En este proceso, como en tantos otros, el narcotráfico se presenta no solo como un delito, sino como una verdadera estructura social y económica que no se detiene ante nada, ni siquiera ante la mirada atónita de una sociedad que ya comienza a normalizarlo.
En la región noroeste de Argentina, la violencia del narcotráfico sigue su curso imparable. La noticia de la detención de Roberto Carlos Leitón, integrante de una organización narco criminal dirigida por Gustavo Tolaba y su pareja Martina Oliva, pone en evidencia las profundas raíces que este flagelo ha echado en Salta. Este operativo, que culminó en la captura de Leitón tras una fuga que parecía ser el último escape, revela mucho más que una simple persecución: es la manifestación de una realidad que, como un espectro, habita los rincones más oscuros de la provincia. En este proceso, como en tantos otros, el narcotráfico se presenta no solo como un delito, sino como una verdadera estructura social y económica que no se detiene ante nada, ni siquiera ante la mirada atónita de una sociedad que ya comienza a normalizarlo.
El 5 de febrero, después de tres meses de minuciosas investigaciones, se concretó un operativo clave para la desarticulación de esta banda. En la ciudad salteña, un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) permitió la detención de Gustavo Tolaba, Martina Oliva y Ángela Cuenca, quienes viajaban en una camioneta Toyota Hilux que había sido interceptada en el ex peaje Aunor, en el acceso a la ciudad. El operativo, sin embargo, no se limitó a esa captura: el auto en el que viajaban Romero y Leitón, que viajaba detrás de la camioneta, intentó escapar al notar la presencia de los efectivos policiales, lanzando a la fuga, como último acto desesperado, los panes de marihuana que transportaban.
La huida no fue suficiente para eludir la justicia. Mientras Romero fue detenido en las inmediaciones de la ruta 9/34, Leitón, tras abandonar el auto en un intento por escapar, se esfumó en la noche. La policía no descansó, y al día siguiente, con el análisis de comunicaciones y redes sociales, lograron rastrear a Leitón hasta su hogar en Orán, donde finalmente lo arrestaron. Un día más tarde, la fiscalía formalizó la imputación contra él, junto con Tolaba, Oliva, Cuenca y Romero, por el delito de transporte de estupefacientes agravado.
La estructura narco criminal liderada por Tolaba y Oliva no es, como muchos piensan, un conglomerado de individuos aislados. Es una red compleja que mueve millones de pesos en ganancias y que se extiende por toda la provincia, hasta los confines con Bolivia, desde donde se trae la droga a través de la modalidad de mochileros. Orán, una ciudad clave en el norte de Salta, funciona como un punto de acopio para esta mercancía ilegal, que luego se distribuye a distintos puntos de la provincia. Es aquí donde el narcotráfico se cruza con la cotidianidad de una población que parece desbordada por la desesperación, y donde los “changarines”, como se les conoce a los pequeños operadores del tráfico, se convierten en piezas desechables de una máquina que los consume y los expulsa con indiferencia.
El caso de Leitón revela no solo las prácticas ilícitas de transporte y distribución, sino también el modus operandi de aquellos que creen estar por encima de la ley. Tras su fuga, Leitón trató de borrar sus huellas: desechó su teléfono celular, aquel que había estado siendo intervenido, y adquirió una nueva línea a su nombre. Sin embargo, el rastreo de las comunicaciones llevó nuevamente a la policía hasta su puerta. La intervención de los fiscales fue decisiva para cerrar el cerco: con pruebas contundentes sobre su vinculación con Tolaba y otros miembros de la organización, los fiscales pidieron la prisión preventiva de Leitón, medida que la jueza federal Mariela Giménez aceptó sin vacilaciones.
El drama de Salta no es único, pero sí es representativo. El narcotráfico ha transformado a la provincia en un territorio de disputa, donde las reglas de la moralidad se desvanecen ante el atractivo de una industria multimillonaria que corrompe tanto a quienes la gestionan como a quienes la padecen. Las ganancias que la organización de Tolaba obtenía por cada viaje de droga, que rondaban los seis millones de pesos, sirven como una muestra más de la magnitud del negocio que se maneja desde las sombras. Esa misma cantidad fue hallada en la casa de uno de los detenidos, José Burgos, quien esperaba el pago por los 15 kilos de marihuana que el grupo transportaba.
Lo que no se dice, pero se deja entrever en cada uno de estos operativos, es el modo en que el narcotráfico ha permeado la estructura social, política y económica de Salta. La línea que divide a los narcotraficantes de los comerciantes, los “trabajadores” de los narcos, cada vez es más difusa. ¿Es posible que, en algunos casos, el narcotráfico sea visto como una oportunidad económica ante la falta de alternativas? La respuesta está en las redes sociales de Oliva, quien, con una apariencia de comerciante o influencer, se presenta como un rostro limpio que, al igual que el resto de la banda, se encarga de ocultar la verdadera naturaleza de su actividad. La imagen construida, de alguna forma, permite que estos actores sigan operando casi con impunidad, mientras la justicia y la policía, a pesar de sus esfuerzos, luchan contra una realidad que se les escapa de las manos.
Así, la historia de Roberto Carlos Leitón no es solo la de un hombre que se vio acorralado por la justicia. Es la historia de un engranaje, invisible y desconcertante, que marca la vida de muchos, y que tiene su reflejo en la compleja red de intereses, pasiones y necesidades que sostiene al narcotráfico en Salta. Una red que no cede, que se adapta, que se reinventa y que, en definitiva, sigue ganando terreno. En este escenario, las detenciones como la de Leitón son solo una victoria parcial en una guerra sin fin.
