Ricardo Lona, juez federal durante la dictadura, deberá prestar declaración el 27 de febrero por la causa Miguel Ragone y Masacre de Palomitas. Citado desde el 2005, Lona nunca fue indagado por la Justicia Federal salteñay ahora la citación provino del tucumano Fernando Poviña del Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy.
El último pedido para que Ricardo Lona fuera citado a declarar por la causa del asesinato y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone y la Masacre de Palomitas en donde fueron asesinados once presos políticos, la había realizado un familiar de una de las víctimas de este último hecho: Soledad Outes, hija del asesinado Pablo Outes. Ocurrió en agosto del año pasado cuando Soledad retornó de España, país en el que vive de desde 1976, e interpuso un despacho al juez Miguel Medina para que Lona sea citado a declaración indagatoria “atento la responsabilidad directa que le cabe en la Masacre de Palomitas”. La imputación, según el escrito, es atribuible a los testimonios que Carlos Alberto Mulhall y Juan Carlos Grande ofrecieron en 1984 ante las Fuerzas Armadas y en donde aseguraron que el exjuez fue “quien solicitó el supuesto ‘traslado’ que permitió aniquilar a todas las víctimas”. Medina se inhibió y la conducta provocó lo de siempre: una nueva dilatación judicial que permitirá a Lona gozar de una tranquilidad asombrosa y una fortuna amasada durante cuarenta años.
En ese momento, Medina hizo lo que hicieron todos los jueces federales salteños a la hora de citar a Ricardo Lona: excusarse y dilatar la causa. En función de esa desvinculación de Medina, es que Cuarto Poder señalo en aquel momento que las investigaciones sobre las responsabilidades de Lona recaerán en el tucumano Poviña.
La información había sido confirmada en ese agosto por el fiscal federal Ricardo Azzolín, quien es la persona que venía demandando que Lona sea investigado como partícipe del secuestro y la desaparición de Ragone, el homicidio del comerciante Santiago Arredes y la tentativa de homicidio de la empleada de comercio Margarita Martínez de Leal, quienes fueron baleados cuando observaban el secuestro del ex gobernador, el 11 de marzo de 1976. Azzolín también planteaba que Lona debía responder en calidad de partícipe de la matanza de 11 presos políticos cometida el 6 de julio de 1976 sobre la ruta nacional 34, a la altura del paraje Palomitas. Además, existe la posibilidad de que también asuma la investigación en una tercera causa en la que se acumularon las denuncias que tiene el ex magistrado en relación a otras violaciones a los derechos humanos cometidas en Salta durante la última dictadura cívico-militar.
Finalmente, se confirmó que en la causa Ragone el ex juez Federal está imputado por dos hechos de homicidio: el del ex gobernador y el del comerciante Santiago Arredes (asesinado durante el secuestro, la mañana del 11 de marzo de 1976); y de tentativa de homicidio, en perjuicio de Margarita Martínez de Leal (otra testigo del secuestro que intentó ser eliminada).
En la causa Palomitas se le atribuye participación en el fusilamiento de 11 presos políticos cometido el 6 de julio de 1976. Además, está acusado en otra causa, conocida como 627, que agrupa investigaciones por buen número de secuestros, tormentos y desapariciones cometidas en la provincia durante la vigencia del terrorismo de Estado.
