El caso de Atta Gerala en Morillo no es el único ejemplo de las concesiones que la Justicia a veces le hace al poder local. Son varios los casos de intendentes exonerados con argumentos dudosos, en una provincia donde más de una decena de jefes comunales han pasado por tribunales sin que sus situaciones terminen de resolverse con claridad.
Jerson De Cecco
La escena se repite con una persistencia que inquieta: causas judiciales de alto impacto, investigaciones extensas, fiscales que describen tramas de poder casi omnipresentes… y, finalmente, absoluciones que parecen diluir todo en una bruma de dudas razonables. El caso del exintendente de Morillo, Atta Gerala, encaja con precisión en ese patrón.
La Fiscalía había sido contundente: en Morillo “no se movía un alfiler” sin que el jefe comunal lo supiera. Sin embargo, esa presunta omnisciencia política se volvió, en la lectura judicial, una hipótesis insuficiente. El Tribunal Oral Federal 2 decidió absolverlo por falta de pruebas concluyentes, pese a que enfrentaba cargos de contrabando agravado, robo en banda y malversación de fondos públicos en el marco del escandaloso desguace de un ramal ferroviario.
El fallo no sólo desestimó el pedido de once años de prisión e inhabilitación, sino que dejó una sensación incómoda: la de un expediente robusto que, en el momento decisivo, no logra atravesar el umbral de la certeza judicial. Paradójicamente, mientras el supuesto engranaje central de la maniobra quedó liberado de culpa, un eslabón menor —un oficial de policía— terminó condenado. Como si, una vez más, el sistema confirmara aquella vieja máxima de que el hilo siempre se corta por lo más fino.
Los jueces valoraron el “enorme trabajo” de la fiscalía, pero concluyeron que las pruebas no alcanzaban para quebrar el estado de inocencia. El problema, sin embargo, no es jurídico en abstracto, sino político en concreto: ¿cómo se explica que una estructura ilegal de semejante magnitud pueda desarrollarse en un municipio sin que su máxima autoridad tenga responsabilidad penal demostrable?
Villalba: prostibulario y absuelto
Lo ocurrido con Gerala no es un hecho aislado, sino parte de una trama más amplia donde la justicia parece oscilar entre la severidad discursiva y la indulgencia práctica. En abril de 2025, otro fallo sacudió a la provincia: la absolución del exintendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, en una causa por trata de personas con fines de explotación sexual.
El caso había generado indignación nacional. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal N°2 concluyó —en línea con lo solicitado por el propio Ministerio Público Fiscal— que no había pruebas suficientes para sostener su responsabilidad. La sentencia sí condenó a administradores de locales donde se facilitaba la prostitución, pero desvinculó al jefe comunal de cualquier participación directa.
El razonamiento judicial fue, cuanto menos, controvertido. Se reconoció la existencia de explotación de la prostitución ajena en contextos de vulnerabilidad extrema, pero se descartó la figura de promoción por entender que las mujeres “querían prostituirse”. La línea argumental, aunque técnicamente encuadrada en la legislación vigente, deja abierta una discusión más profunda: hasta qué punto la Justicia logra —o quiere— interpretar los fenómenos de poder que atraviesan estos delitos.
En ambos casos, la lógica parece repetirse: las responsabilidades se fragmentan, se desplazan hacia actores secundarios y, finalmente, se diluyen en una cadena de decisiones donde el poder político local emerge, si no indemne, al menos indemostrablemente culpable.
Guaimás, condenado y absuelto tres meses después
El caso de José Guaimás, exintendente de Animaná, añade un matiz aún más desconcertante. En septiembre de 2023 fue condenado por peculado a dos años y medio de prisión condicional e inhabilitación perpetua. Tres meses después, la Sala II del Tribunal de Impugnación lo absolvió.
El argumento central: la falta de pruebas concluyentes y el riesgo de imponerle al acusado una “carga diabólica”, es decir, la obligación de demostrar su propia inocencia. El giro judicial fue tan abrupto como revelador. Lo que en primera instancia parecía una conducta probada —el uso de recursos municipales en beneficio privado— se transformó, en revisión, en una hipótesis insuficiente sostenida en testimonios cuestionables.
El fallo puso en duda la credibilidad del denunciante, señalando posibles conflictos personales previos. Y así, lo que había sido considerado evidencia terminó reinterpretado como sospecha contaminada por intereses.
La pregunta inevitable es si el sistema judicial está mejorando su estándar de pruebas —lo que sería deseable— o si, en cambio, está encontrando caminos cada vez más sofisticados para justificar absoluciones en contextos donde el poder político tiene una gravitación determinante.
Segura y el beneficio de la duda
El principio de la duda razonable es una garantía fundamental del derecho penal. Sin él, cualquier ciudadano quedaría expuesto a condenas arbitrarias. Sin embargo, cuando ese principio se convierte en un refugio recurrente para funcionarios públicos, el equilibrio entre garantías e impunidad comienza a resquebrajarse.
El caso de Daniel Segura, exintendente de General Güemes, es ilustrativo. Fue absuelto por el beneficio de la duda en una causa por abuso de autoridad y violencia de género. La denunciante habló de “vergüenza” y denunció irregularidades graves en el proceso: pérdida del expediente, demoras injustificadas y obstáculos para ejercer su rol como querellante.
Más allá del resultado puntual, el expediente deja entrever un problema estructural: la dificultad —o falta de voluntad— para sostener procesos judiciales eficaces cuando los acusados forman parte del entramado político local.
Según un informe de la ONG Ruido, hasta 2023 había más de diez intendentes salteños procesados o condenados por distintos delitos, desde fraude hasta malversación. Algunos fueron efectivamente condenados, como Enrique Prado o Angelina Canchi. Otros, como Manuel Cornejo, enfrentaron consecuencias políticas además de judiciales. Pero el conjunto revela una constante: la relación ambigua entre poder político y sistema judicial.
Entre la legalidad y la legitimidad
La Justicia puede ser legalmente impecable y, al mismo tiempo, socialmente cuestionada. Ese es, quizás, el núcleo del problema. Las absoluciones de intendentes no necesariamente implican corrupción judicial; pueden ser el resultado de expedientes mal construidos, pruebas insuficientes o investigaciones defectuosas. Pero cuando el fenómeno se repite con tanta frecuencia, la percepción pública comienza a inclinarse hacia otra interpretación.
La legitimidad de las decisiones judiciales no se construye sólo en los códigos, sino también en la confianza social. Y esa confianza se erosiona cada vez que un fallo parece desconectado de la realidad que intenta juzgar.
En los márgenes de esa tensión, los intendentes absueltos continúan sus carreras —a veces políticas, a veces silenciosas— mientras la sociedad acumula una sensación persistente de impunidad.
