El financiamiento de las campañas políticas sigue insondable. Casi todos los candidatos ocultan el origen del dinero con el que pagan publicidad en medios, redes, gráfica y otras actividades proselitistas. En la capital salteña la candidata a Intendenta Bettina Romero aparece bajo la sospecha de que no solamente direcciona ilegalmente recursos municipales para su propio beneficio electoral, sino que podría contar con disimulados aportes de empresas que se vieron polémicamente beneficiadas con su gestión.
Comenzó formalmente la campaña electoral, aunque para Bettina Romero esto no implica una novedad luego de que la totalidad de sus acciones de los últimos tres meses son gobernadas por su aspiración a la reelección en el sillón del Centro Cívico de la Avenida Paraguay.
Aunque la mayoría de las encuestas le informan que son veinte los puntos que tiene que revertir -aproximadamente 70.000 votos- ella sigue convencida del poder del dinero, las presiones cotidianas y un rotundo cambio de actitud, puede alcanzar su objetivo.
Lo que se espera en la Capital es una batalla que ya se presentó como un “todo o nada”, y que implicó de movida infamias por redes sociales dirigidas a su principal adversario y utilizando dinero del presupuesto municipal. Sus contendientes padecen a diario la indiferencia formal e intencionada de los medios de comunicación del romerato y, en las sombras, la desacreditación paga operada por sus vasallos.
No asombra el despliegue de recursos para quienes han visto que la ausencia de obras y de políticas públicas genuinas ha obedecido a la necesidad de acumular reservas para este tiempo. Las cobranzas de los tributos municipales durante más de catorce meses hablan de más de $200.000.000 que fueron a las arcas de la campaña. Más de $110.000.000 se cobraron ilegalmente el año pasado aplicando maliciosamente el Código Tributario Municipal, y otros $80.000.000 ingresaron cuando dispusieron una recategorización que todavía no fue revisada por la timidez de los concejales y la complicidad del resto de los funcionarios.
A esto se deben agregar $ 341.420.148,99 de publicidad oficial durante el 2021 y $ 330.715.942, sólo durante los primeros siete meses de 2022 (según informaron a la justicia en un amparo presentado por Salta Transparente), más aproximadamente $74.500.000 de Consultoras Publicitarias de Gustavo Buchbinder con asiento en Buenos Aires que Agustina Gallo Puló y Valeria Capisano no quieren explicar al Concejo Deliberante. Este empresario está relacionado con Marcelo Montefiore de Itrospect, quien asesora también al candidato a Gobernador Emiliano Estrada. A ambas agencias se le atribuyen las operaciones non sanctas dirigidas a socavar, también, al propio gobernador Gustavo Sáenz.
Así las cosas, a estos más de $750.000.000 también corresponde adicionar el uso ilegal para campaña de cartelería pública en la que se consignan fotos y el nombre de Bettina, al igual que la impresión de publicidad que se difunde en el diario familiar –que también se paga con fondos de todos-, y los videos que se propagan por medios televisivos. Es bueno preguntarse si, semejante despliegue justifica otros cuatro años de la opaca gestión de la alcaldesa.
No todo que ahí, puesto otras violaciones a la ética pública se advierten en la conformación de listas del romerato en la capital. Todos sus funcionarios de gabinete revisten la condición de candidatos, entre quienes se cuentan la Jefa de Gabinete Agustina Gallo y los Secretarios Federico Casas, Valeria Capisano, Susana Pontussi, Josefina Chavez Díaz, Jacqueline Cobo, Jose Ginocchio y María Eugenia Angulo. A contrapelo de lo que manda la ética, y mientras en muchos gobiernos se ordena a los funcionarios que se postulan pedir licencia o presentar renuncias, Bettina prácticamente los autoriza a inclinar o dirigir las acciones públicas solamente en beneficio de quienes la acompañen en su proyecto político. Actualmente se los ve a todos ellos sacrificando horas de trabajo para hacer la corte de una intendenta que no ha mostrado mucho trabajo ni obras en los más de tres años de mandato.
No son pocos los que sospechan que no solamente de la lata del municipio salen los recursos de campaña, sino también de aportes que habrían realizado las empresas que se han beneficiado con los negociados durante esta gestión. Los voluminosos incrementos en el precio mensual de $454.000.000 que se pagan a Agrotécnica Füeguina (el contrato por 10 años equivale a $54.480 millones); la sospechosa contratación de la empresa CETRAICA con la que se colocarán los controles de velocidad; y la continuidad de la cuestionada Lusal con un convenio por $3000 millones escasamente justificados con el servicio efectivamente prestado, son algunos de los bolsillos con los que contaría el proyecto reeleccionario.
Así las cosas, existen evidencias suficientes para sostener que Bettina Romero, y un séquito de funcionarios en el que sobresale por su ingenio el monje Daniel Nallar, dedicaron tres años a montar una estrategia publicitaria que, sin éxito, quiso vender a la opinión pública que “hace todo bien”. En contrario a este pregón, lo que ha quedado como conclusión es que con los cientos de millones dilapidados podrían haber mejorado, siquiera un poco, la calidad de vida de sus vecinos.
