La justicia de Salta ha entrado en su estado más crítico luego de la decisión adoptada por la Jueza Ada Zunino respecto del diputado Kuldeep Singh. Sin embargo, no es este el espasmo que revela un lunar, sino la gota que rebalsa el vaso. (Salvador de la Cuesta)

Demasiados sinsabores provoca el Estado a sus ciudadanos. Pero el más repugnante de los gustos es el que surge de la justicia que muestra podredumbre y no asiste al avasallado ni al desvalido cuando llega al último escenario donde puede clamar por lo que le corresponde y le fue quitado.

A nadie escapa que la devaluación institucional encuentra origen en varios gobiernos pero se ha visto profundizada durante la gestión de Juan Urtubey. Al margen de sus devaneos presidencialistas, nuestra provincia muestra uno de sus síntomas más graves en el Poder Judicial.

Tras once años en el gobierno ha logrado conformar una Corte de Justicia de neto perfil adicto, que en estos últimos tiempos se ha poblado de ministros con escasa excelencia académica. Pareciera que la idoneidad requerida -que en estos casos se exacerba al más alto nivel- ha sido sacrificada para conformar a negociadores políticos y premiar a los afines y amigos. El perjuicio es compatible con la dependencia que aqueja a la justicia respecto del poder político.

Las transformaciones con idéntico sentido comprendieron al que gobierna un desequilibrado Ministerio Público, encabezado por el poderoso Pablo López Viñals como jefe de fiscales, María Inés Diez manda a los defensores y Mirta Lapad, hermana del Vice-Presidente Primero de la Cámara de Senadores, continua como jefa de los asesores.

Los ministros de la Corte, como los integrantes de la cúpula del Ministerio Público, han logrado estructurar un linaje que, por ahora, ha contado con derecho casi natural para cubrir vacantes en todas las jerarquías. La selección de empleados unidos por parentesco a este establishment no resulta menos bochornosa, la que ponen al descubierto los concursos para aspirantes de jueces, fiscales, defensores y asesores.

El Consejo de la Magistratura que preside Abel Cornejo ha ingresado a la picota tras los escándalos generados por el concurso de los camaristas civiles y de otros procesos en donde la objetividad estuvo ausente. Para la concepción del ciudadano común los que ingresan a los cargos lo hacen por cuña, parentesco, afinidad política y, en niveles inferiores, por razones más execrables.

Magistrados sin frenos sexuales que los inhiban en sus propios despachos; otros con perfiles violentos disimulados por el cajoneo de denuncias inconvenientes; otros permeables frente al teléfono de políticos de turno han doblado el espíritu recto para convertirse en sujetos condicionados cuando deben decidir causas delicadas. También fueron destituidos algunos díscolos cuando se ejerció la represalia con acuerdo institucional. Precisamente, el Jurado de Enjuiciamiento está superpoblado de voluntades políticas que mantienen el fiel de la balanza inclinado al igual que la imagen colocada en el frontispicio del palacio legislativo en donde otrora funcionara el Poder Judicial salteño.

En causas notorias como el crimen de las turistas francesas se ha llegado al absurdo de premiar al juez que puso en la cárcel a un inocente tras mostrar ineptitud para resolver el caso. Hace pocos días la reversión de impostación de la falsa causal de suicidio de las jóvenes Peñalva y Nüesch ha provocado otro cimbronazo sin que estos jueces paguen por sus fracasos intencionados.

La reforma de la impunidad 

En lo penal se produjeron dos reformas al código de procedimientos, siendo la segunda la más profunda pues instauró el sistema acusatorio que otorgó el poder investigativo de los crímenes a los fiscales que conduce el Procurador General Pablo López Viñals.

La modificación no fue inofensiva en tanto ha permitido que numerosos delitos contra la administración pública y que comprometían a funcionarios cercanos al gobernador no tuvieran reproche alguno. En casos como el de Juan Romero, también sirvió para otorgar vértigo a las imputaciones y arrodillar al adversario político. Las denuncias contra los oficialistas caen en saco roto y eso no puede sino definirse como injusticia en tanto se otorga cobijo a los corruptos.

López Viñals crea a gusto y paladar las fiscalías y concentra en la Unidad de Delitos Económicos Complejos todas las acusaciones de corrupción que no han encontrado ningún culpable. Urtubey se irá del poder local con una pléyade de sospechosos a los que la mano de la justicia no los habrá tocado siquiera para preguntar cómo se enriquecieron.

Los graves atentados, la violencia de género y la intrafamiliar también cuentan con fiscales específicos, muchos de los cuales no concursaron esos cargos probando que saben de las materias sobre las que deciden. En acomodo se caracteriza por la vaguedad y la imprecisión, por la falta de diplomas y maestrías. Solo exige la obediencia.

Corte adicta y deseos de eternidad

En los últimos meses Juan Urtubey, en acuerdo con Juan Romero, buscó por interpósitas personas una nueva reforma constitucional con el exclusivo objetivo de consolidar la actual integración de la Corte de Justicia. Un grupo de jueces obsecuentes inició una acción judicial para que se declarara inconstitucional el mandato de seis años de los ministros de la Corte de Justicia. A nadie escapa que esta iniciativa no era propia de los accionantes, sino un detonante para habilitar una discusión constitucional que permitiera a los miembros actuales del tribunal superior quedarse al menos una década más en sus puestos.

Junto a la permanencia de estos cortesanos, también intentaron darle permanencia a los integrantes de la Auditoría General de la Provincia, que hasta la fecha no han encontrado ningún corrupto a pesar de la inmensa cantidad de funcionarios que sin pudor incursionan en actos de corrupción.

El acuerdo de Urtubey y Romero solamente busca la impunidad frente a situaciones que podrían comprometerlos a futuro cuando ya no habiten en los cenáculos del poder provincial. Quieren mantener la corte adicta en la que los prestigiosos y honestos no tienen cabida. Un breve repaso de los antecedentes de quienes hoy son los supuestos honorables ministros de la Corte de Justicia salteña permite concluir que no habrá justicia imparcial por mucho tiempo, salvo para el pobre a quien la recae todo el peso de la ley.

Ernesto Samsom saltó al más alto tribunal desde su cargo de Secretario General de la Gobernación, dando una señal clara de la impropia consustanciación entre el Ejecutivo y el tercer poder que debiera ser independiente y en desmedro de jueces que escalan lentamente por el espinel del tercer poder mientras persisten en ser independientes.

Abel Cornejo aterrizó en la Corte luego de denuncias y fricciones que comprometían la armonía del fuero federal. Por ese entonces contribuyeron a este pase el exministro Leopoldo Van Cawlaert y su esposa -también ministra- María Inés Diez. Dejó un cargo teóricamente vitalicio y de mayor prestigio para incursionar en estrategias palaciegas en el foro local.

Teresa Ovejero Cornejo encontró su compensación luego de muchos años a cargo de la estratégica Secretaría Electoral, aunque huérfana de antecedentes sólidos en la magistratura por no haber ejercido como jueza ni camarista. Siempre sostuvo estrecho vínculo con Rodolfo José Urtubey, el expresidente de la Corte y padre del actual gobernador.

Guillermo Alberto Catalano tampoco exhibe antecedentes como notable jurista. Exapoderado del Partido Justicialista y Secretario Legislativo de la hermética Cámara de Senadores que aprobó todos los caprichos del alto mandatario, hoy encabeza el Poder Judicial de Salta y busca con ansias recomponer su imagen. Sin embargo, la estrategia fundamental por la que transita compromete el presupuesto de la justicia con más de 5 millones de pesos que se destinan a una empresa de testaferros del exministro de Gobierno Juan Pablo Rodríguez.

Sandra Bonari se erige solamente en un peón de probada fidelidad aunque escasa experticia en lo jurídico. Integrante del desaparecido Tribunal de Cuentas en el que claudicó para permitir el híbrido sistema de control del gasto público hoy vigente, reinició su carrera judicial hace pocos años en el norte provincial. El salto hacia la corte no tiene mayor explicación que la necesidad de contar con afines en lugar de expertos e imparciales.

Fabián Vittar nunca tuvo los quilates necesarios como abogado de ejercicio libre pero logró la investidura partiendo de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados por los acuerdos primigenios del desaparecido Partido Renovador de Salta y el ex vicegobernador Andrés Zottos. De allí se mantuvo con perfil bajo hasta la fecha y nada indica que podrá renovar su cómodo sillón. Es muy poco lo que ha aportado, más que el despliegue conjunto con sus pares hacia el descrédito.

Guillermo Alberto Posadas es el único magistrado de extracción radical que ingresó durante el período romerista y logró permanecer en la era urtubeycista. Es también el que puede acreditar un paso por la justicia con ascensos por primera y segunda instancia. Aun así ha padecido el cuestionamiento que les cabe a todos sus pares por avalar decisiones políticas cuando ingresó Juan Romero en diciembre de 1995 y violentó el sistema legal salteño en el marco de privatizaciones, despidos masivos, emergencia económica y reprogramaciones de deudas. Fue entonces un escudero del padre del gobernador para avalar una avanzada que hasta la fecha no ha encontrado parangón.

Últimos movimientos

No conformes con el más alto tribunal, también fueron en estos días por las Fiscalías de Corte y parieron a fórceps una terna para que Eduardo Sylvester sea designado en el cargo que dejara vacante el rebelde Alejandro Saravia. Exministro de Seguridad, fracasado candidato a diputado provincial por el oficialismo y actual encargado de la UIF regional, Sylvester es otro de los adictos respecto de quien nadie sabe qué se le debe. Lo cierto es que del sexto puesto de un concurso de seis, este caballo del comisario está a punto de lograr el apetecido puesto en el que culminará sus días sin mayor esfuerzo. El puesto es clave pues debe dictaminar en todas las causas en las que intervenga la Corte de Justicia y, claro, necesitan homogeneidad de criterios a la hora de avalar todas las actuaciones políticas que pudieran conmover el falso pregón de la corrección administrativa.

Uno de los que digita clandestinamente en el Poder Judicial de Salta es Ramiro Simón Padrós, actual Secretario General de la Gobernación que logró colocar sin mayor antigüedad ni logros a su cuñado Ramiro Michel Cullen como Fiscal de Cámara Civil y Comercial, otro cargo clave. Sabedor de que todo se acaba ha intensificado sus presentaciones en concursos para cubrir vacantes en la justicia federal. No pocos aseguran que Padrós será próximamente elegido miembro del Tribunal Oral Federal.

Por todas estas razones no puede sorprendernos que un diputado que ingresó con tres apretadores a punta de pistola haciendo justicia por mano propia y con el fin de cobrarse una deuda personal, hoy permanezca libre. Los diputados se vieron aliviados cuando advirtieron que la jueza nunca pidió el desafuero, sino una medida de allanamiento tardía que se ejecutó finalmente tras diez días de limpieza de los elementos incriminatorios y en medio de amenazas que vierte el diputado Singh a quienes se atrevan a avalar la acusación.

La jueza Ada Zunino se expone a un jury de enjuiciamiento aunque sabe, íntimamente, que los que debieran condenarla son parte de cardumen de notorios que responden sin temor a favor de la exculpación y propenden al archivo.