Según IDESA (Instituto para el Desarrollo Social de Argentina), el supuesto superávit fiscal anunciado por Javier Milei y Luis Caputo es una falacia.

Javier Milei y Luis Caputo celebran el superávit fiscal que afirman haber alcanzado en enero. Sin embargo, el Instituto de Estudios Económicos IDESA señala que este dato es falso y que su logro es insostenible en la forma en que fue presentado, constituyendo así un engaño.

El ajuste basado en la licuación no es sostenible.

La Administración Pública Nacional ha presentado un superávit en el mes de enero de 2024. La principal razón detrás de esto es la marcada disminución del gasto social, especialmente en lo que respecta a las jubilaciones. Dado que las jubilaciones se encuentran en su nivel mínimo histórico, es imperativo migrar rápidamente hacia fuentes más genuinas para mantener el equilibrio fiscal.

Una serie de factores han demostrado que la ley ómnibus es una iniciativa inviable. Además, no se han producido avances significativos en la implementación del DNU, ya que su aplicación está fuertemente condicionada por la incertidumbre jurídica y por fallos judiciales desfavorables que limitan su impacto. En los escasos dos meses que lleva en el poder, el gobierno ha mostrado dificultades para transformar el Estado y, en particular, para equilibrar las cuentas públicas. A pesar de esto, los funcionarios nacionales han reiterado su compromiso con la meta de alcanzar un déficit cero.

En este contexto, resulta especialmente relevante el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que indica que la Administración Pública Nacional obtuvo un superávit financiero en enero equivalente al 0,2% del PBI. Esto implica que los ingresos superaron a los gastos, incluyendo los intereses de la deuda pública. Este resultado, que concuerda con la posición oficial, fue posible gracias a una fuerte y generalizada reducción real del gasto público, exceptuando los intereses. Dentro de esta reducción, la disminución del gasto en jubilaciones y pensiones ha sido la más significativa.

Para evaluar en perspectiva esta reducción en el gasto jubilatorio, es útil observar la tendencia del haber mínimo, que es el que mejor refleja la movilidad de las jubilaciones, a lo largo del siglo. Según las normas históricas de movilidad, se observa que:

En 2002, la jubilación mínima fue de $83.078 a precios de diciembre de 2023.<
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En 2023, este valor ascendió a $127.858 a precios de diciembre de 2023.

En diciembre de 2023, la jubilación mínima fue de $105.713.

Estos datos muestran un deterioro persistente y profundo en el poder adquisitivo de las jubilaciones. Suponiendo que la inflación en enero sea del 20%, el valor real de las jubilaciones en enero de 2024 sería equivalente a $88.094 a precios de diciembre de 2023. En febrero, es probable que este valor sea incluso inferior al que tenían en 2002, lo que significa que en febrero las jubilaciones alcanzarán su valor real más bajo del siglo XXI.

La estrategia de equilibrar las cuentas públicas mediante la reducción del gasto en jubilaciones es muy frágil. Por un lado, tiene un impacto altamente regresivo y genera tensiones políticas. Por otro lado, aumenta las demandas judiciales contra la ANSES debido a que la justicia previsional no tolera la reducción del valor de las jubilaciones. Aunque no es la primera vez que se recurre a este tipo de ajuste fiscal, nunca antes se había aplicado con tanta intensidad. La conclusión principal es que el superávit de enero es positivo, pero muy precario.

Para eliminar la inflación y crear un entorno favorable para la inversión y la generación de empleo de calidad, es imprescindible alcanzar un equilibrio fiscal. Por lo tanto, es adecuado priorizar la meta del déficit cero. Sin embargo, también es fundamental convencer de que es posible mantener dicho equilibrio fiscal a largo plazo. Si los agentes económicos perciben que, debido a resistencias sociales, políticas y/o judiciales, el equilibrio fiscal no será sostenible, los beneficios se desvanecen. Como han demostrado experiencias pasadas, el ajuste basado en la reducción del valor de las jubilaciones lleva a un desperdicio de esfuerzos tanto por parte de la sociedad como del gobierno.

Para migrar desde un equilibrio fiscal basado en la reducción del gasto público hacia uno con bases más sólidas, es necesario abordar una reforma integral del Estado. En términos de ingresos, esto implica avanzar en la unificación y simplificación de impuestos, así como en garantizar que cada nivel de gobierno genere ingresos suficientes para cubrir sus gastos. En cuanto a los gastos, implica eliminar superposiciones entre niveles de gobierno, reorganizar el sistema previsional y mejorar la gestión pública. Todo esto requiere ideas innovadoras y la capacidad para llevarlas a cabo. Hasta el momento, el gobierno ha demostrado tener ideas, pero carece de la habilidad política y técnica para implementarlas.