El oficialismo de la Cámara Baja dio media sanción a un proyecto para cambiar los regímenes tributarios para quienes explotan inmuebles rurales propiedad de la Provincia. Un proyecto a medida de Salta Forestal, más cotillón que medida progresiva. Nicolás Bignante
El martes pasado la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó un proyecto de Manuel Santiago Godoy (PJ) que busca “regular con mayor eficacia condiciones económicas para la explotación de inmuebles rurales de propiedad del estado provincial”. La descripción del proyecto, advirtieron algunos legisladores, parece hecha a medida de Salta Forestal, emprendimiento sojero que explotan las firmas Cresud —de Eduardo Elsztain— y Ecodesarrollo S.A., vinculada a la familia Olmedo. En pocas palabras, la iniciativa de Godoy promete hacer efectivo el cobro a los concesionarios de tierras estatales entre los que se encuentra Salta Forestal, sin embargo, los motivos para dudar son muchos.
El contexto en el que la medida se debate es bastante peculiar: un año atrás el Gobierno de la Provincia publicaba los decretos 24/2017 y 67/2017 que establecían una suerte de condonación de deudas en favor de la empresa Ecodesarrollo S.A. Se trata del canon establecido por la ley 7.623, fijado en un 10% del valor de la producción por la explotación de tierras fiscales. Los decretos llevan la firma del gobernador.
Claro está que fijar nuevas condiciones para el cobro de ese dinero no garantiza necesariamente que tal operación vaya a concretarse, al menos en el corto plazo. Todo apunta a que el oficialismo busca darle un tratamiento al asunto en la Cámara de Diputados un año después de que el Ejecutivo pasara por encima de las facultades de ese mismo cuerpo. Sin embargo, no es la primera vez que el oficialismo intenta blanquear en la Cámara los decretos de enero de 2017. En septiembre del año pasado, el Gobierno envió un extenso proyecto de 140 artículos que, en palabras de sus impulsores, buscaba “incentivar la producción” y que se conoció como Ley ómnibus. El artículo 109 del proyecto decía: “Ratifícase el Convenio Transaccional suscripto el 11 de Enero de 2017, entre la Provincia de Salta, representada por la Sra. Fiscal de Estado y la firma Empresa Eco Desarrollo Salta S.A., aprobado por el Decreto Nº 67/2017”.
En 2017, los cálculos que hacían los legisladores del Partido Obrero (PO) estimaban la deuda en $300 millones. Hoy, con la disparada del valor del dólar, los montos rondarían el doble de esa cifra. El Estado provincial condonó una deuda de la cual no es titular, ya que el 50% de lo que debe recaudarse por ley se deriva a los municipios de Las Lajitas y Joaquín V. González. El presupuesto 2018, sin embargo, calcula el aporte de Salta Forestal para este año en apenas $3 millones por explotar cerca de 300 mil hectáreas. Cifras desproporcionadas. ¿Los intendentes de los municipios afectados? Bien, gracias.
El texto del proyecto apunta a reformular aspectos administrativos y técnicos para efectivizar el cobro del canon, como si el dinero no se hubiese podido cobrar durante una década por culpa de vericuetos legales. Lo cierto es que los vínculos entre Olmedo, Elsztain-Cresur y el Estado se han mantenido a lo largo de los diferentes gobiernos, más allá de la legislación vigente. Cuesta creer a estas alturas que una decisión política como la de condonar semejante cifra de dinero a Salta Forestal tenga que ver con tecnicismos u obstrucciones jurídicas.
Pero hay otro factor que vale la pena considerar para poner en contexto la discusión que se llevó adelante el martes. Todo esto transcurre mientras se aguarda por la resolución de la Justicia sobre la denuncia presentada el año pasado por el PO. La presentación judicial se hizo contra el gobernador Juan Manuel Urtubey bajo la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario —recaudar las rentas de la provincia— y fraude a la administración pública. El juicio se encuentra en su etapa final, de hecho, el juez Guillermo Posadas ya emitió su voto.
Uno de los que impulsó la denuncia fue el diputado Claudio Del Plá del PO, quien salió al cruce en el recinto. “Es una puesta en escena de un Gobierno que está ajustando de verdad sobre los trabajadores. Quieren poner sobre la mesa la idea mentirosa de que quieren ajustar sobre los que explotan tierras fiscales, cuando son sus amigos y no les quieren cobrar un peso” manifestó.
“Ahora aparecen diciendo que quieren cobrar después de 8 años que no cobraron. Es un acto de impostura. El problema no es hacer más eficaz la cobranza, sino querer cobrar. El ajuste no es contra los terratenientes o contra los parásitos del estado como Olmedo y compañía, sino contra los trabajadores. Que esa renta se aplique para el desarrollo de los pueblos más pobres de la provincia” sostuvo Del Plá.
Por su parte, el diputado Pedro Sández manifestó: “El padre del diputado Alfredo Olmedo y Cervera desmontaron como quisieron y se burlaron de todos nosotros no poniendo un sólo peso por usar las tierras del Estado provincial, además no existieron controles sobre la utilización de las mismas”. El clima en el recinto terminó de caldearse cuando el legislador trató de “basura” al legislador nacional.
El diputado Guillermo Martinelli (UCPS), en tanto, resaltó que “El Poder Ejecutivo ha intentado hacer a la cámara de diputados y senadores, cómplices en un tema de condonación de deuda, que en el tiempo salía 300 millones de pesos”.
Larga data
Los vínculos entre el Estado y los explotadores de Salta Forestal se remontan a la primera gobernación de Juan Carlos Romero. El gobierno y los socios de Ecodesarrollo S.A. —Alfredo Olmedo padre y Néstor Cervera— firmaron la concesión de 350 mil hectáreas por más de 60 años. El acuerdo era escandaloso: el estado comenzaría a cobrar el canon a partir del vigésimo primer año.
Con el tiempo, la firma Ecodesarrollo se divide y el estado autoriza mediante una resolución la concesión de más de 130 mil hectáreas a la firma Cervera Agropecuaria S.A., que pasaría más tarde a manos de Cresur, cuyo propietario es el empresario Eduardo Elsztain.
A todo esto, el diputado de la campera amarilla insiste cuantas veces puede en desvincular a su familia de Salta Forestal, haciendo alusión a la transferencia que hiciera a un tercero hace pocos meses. “Dicen que han hecho una transferencia hace menos de un año, pero todo indica que sería una transferencia intrafamiliar, es decir, de esas que cambian a quien figura en los papeles, pero no cambian la realidad de quien es el propietario. Además, esto no cambia el tenor de nuestra denuncia porque abarca el periodo 2010-2016, cuando los dueños efectivamente eran la familia Olmedo”, cuestionó Del Pla.
