Un informe oficial sobre la transición institucional en la Municipalidad de Salta pone la lupa sobre el 2023, último año de gestión de Bettina Romero. Deudas millonarias, designaciones sin justificación y obras inconclusas forman parte del legado que dejó la exintendenta, quien en las últimas elecciones llamó a votar en blanco.
Un informe de la Auditoría General de la Provincia reveló una serie de irregularidades administrativas, deudas acumuladas y serias falencias de control en la gestión municipal encabezada por la exintendenta Bettina Romero entre 2019 y 2023. El documento, presentado oficialmente el 25 de abril, expone una realidad preocupante respecto al uso de los recursos públicos durante el último gobierno capitalino.
Según el texto, al cierre del ejercicio 2023 la Municipalidad de Salta presentaba una deuda consolidada de más de $4.800 millones, lo que representa un incremento del 54% respecto al año anterior. Esta deuda incluye pagos pendientes con proveedores, obras no canceladas, y fondos afectados utilizados de forma cuestionable. En palabras del informe: “Se observa un deterioro del resultado financiero, con un importante aumento del déficit en relación con el ejercicio anterior”.
Pero no sólo los números rojos sobresalen en el informe. También se identificaron contrataciones directas sin respaldo documental suficiente, obras adjudicadas sin cumplir con los procesos de licitación requeridos y pagos por servicios no prestados o sin constatación de cumplimiento efectivo. “En numerosos expedientes no se ha encontrado documentación que respalde la correcta aplicación de los fondos”, advierte la auditoría.
Otro punto crítico es la gestión del recurso humano. El informe señala un incremento significativo en el número de contrataciones temporarias, muchas de ellas sin dictamen jurídico ni justificación de necesidad. Incluso se consigna que hubo personal que percibió haberes sin registrar funciones asignadas.
La Auditoría también advirtió sobre el uso discrecional de fondos con afectación específica. Por ejemplo, recursos del Fondo de Infraestructura Urbana fueron destinados a gastos operativos no autorizados, violando la normativa vigente. “Se utilizó parte del Fondo de Infraestructura para cubrir erogaciones corrientes sin la debida autorización ni informe técnico que lo avale”, detalla el informe.
En cuanto a la obra pública, se detectaron proyectos inconclusos y avances de obra pagados por encima del grado de ejecución real, generando sobrecostos y comprometiendo la calidad de las construcciones. “En varios casos, los certificados de avance de obra no coinciden con lo verificado en inspecciones posteriores”, concluye el texto.
Este informe, que analiza con detalle el desempeño financiero y administrativo del último año de gestión de Bettina Romero, será elevado ahora al Tribunal de Cuentas para su evaluación definitiva y eventualmente podrá derivar en acciones legales o administrativas. Mientras tanto, deja en evidencia una administración marcada por la opacidad, la improvisación y el desmanejo.
