El Fondo de Reparación Histórica sigue dando la nota. Una auditoria en el municipio de Hipólito Yrigoyen mostró que una de las obras que en el sitio oficial del gobierno aparecía como adjudicada al municipio, terminó en manos de una empresa luego de un contrato lleno de irregularidades. (A.R.)
Detectado el curioso dato, el derrotero periodístico fue el siguiente: buscar una teléfono que nos comunique con el programa al que el gobierno provincial destinó casi mil millones de pesos pero olvidaron dotar de una línea telefónica; probar suerte con un llamado a la Secretaria de Obras Públicas que nos sugirió hablar al 4324000 en dónde nos dijeron que allí era, pero que mejor nos dirijamos al 4324156, número de la Secretaría de Asuntos Municipales. Así nos enteramos que el contador Ricardo Aybar podía explicarnos el entuerto, aunque Aybar parece ser un hombre de reuniones perpetuas que nos privaron de la charla esclarecedora. Todo quedó entonces como al principio: la obra que en la página oficial del Fondo de Reparación Histórica aparece adjudicada al municipio de Hipólito Yrigoyen, la auditoria de la provincia identifica como realizada por una empresa privada.
La obra en cuestión aparece titulada en el sitio web del gobierno provincial de la siguiente manera: “Electrificación predio 62 has, ´Etapas 2, 3, y 4 – Fase I – Hipólito Yrigoyen´”. Según el mismo portal, la obra que ya fue concluida, recayó en el municipio por un monto total de $2.500.000. En el cuadro “Datos de Contratación”, salvo el precio y el hecho de que el municipio fue el ganador de la licitación, nada se dice sobre cuándo se vendió el pliego ni la fecha de apertura de los mismos. Sí se indica en el cuadro “Avances de Obras” que entre el 31 de julio y el 5 de diciembre del 2012, se efectivizó el pago total en cuatro cuotas, periodo en el también quedaron concluidas las obras.
El sitio web de la auditoría dice algo distinto. Se trata de un informe definitivo publicado el 8 de septiembre pasado y que evalúa cuestiones financieras y de legalidad del municipio en cuestión. Para ello, los técnicos hicieron trabajo de campo entre el 20 y el 24 de mayo del año 2013. Con respecto a la obra en cuestión, concluyeron lo siguiente: la obra consistía en la construcción de una red troncal de 1.600 metros de media tensión trifásica con cinco subestaciones transformadoras aéreas para electrificar toda la urbanización (incluido el alumbrado público) denominada “Predio 62 Has.”. Construcción que venía a complementar una 1ª Etapa realizadacon anterioridad.
El problema es que la obra no la hizo la municipalidad como dice el gobierno, porque la intendencia firmó contrato con la firma CRONEC S.R.L. en junio del 2012 por $2.499.925,31. A ese primer desconcierto, le siguen otros no menos escabrosos: la municipalidad no aportó a los auditores el convenio específico para el financiamiento de la obra; el contrato que sí aportaron no se encuentra intervenido por la Dirección General de Rentas, con lo cual el pago de Impuesto de Sellos del Código Fiscal de la Provincia no se abonó; o que el Acta de Recepción Provisoria de obra carece de la firma del contratista. La empresa, según un aviso comercial publicado en el Boletín Oficial el día 01 de Julio de 2010, designó en ese entonces como Gerente y por el término de 3 (tres) años a Tomás Daniel Zamorano.
Todo esto sin contar que la mencionada obra requirió de otra complementaria como lo fue la instalación de los pilares de electrificación que, según el sitio mismo del Fondo de Reparación Histórica, también fue adjudicada a la municipalidad por un monto de $749.270 aunque desconocemos si efectivamente lo realizo el municipio o una empresa contratada por el mismo
Lo más importante de todo, sin embargo, pasa por otro lado: el total de obras que según el gobierno ya fueron finalizadas y adjudicadas a municipios son 25. Obras que llegan a la suma de $37.460.042. Monto nada despreciable (sin contar las otras obras que están en ejecución o en proceso de adjudicación) que no queda claro si debe ser para obras trabajadas por las intendencias o si estas pueden re-licitarlas a empresas privadas, tal como sugiere el caso detectado por la auditoria en Hipólito Yrigoyen.
Casi la mitad de esa suma correspondió al municipio de Tartagal, al que se adjudicaron obras por $18.579.949. El resto se reparte entre varios municipios que incluyen a Aguaray ($3.500.000); Rivadavia Banda Sur ($1.100.000); o Salvador Mazza ($700.000) que fueron señaladas oportunamente por los auditores como gestiones que además de administrar mal recursos, están sospechadas de hacer un uso delictivo de los mismos. Y es que cuando los auditores evaluaron a esos municipios recurrieron a la Res. AGPS Nº 20/04 que aprueba el Reglamento de las Investigaciones Sumarísimas y provee a la “Auditoría General de un Reglamento que brinde celeridad a las actuaciones, asegurando el legítimo derecho del Estado de munirse de aquellos elementos esenciales para fundamentar la acción judicial tendiente a hacer efectiva la responsabilidad civil de los agentes y funcionarios, ante la existencia de un perjuicio de significación para el Fisco, en el marco propio de una investigación sumarísima”.
La página web del Fondo de Reparación Histórica también deja ver otro tipo de irregularidades. Es el caso de la obra realizada en el municipio de Pichanal denominada “Infraestructura nuevos loteos (provisión de energía eléctrica). Allí se especifica que el desembolso del Estado por la misma fue de $3.000.0000 que ya se terminaron de pagar aunque nunca se específica a quién: si al municipio o una empresa privada.
