La manifiesta crisis del aparato policial llevó al gobierno a realizar una depuración. El porqué de una decisión que probablemente resuelva poco y que aún no toca el meollo de la cuestión. (Aníbal Roldan)
No por casualidad este año la crisis de la policía provincial estalló de un modo tal que el gobierno se vio obligado a realizar una depuración: más de 30 efectivos fueron separados y en su mayoría tras el escándalo generado por el último caso de narco-policías.
Los hechos merecieron amplia cobertura mediática y hubo consenso en que los problemas están ligados al negocio del narcotráfico y la brutalidad con la que se mueven sus efectivos. Pocos, sin embargo, bucearon profundamente en el asunto. Para los lectores de este semanario, los graves hechos ocurridos no fueron del todo sorpresivos, puesto que, por lo menos desde hace cuatro años, en estas páginas venimos informando rigurosamente las continuas trapisondas policiales.
Ya cuando Alejandro Cornejo D’Andrea anunciaba su salida de la cartera de Seguridad sobre su gestión pesaban casos de torturas, abusos sexuales, gatillo fácil e incluso habían caído policías transportando cocaína en patrulleros del 911. Sin embargo, los hombres con poder de decisión eran reacios a entregar algunas cabezas. El sostenimiento de Marcelo Lami al frente de la fuerza fue prueba de ello. Siendo, como era, un hombre que dirigió Drogas Peligrosas, de algún modo estaba al tanto de los ilícitos más grandes de la institución y una profundización de cualquier investigación llevaría a conexiones sumamente peligrosas.
Finalmente Lami se retiró de su cargo ileso pese a tener infinidad de ángulos para ser separado, disfrutando así, de una notable impunidad, la cual dejó en claro el peso alcanzando al interior de la fuerza. Algo similar ocurrió con Juan Carlos Miguez, exjefe de la Unidad Regional Nº4, bancado hasta último momento. No importó que fuera señalado como el líder de una banda narco que se enfrentó con Gendarmería a los tiros ni que fuera un especialista en realizar escuchas telefónicas porque término siendo removido por denuncias de violencia de género y sin conocer su sumario.
Antes de los intentos “depurativos” se buscó desarmar a la peligrosa Brigada de Investigaciones y a la sección de Drogas Peligrosas aunque esto no produjo una mejora, con lo cual no quedó otra que llevar adelante cambios de algunas figuras. Entre ellos se puede destacar: que el nuevo jefe de la Dirección General de Seguridad es Miguel Ángel Córdoba, mientras que el director de Investigaciones será Emilio Albornoz y el de Estrategia, Aureliano Guanca. Además, el nuevo director de Educación Policial será Manuel Díaz; María Mamaní será la responsable de Recursos Humanos. También hubo cambios en las unidades regionales: Gustavo López asumió en la N°1; en la Nº 2, Jorge Tala y en la N º3, Olga Sánchez. En tanto, en la Unidad Nº 5 el nuevo jefe será Armando Coronel y en la N º6, Edgardo Erazo.
El peligro real
Con todo lo sucedido resulta fácil decir que en materia de Seguridad existe un equilibrio precario y que no todo se relaciona con los últimos casos de narco-policías porque los peligros van mucho más allá. Nadie, absolutamente, nadie habla de algunas balaceras -“ajustes de cuentas”- que pretenden hacerse pasar como inadvertidas. Un ejemplo es el crimen del “Chaqueño Ale”, un hombre que apareció mutilado en Hito 1, localidad ubicada en el punto tripartito entre Argentina, Bolivia y Paraguay. El hecho ocurrió en junio y según se pudo conocer, fue planeado por sicarios que lo sorprendieron en una zona de monte del Chaco ya que el tipo tenía importantes deudas con un clan que maneja el contrabando en la frontera. Poco antes, los mismos sicarios habían baleado a un puestero de la zona, familiar del chaqueño Ale, quien fue emboscado y recibió varios disparos que lo alcanzaron en la cabeza y en el abdomen, aunque logró huir del lugar y salvar su vida.
Otro hecho llamativo sucedió en julio, cuando un joven de 23 años recibió al menos tres impactos de bala, dos en el abdomen y otro en la cabeza, en un claro ajuste de cuentas llevado a cabo en el barrio 23 de Agosto, jurisdicción de la comisaria de villa El Sol. En la misma tónica, durante agosto, en el Barrio Constitución, se encontró el cuerpo sin vida de Ezequiel Mariano Villa, un tachero que apareció con dos balazos en su cabeza.
Ahora, conviene destacar un detalle que se repite en todos los casos: en un primer momento intervienen efectivos de las comisarias más cercanas pero luego son miembros de la Brigada los que se hacen cargo del desarrollo investigativo. Y como era de esperar, nunca quedaron debidamente aclarados los casos.
“A varios no les interesa que se sepa más”, susurra una fuente policial off the record a este cronista. Según el informante “existen intereses” para que no se avancen en las mencionadas investigaciones. Como sea, lo cierto es que ni entre los periodistas, ni entre miembros de la justicia se habla al respecto.
Aún faltan muchas “sorpresas” por conocerse. Algunas de las cuales tienen que ver con “balas misteriosas” pero también con dinero en efectivo. Ocurre que las cajas principales que maneja la institución no sólo son las que vienen del narcotráfico y la prostitución, sino que, además, controla una para nada menor como lo es el dinero que cobra por servicios adicionales; buena parte de esa plata se adeuda a efectivos rasos, quienes se encuentran atentos ya que sospechan que los altos mandos se “patinaron” algunos pagos.
Veremos más adelante cómo evoluciona la crisis, pero como quedó dicho, lejos está de haber terminado. Eso será el comentario del año que viene.
