El órgano encargado de nombrar y controlar a los jueces, eligió ayer viernes al abogado que representará al interior del país, en el marco de un proceso de renovación de 11 de sus 13 miembros que tendrá lugar hasta fin de año en medio de un proceso de profunda politización de la justicia misma. (Garrik)
Primero eligieron los porteños a su consejero letrado, luego lo hicieron sus señorías a su terna magistral, ayer viernes fue el turno de los abogados del interior del país en elegir a al colega que los representará. Recambios que finalizarán con la elección del representante académico y los cinco legisladores nacionales.
Cinco son las listas que se presentaron para participar: Abogacía Federal Independiente, Abogados por una Justicia Independiente, Equidad con MAYO, Proyecto Republicano Federal y Somos Abogados. Y cinco son los candidatos que buscan suceder al actual abogado por el interior, el radical Ostropolsky. Esos candidatos fueron el macrista Alvarado Belloso, apadrinado por el presidente del colegio de abogados salteño Eduardo Romani, los radicales Piedecasas y Aguiar quienes manejan el comando electoral desde la UCR y apoyados por “Uluncha” Saravia y los candidatos de los abogados que son Carlos Andreucci y Cesar Grau.
Carlos Andreucci fue presidente de FACA (Federación Argentina de Colegios de Abogados) y en Salta su operador es el ex presidente del colegio Pio Castellani. Cesar Grau, por su parte, es el actual presidente de la Federacion Nacional de Cajas Previsionales de Abogados y en Salta lo representa el vicepresidente de la Caja de Abogados Roberto Melo.
Consejo supremo
El Consejo de la Magistratura es un órgano permanente del Poder Judicial de la Nación, incorporado a la Constitución Nacional con la reforma del año 1994, y entre sus principales funciones se destaca la de seleccionar mediante concursos públicos a los magistrados inferiores, ejercer funciones disciplinarias y abrir los procesos de remoción de los magistrados. También se destaca la función de administrar los recursos del Poder Judicial.
El Consejo está conformado de manera tal que procura el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultante de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Asimismo, está integrado por otras personas del ámbito académico y científico.
Los miembros del Consejo de la Magistratura duran cuatro años en sus cargos, pudiendo ser reelectos con intervalo de un período. Los consejeros elegidos por su calidad institucional de jueces en actividad o legisladores, cesarán en sus cargos si se alterasen las calidades en función de las cuales fueron seleccionados, debiendo ser reemplazados por sus suplentes o por los nuevos representantes que designen los cuerpos que los eligieron para completar el mandato respectivo. A tal fin, este reemplazo no se contará como período a los efectos de la reelección.
El Consejo está integrado por tres jueces, dos abogados, un académico, un representante del Poder Ejecutivo, tres senadores y tres diputados. Los tres jueces del Poder Judicial de la Nación, se eligen por el sistema D’Hont, debiéndose garantizar la representación igualitaria de los jueces de cámara y de primera instancia y la presencia de magistrados, con competencia federal del interior de la República.
Con respecto a los seis legisladores, los presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos, designarán tres legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos a la mayoría y uno a la primera minoría. Los dos representantes de los abogados de la matrícula federal, son designados por el voto directo de los profesionales que posean esa matrícula. Uno de los representantes deberá tener domicilio real en cualquier punto del interior del país.
El representante del Poder Ejecutivo es designado por este y el representante del ámbito académico y científico debe ser un profesor regular de cátedra universitaria de facultades de derecho nacionales y contar con una reconocida trayectoria y prestigio, el cual es elegido por el Consejo Interuniversitario Nacional con mayoría absoluta de sus integrantes.
Evitar el alargue
Actualmente, el cuerpo que pone y saca los jueces de la cancha y que maneja el presupuesto anual de más de 9 mil millones de pesos, se halla en un empate técnico que suele requerir alargue para definir los temas más sensibles. Por ello la importancia de esta elección de cara a las próximas elecciones presidenciales, ya que por el momento, ni oficialismo ni oposición tienen mayoría, pero pese a estar en un presunto empate de seis a seis, los intereses en pugna inclinarían la balanza hacia el ámbito judicial o del Gobierno. El representante académico que surge del Consejo Interuniversitario Nacional, estuvo alineado históricamente con el oficialismo. Hoy esa representación la ejerce, Manuel Urriza, en cuya gestión ha votado con el kirchnerismo y ha impulsado sus proyectos.
La renovación de consejeros no sólo modificará la constitución del cuerpo de trece miembros sino que buscará lograr en cada acuerdo el séptimo voto para evitar jugar el suplemento y que haya un desgaste mayor de las fuerzas.
Vuestras Excelencias
El lector ajeno al ámbito judicial seguramente se estará preguntando, a esta altura de la nota, si acaso los magistrados fallan según los intereses partidarios o según las leyes que los guían, toda vez que, según parece, el partido político que se adueñe de poder poner o remover los jueces, haría que estos inclinaran la balanza para un lado o para el otro.
El cuestionamiento es válido porque muchas veces se nos pretende hacer creer que los magistrados son víctimas de un poder político o corporativo que los arrastra hacia sus oscuras ambiciones, cuando en realidad son ellos mismos quienes se someten a dichas estructuras y las sostienen con sus decisiones que en gran parte están motivadas por intereses ajenos al deber de justicia, de lo contrario nada debería hacer temer por la suerte de una elección, si existiera la certeza del actuar independiente e imparcial de los jueces. O sino cómo se explica, por ejemplo, que aun la corporación judicial se niegue a pagar ganancias como cualquier hijo de vecino, o que el poder político realice tanto lobby por la elección de un poder ajeno al suyo. No sabemos si alguna vez la corporación judicial impartirá la justicia de Ulpiano dándole a cada uno lo suyo, pero al menos que quede claro, salvo algunas y rarezas excepciones, para quien decide el resultado cuando sale a dirigir el partido.