En el mundo del trabajo conviven condiciones diferentes. Los denominados “planilleros” están al margen de toda clasificación legal. En la Tartagal de Sergio “Oso” Leavy, los trabajadores que ganan $1.000 mensuales por siete horas de trabajo diarias, cinco días a la semana, sobrepasan los mil. (D.A.)
Indudablemente, los “planilleros” del norte salteño provienen de las miles de familias que luego de la privatización de YPF quedaron en la calle; trabajadores e hijos de trabajadores que seguramente formaron parte, alguna vez, de los 220 cortes de rutas que se registraron en Salta entre el 2001 y el primer cuatrimestre de 2002 y que tuvieron al norte como escenario principal. La mayoría, indudablemente, provienen de los ya extintos Planes Trabajar. Esos subsidios temporales que luego del estallido social del 2001 alcanzaron a dos millones de argentinos que reunían tres requisitos lamentables: no tener trabajo, ser jefe de hogar y tener chicos en edad escolar. Planes que fueron desapareciendo a medida que se reactivaba la economía y se daba un tipo de crecimiento que en nuestra provincia, al menos, no logró absorber a los excluidos del mundo laboral. Los denominados “planilleros” son un ejemplo de esa condición y un informe de la Auditoria publicado el 24 de julio pasado da cuenta de la importancia del fenómeno en un municipio importante como Tartagal.
Hombres y mujeres que realizan tareas de limpieza en calles y oficinas administrativas, que a veces dirigen el tránsito vehicular bajo el mando de algún inspector o que realizan tareas de maestranza en hogares de niños y ancianos. Personas cuyo calificativo obedece a que aparecen en planillas de control para poder cobrar una suma quincenal. En el 2004 el presupuesto tartagalense incluía en el ítem “gastos varios” la suma de $800.000 destinados a esa figura de trabajador. Ocho años después, el intendente de esa ciudad, Sergio “Oso” Leavy, reconoció que el número de “planilleros” en Tartagal llegaba a los 800 y suponían una erogación de 10 millones. (El Tribuno 13/11/12)
El informe de auditoría recientemente publicado, da cuenta de que un año antes de la confesión de Leavy las cifras eran mayores: 941 “planilleros” que suponía un gasto de $11.117.063. El monto representó en el 2011 un 14,75% del total de erogaciones registradas en la ejecución presupuestaria del municipio. Pero lo que ilustra bien la precaria situación de estos trabajadores es que esos 11 millones anuales distribuidos en casi mil trabajadores representaron en el 2011 sólo 28% de lo que empleó el municipio para pagar a sus trabajadores debidamente registrados: 28 profesionales contratados, 41 empelados de planta política, 385 de planta permanente y 26 contratados.
La condición en la que viven los “planilleros” trasciende, sin embargo, lo estrictamente económico al incluir aspectos de abierta exclusión jurídica. Y es que aún cuando el personal registrado también sufre la precariedad laboral por su condición de “permanente” o “no permanente” y dentro de esta última categoría como “contratado” o “transitorio”; el “planillero” ni siquiera accede a esas categorías. De allí que los auditores no dudaran en concluir que el municipio transgrede abiertamente la normativa en tanto a este tipo de trabajadores no les resulta aplicable normativa alguna. La anomalía significa que los “planilleros” tampoco son pasibles de sanciones disciplinarias u objeto de delegación de facultades ni asignación de misiones o funciones; pero tampoco cuentan con representación gremial ni los aportes correspondientes al Régimen Nacional de Seguridad Social y Obra Social. Sin olvidar que, según lo declaró el Jefe de Personal tartagalense, esos trabajadores prestan servicios siete horas diarias durante cinco días a la semana por una cifra mensual -$1.000- significativamente menor al salario mínimo de $2.300 fijado por el Consejo Nacional del Empleo y la Productividad en el año 2011.
Menos costos y fragmentación
La actual condición de muchos trabajadores precarios posee una historia que se remonta a los inicios mismos del menemismo. Fue en el año 2001 cuando se sancionó la Ley Nacional de Empleo que, según el discurso aún imperante, serviría para fomentar la creación de empleos y la adaptación de los argentinos a la nueva cultura laboral: un trabajador móvil y flexible, capaz de brincar de un puesto a otro y que debía olvidarse de los contratos seguros y a largo plazo.
La ingeniería jurídica se presentó originalmente para las empresas privadas, pero fue adoptada por los Estados que así buscaban ahorrar costos precarizando el trabajo. La lógica funcionó para estados provinciales y municipales, pero en localidades como Tartagal también sirvió para ahorrar costos de otra forma: rescindir contratos con Cooperativas de Trabajo encargadas de obras públicas menores y hacer que los trabajos se terminen con “planilleros”. La situación presenta una ventaja adicional: fragmentar a los distintos sectores del trabajo que compiten entre sí aún cuando todos son víctimas de un mismo modelo de precarización.
Todo esto en un escenario de abierta anarquía municipal a la hora de ejecutar obras públicas. Conviene recordar que los auditores certificaron que la gestión Leavy en Tartagal no detalló la fuente de financiamiento de 16 obras durante el 2011; no informó el costo total de cuatro obras de pavimentación; y según el análisis de documentación que Leavy sí puso a disposición de los auditores, muchas de las obras efectuadas por terceros y por la administración municipal no registran los procedimientos de contratación adoptados ni la documentación técnica de ejecución de obra que exigen la Ley Nº 5.348.
Paraíso clientelar
La condición de vida en la que sobrevive el “planillero” también es caldo de cultivo para el despliegue de políticas clientelares. Es lo que posibilita un tipo de relación entre el municipio y los ciudadanos que no está regida por normas legales, sino por la discrecionalidad del intendente y sus funcionarios. Ese tipo de discrecionalidad pudo ser corroborada en mecanismos que trascienden al tema de los “planilleros”. Cuando los auditores entrevistaron al Secretario de Desarrollo Humano del Municipio, Pedro Rojas, sobre los criterios a la hora de distribuir la ayuda social, éste manifestó: “la indigencia se nota en la persona, a veces con eso, más el informe negativo del ANSES, basta para terminar el trámite. Se trata de hacer en todos los casos el informe socio ambiental, en caso de urgencia esto se omite. En los casos de ayuda de menor envergadura no se hace resolución, los pagos se hacen en Tesorería”. Conclusión obvia: no hay en Tartagal sistemas objetivos de selección al momento de otorgar subsidios a terceros.
La mecánica no es distinta en el caso de los “planilleros”. Al menos eso dijo el Jefe de Personal en la entrevista que le realizaran los auditores: “Cada Secretaría dispone de un monto mensual ‘tope’ que será destinado a la contratación y pago del personal transitorio, luego tesorería abona quincenalmente en base a la información de las planillas”. Otra conclusión se impone: la facultad que poseen el intendente y sus funcionarios políticos de convertir el derecho al trabajo o a la asistencia en un favor personal… son totales. Esa posibilidad es, justamente, la condición para que la asistencia devenga en dependencia política.
Un “Oso” incorregible
El último informe de auditoría sobre Tartagal había sido publicado en noviembre del 2011 y en él se habían registrado 162 observaciones que daban cuenta de las irregularidades de la gestión Leavy en Tartagal. En el informe publicado el pasado jueves 24 y que se puede consultar en la web del organismo, las observaciones llegaron a las 42 pero a una misma conclusión: “Con respecto al Estado de Ejecución Presupuestaria (…) no existe certeza de la integridad de la registración de todas las aplicaciones de fondos, ya que el ente no cuenta con un Sistema Contable Integral e Integrado (…) Esta auditoría opina que no presenta razonablemente la misma y no se expone de conformidad con lo requerido por la legislación (…) Con respecto al Estado de Deuda [de Tartagal] ésta auditoría se abstiene de emitir opinión, ya que el ente auditado no ha provisto el citado informe”.
Lo último puede explicarse fácilmente: los auditores chocaron con falencias documentales irremediables: uno de los aliados de peso del Grand Bourg y que conduce el estratégico distrito electoral de San Martín -Sergio “Oso” Leavy- no poseía documentación clave (Estado de la Deuda del Tartagal, Libro Banco y Conciliaciones Bancarias) o contaba con certificaciones a medias en cuestiones vinculadas a los procedimientos de contratación y ejecución de obras “tanto de las efectuadas por contrato como por Administración Municipal”. El tema no es menor si se considera que ese municipio aprobó para el año auditado un presupuesto de gastos por $61.998.713, luego incrementado a $83.457.113, aunque terminaron gastándose sólo $75.352.220 lo que suponía una sub ejecución de poco más de 8 millones.
