber prescindido de hechos existentes o normas vigentes a junio de 2011”. Ramos incluso explica que hizo el trabajo junto a Urtubey padre: “para ejecutar los planos realicé personalmente, y con la compañía y dirección del solicitante del plano, en el terreno el relevamiento y mediciones necesarias durante el mes de junio de 2011. Al efectuar dichas observaciones además de aplicar los criterios técnicos de rigor, me atuve a las disposiciones de la Dirección General de Inmuebles. En ese marco hace notar que “la Ley sólo se refiere a accidentes topográficos naturales, porque se trata ni más ni menos de un plano topográfico, y no un relevamiento de viviendas o “hechos posesorios” como dice la presentación”.
Evitó profundizar el ingeniero porque es evidente que la existencia o no de otras viviendas en el lugar es sustancial, cuando el plano realizado busca adjudicar derechos de propiedad ancestral, nada más y nada menos que al padre de la máxima autoridad política de la provincia. Pese a todo, la respuesta acude a la resolución 20361/90 de la propia Dirección de Inmuebles, normativa que dispone las características generales que deben los planos a presentarse. A interpretación del profesional de la construcción, de esta resolución surge que “en las mensuras rurales no es necesario incluir las construcciones, sean o no estables”, para luego agregar que “la resolución de marras prevé la posibilidad que puedan levantarse mejoras, canales, accidentes topográficos, etc. que se encuentren dentro de la mensura y que a criterio del profesional sean relevantes”.
Por esto el ingeniero que hizo los planos para Rodolfo Urtubey aseguró que “la impugnación formulada en la presentación del 23 de julio de 2014 no puede prosperar, por tal razón corresponderá desestimarla, lo que así pido, teniendo además en cuenta la presunción de legitimidad que acompaña los actos administrativos, en el caso la resolución que aprobó los planos”.
Por último, el ingeniero, casi como un abogado, afirma que “la posibilidad de hacer valer derechos posesorios no puede depender de una casa o un corral, estén o no dibujados en el plano de un tercero. Por esa razón no asiste a los presentantes que impugnaron el plano un interés jurídico relevante que amerite ser tutelado ni es la dirección de inmuebles el ámbito competente”. La presentación realizada por el profesional contratado por el padre del gobernador, estaría siendo analizado por el área de legales de la Dirección de Inmuebles, la que seguramente remitirá un dictamen a Fernando García Bess, quien deberá resolver entre los pedidos de ambas partes.
Una verdadera brasa al rojo vivo.
