Diferentes organizaciones de mujeres celebran la reciente resolución de la Presidencia del Consejo de la Magistratura de la Nación que califica como “mal desempeño en el ejercicio del cargo” la conducta de magistrados/as judiciales obstructiva del derecho a un aborto no punible. Piden la incorporación de mujeres a los lugares estratégicos de decisión en la estructura judicial.
La Multisectorial de Mujeres de Salta, la Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta, CLADEM – Salta Red PAR Salta y el Instituto de Género del Colegio de Abogados de Salta, celebran la resolución de Presidencia del Consejo de la Magistratura de la Nación que califica como “mal desempeño en el ejercicio del cargo” la conducta de magistrados/as judiciales obstructiva del derecho a interrumpir un embarazo, en los supuestos en que tal interrupción es permitida de acuerdo con nuestra legislación.
Entre sus fundamentos, la resolución del cuerpo nacional sostiene que la decisión de la magistrada “se convirtió en un obstáculo para la realización de una práctica médica permitida por la legislación vigente, poniendo en riesgo la salud y la propia vida de quien la reclamaba y desconociendo el criterio que en el tema ya sentó la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en ‘F.A.L.’” Recuerda la presidencia del Consejo que, precisamente, la Máxima Intérprete Constitucional de nuestro país, asumió su competencia extraordinaria en ese caso a fin de evitar la judicialización de futuros casos y garantizar así el acceso a un derecho de la mujer embarazada cuya vida o salud están en riesgo o cuyos embarazos son productos de un ataque sexual.
Las organizaciones recordaron el caso salteño del juez Soria y la Asesora Flores Larsen “promotora de la judicialización del aborto no penalizado, el Consejo de la Magistratura provincial, por ajustada mayoría, rechazó la consideración de la conducta de ambos funcionarios como encuadrada en un supuesto de mal desempeño, desconociendo los derechos en que basa su resolución el Consejo de la Magistratura de la Nación”, informaron mediante parte de prensa.
Y agregaron “Bien vale la pena destacar que la Presidencia de ese Consejo está en manos de una mujer, la jueza Gabriela Vázquez, lo que nos motiva para seguir peleando por la incorporación de mujeres a los lugares estratégicos de decisión en la estructura judicial, como lo venimos demandando las mujeres que defendemos y militamos por una sociedad más equitativa y menos sexista. Y habla también de la necesidad de contar con operadores/as judiciales que tengan perspectiva de género; pues, de lo contrario, las diferentes formas en que se manifiesta la violencia de género seguirán naturalizadas, invisibilizadas o mereciendo respuestas revictimizantes. Mientras, más mujeres seguirán muriendo quemadas, salvajemente golpeadas o ultrajadas en su integridad sexual, o por abortos inseguros”.
La Resolución Nº 334/14, del 18 de diciembre de 2012, recientemente difundida, fue dictada en el marco de distintas denuncias presentadas por las Diputadas Nacionales Diana Conti y María Luisa Storani, por el Diputado Nacional Manuel Garrido, por organizaciones de la sociedad civil (CEDEM, ELA, FEIM y MET) así como por las Legisladoras porteñas María Rachid y María Elena Naddeo, en contra de la ex jueza nacional en lo civil, Myriam Rustán de Estrada, por la tramitación de un expediente que pretendió evitar que una mujer rescatada de una red de trata en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires accediera a la interrupción de un embarazo fruto de las violaciones a las que era sometida durante el cautiverio.
