En la cámara que preside Manuel Santiago «el indio» Godoy los gastos reservados no son sólo para viáticos, pasajes y alojamiento, también se pagan sueldos abultados y fuera de la ley.
En el universo de la administración pública existen realidades cuasi-míticas de las que nadie parece tener pruebas, pero tampoco dudas. Se trata de certezas difíciles de comprobar, aunque sencillas de percibir. Y cada vez que algún representante es consultado al respecto, sea quien fuere, deja entrever sus intenciones de cambiar de tema.
Cada vez que en el ámbito público se habla de los «gastos reservados» de tal o cual dependencia estatal, un espectro nebuloso sobrevuela la discusión. Aunque una serie de debates y cuestionamientos llevaron a que hoy el rubro mencionado sea casi una mala palabra, cuando se trata de maquillar números, no hay retórica que alcance. En la legislatura que preside Manuel Santiago «el indio» Godoy, a esto parecen tenerlo muy en claro.
El ítem «Gastos reservados» fue eliminado de la norma presupuestaria en el año 1997, y desde entonces, el poder legislativo no puede echar mano de manera discrecional a buena parte de los fondos que envía el ejecutivo provincial. Hasta ahí lo escrito. No obstante, hay algunas mañas que nunca se pierden. Las partidas no dejaron de enviarse desde aquel año, sino que fueron distribuidas en otros rubros, lo que hizo aún más difícil su control.
Pasajes de avión, estadías, viajes al extranjero, alquileres, servicios de catering, eventos, todo puede ingresar en la dimensión desconocida de los «gastos reservados».
Aunque muchos de estos ítems bien podrían encuadrarse dentro del rubro «viáticos», la cosa se torna menos justificable cuando abarca nombramientos a dedo y cuantiosos sueldos a cargo del erario público. Mucho más aún si las personas involucradas cobran por tareas en expresa incompatibilidad con otros cargos dentro de la función pública.
Entre los últimos movimientos financieros de la cámara de diputados de la provincia -cuya máxima autoridad, Manuel Santiago Godoy, no puede desconocer-, se observan pagos mensuales por $115.684,85 a Claudia Patricia Farjat Morizzio, por actividades que no quedan del todo claras, pero que refieren a «servicios comunes» según la denominación de AFIP. Los desembolsos datan de, al menos, los últimos cuatro meses. En su perfil profesional Farjat Morizzio describe sus funciones como: «Servicios generales de la administración pública (incluye el desempeño de funciones ejecutivas y legislativas de administración por parte de las entidades de la administración central, regional y local, la administración y supervisión de asuntos fiscales)».
Hasta aquí podría tratarse tan sólo de un empleado con privilegios y buen pasar como tantos de los que el manto de la política suele acobijar, pero ocurre que Claudia Patricia Farjat Morizzio ostenta además otro cargo público cuyo sueldo es todavía mas abultado. Al margen de la multiplicidad de actividades que la profesional ofrece, la ley prohíbe expresamente el desempeño de más de un cargo público en la provincia. Concretamente el artículo 62 de la Constitución Provincial en su apartado «Incompatibilidad e inhabilidades» plantea: «Es incompatible el desempeño simultáneo de dos o más cargos públicos, salvo la docencia y las excepciones que determine la ley». Y es aquí donde el caso de Farjat Morizzio adquiere visibilidad.
En septiembre de 2013, el por entonces ministro de educación Roberto Dib Ashur, firmó la afectación de Farjat Morizzio como maestra de jardín de infantes de la Escuela N° 4775 «Elsa Salfity» del Barrio Siglo XXI en la ciudad de Salta. Su contrato fue prorrogado en los años subsiguientes y se extendió a diciembre de 2019. Por sus funciones, la maestra cobra $161.712,43 mensuales, monto que sumado al facturado a la cámara de diputados llega casi a $280 mil, esta vez bajo la modalidad de «empleo público provincial». Aunque la ley nombra expresamente a la docencia como excepción a la norma, se trata de casos en los que el empleado se desempeña en más de un turno, pero siempre dentro de la actividad mencionada.
Cosa de compañeros
Contar con alguna experiencia en el terreno electoral puede ser un buen antecedente si lo que se quiere es progresar en la carrera pública. En 2010 Farjat Morizzio integró la lista de concejales del FREJUVI -encabezada por Arnaldo Abel Ramos- en décimo lugar. El frente en cuestión apoyó la candidatura de Lucas Godoy como diputado provincial.
En 2011, además, participó de la interna justicialista como candidata a concejal por Capital en 4to término por la lista «Lealtad justicialista», que llevó a la actual senadora provincial Silvina Abilés como cabeza de lista. La justicia electoral, por entonces, realizó observaciones a su candidatura puesto que su nombre aparecía también en la lista «Frente dirigencial peronista», lista que encabezó Rubén Darío Cáceres. A pesar de su doble candidatura, Farjat Morizzio no logró hacerse un lugar entre los aspirantes a una banca en el órgano deliberativo.
Suspicacias aparte, los reales cuestionamientos en torno al caso puntual deberían girar en torno a la máxima autoridad de la cámara baja quien, de mínima, puso su firma para autorizar la contratación irregular e ilegal de personal. Surgen también otros obligados interrogantes en función de que el caso de Farjat podría no ser el único en el ámbito de la legislatura, lo que llevaría a preguntarnos: ¿Hasta dónde llega el desmanejo de las cuentas públicas permitido y promovido por «el indio»?, ¿Cómo es que, por mucho menos, municipios y otras dependencias provinciales afrontan rigurosas auditorías y la legislatura no levanta ni sospechas? Los dieciséis años que Manuel Santiago Godoy lleva en la presidencia de la cámara de diputados le prohíben alegar desconocimiento o ligereza ante semejantes anomalías. Su pendulante experiencia política lo llevó de la más rancia derecha neoliberal, al centrismo urtubeicista para recalar finalmente en el progresismo post-macrista. Todos esos años debieran haber sido suficientes como para no dejar pasar semejantes chanchullos. Las coyunturas y los gobiernos pasan, también los modelos políticos de país y de provincia, pero el sempiterno Godoy y su desvergüenza encuentran siempre amparo en el albergue de la política.
