El gobierno tiene dos meses para encontrar un reemplazante en la Procuración General para Pablo López Viñals, quien fuera postulado por el gobernador para cubrir la vacante que el Dr. Abel Cornejo dejó a comienzos de semana en la corte de Justicia de Salta. Por estas horas se habla de un posible enroque (Cornejo a la procuración, López Viñals a la Corte) aunque los movimientos no están del todo definidos. (N.B.)
A meses de que concluya el mandato, un movimiento simultáneo de piezas como el que pretende darse debería, como mínimo, encender una señal de alerta en el seno de la clase política y sobre todo en aquellos que ofician de adalides de la institucionalidad.
Para diciembre de este año, el gobernador Juan Urtubey culminará su mandato constitucional habiendo renovado el cargo de cuatro jueces de la corte, más el procurador general. De esta forma, el mandatario privará al próximo gobernador de proponer a dos candidatos para el máximo órgano de justicia de la provincia. El proceso iniciado a través de la Resolución Nº 173 D, tiene como objetivo cumplir con el mandato de la constitución provincial, que establece que el número de magistrados en el máximo tribunal de la provincia debe ser impar. A su vez, el candidato del gobierno deberá contar con el aval de la cámara de senadores y pasar por un proceso supervisado por el ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
El episodio Cornejo – Lopez Viñals puede y debe leerse también como un capítulo dentro del extendido debate sobre la inamovilidad de los jueces que, por cierto, cobró fuerza esta semana con el accionar corporativo de los magistrados para reformar la constitución. A través de una «Acción Popular de Inconstitucionalidad» firmada en 2018, la familia judicial se apresta a impugnar el límite de seis años en los mandatos de los jueces, establecido en la Constitución.
Aunque las palabras del ahora exjuez Abel Cornejo durante el anuncio de su renuncia hayan sido contrarias a la intención de sus colegas de atornillarse en el poder, es justo y pertinente poner algunos reparos.
Para esto conviene traer a la memoria las declaraciones del gobernador en ocasión del debate sobre la ley de inamovilidad de jueces que, en un principio quiso enviar a la legislatura, pero que se vio obligado a desestimar por los cuestionamientos que generó en distintos sectores. «Lo hice en el entendimiento de que era un aporte a la institucionalidad de la provincia, pero tuvo otra interpretación» decía el mandatario en Octubre de 2017. Y continúa: «No quiero que la discusión respecto de algo que planteé con buena fe para mejorar la calidad institucional, termine generando esa percepción de que uno busca continuar con poder; con lo cual, estoy pidiendo que no se trate en la cámara de diputados».
La marcha atrás del gobierno, además de ser un reconocimiento de que tales maniobras no aportan mucho al ideario común de institucionalidad, significó la desvinculación de la casta política de la intención de perpetuar a los magistrados en sus mandatos. De esa forma, si la inamovilidad de los jueces llegara a ser una realidad, no sería el resultado de la rosca política ni el reflejo de la asociación de poderes, sino una demanda de la propia justica. Cuatro meses después llegaría la presentación de la corporación judicial para anular los límites en los mandatos.
Hace tiempo que el órgano judicial máximo da señales de desconexión con la realidad social que atravesamos. Las maniobras antes expuestas podrían significar la consagración de la impunidad, el amiguismo y los vínculos carnales entre poderes.
