El Ejecutivo provincial propone al cuestionado Pablo López Viñals para un nuevo período como juez de la Corte de Justicia de Salta. Pero su figura, lejos de representar experiencia y solvencia, arrastra una pesada historia institucional: inacción, opacidad y fallos que pusieron en jaque el estado de derecho. El FOCIS advierte que su permanencia compromete aún más el ya deteriorado prestigio del Poder Judicial salteño.
Hay nombres que, lejos de renovar instituciones, las encapsulan. En Salta, el Poder Judicial lleva años siendo rehén de una lógica de circulación interna en la que el poder se transfiere de una oficina a otra sin salir jamás del mismo círculo. Entre esas figuras, pocas encarnan tan bien la continuidad de lo disfuncional como Pablo López Viñals, quien ahora aspira —con apoyo del Ejecutivo— a continuar su lugar en la Corte de Justicia.
La objeción no es menor. La designación de un juez de Corte no debería limitarse a un trámite político ni a un gesto de fidelidad administrativa. Se trata de uno de los cargos más delicados y gravitantes del sistema institucional: el que exige mayor idoneidad técnica, independencia moral y trayectoria transparente. Y, sin embargo, lo que se propone es exactamente lo contrario. Una reafirmación de lo que no funciona, un voto de confianza a quien ya ha demostrado largamente sus limitaciones.
El FOCIS (Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta), en una presentación elevada al vicegobernador y presidente del Senado, Antonio Marocco, detalla con precisión los motivos por los cuales esta postulación no solo resulta inoportuna, sino regresiva. No es un ataque personal, sino una advertencia fundada: sostener a López Viñals en el más alto tribunal salteño es continuar legitimando una justicia que ha demostrado ser ineficaz, opaca y dependiente.
Una gestión marcada por la sombra
El primer capítulo de la trayectoria institucional de López Viñals que genera inquietud es su prolongado paso por la Procuración General. Desde allí, ejerció como jefe de los fiscales y principal responsable de la política criminal de la provincia. Y lo hizo, según el FOCIS, bajo una lógica de inacción sostenida, falta de transparencia y discrecionalidad administrativa. Lejos de encarnar un rol activo en la investigación penal, la institución bajo su mando se convirtió en sinónimo de pasividad, lentitud y decisiones opacas.
“El Ministerio Público Fiscal de Salta, en el largo período durante el cual estuvo dirigido por el actual Ministro de la Corte, se caracterizó por la morosidad, la falta de transparencia, la discrecionalidad, la inacción y la ineficacia”, recuerda el FOCIS, en términos inusualmente duros para una organización de observación institucional. Y lo hace no solo como juicio retrospectivo, sino como señal de alarma: si tales prácticas marcaron su gestión anterior, ¿qué puede esperarse de un nuevo ciclo como juez de Corte?
Más allá del lenguaje técnico, el balance es claro. Bajo su conducción, el Ministerio Público no garantizó ni el acceso a la verdad ni la protección de los derechos constitucionales. Tampoco exhibió voluntad de reforma o mejora. Su gestión no fortaleció la institucionalidad, sino que la erosionó. Y no hay razón alguna para suponer que una vez reinstalado en la Corte, esa dinámica vaya a cambiar.
Cuando el Estado pierde la brújula
Pero hay un hecho que excede cualquier lectura general sobre la eficacia de una gestión. Un hecho que, por su gravedad institucional y su impacto público, se impone como prueba irrefutable del daño causado por una Procuración débil y desorientada: el crimen de las turistas francesas.
En julio de 2011, Cassandre Bouvier y Houria Moumni fueron brutalmente asesinadas en las inmediaciones de San Lorenzo. Lo que siguió fue una cadena de actuaciones policiales y judiciales marcadas por la oscuridad: investigaciones deficientes, fiscales que actuaron sin control, un juez de instrucción incapaz de garantizar mínimas garantías procesales y un proceso judicial plagado de inconsistencias que terminó con la condena de un inocente a cadena perpetua.
Durante todo ese tiempo, el Procurador General era López Viñals. Él tenía bajo su órbita a los fiscales encargados de la causa. Él debía garantizar que se investigara con rigor, sin presiones, sin improvisación. No lo hizo. Y las consecuencias fueron devastadoras.
La condena —basada en pruebas débiles y procedimientos viciados— fue finalmente revertida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró su nulidad después de siete años de encierro injusto. En su fallo, el tribunal supremo no se limitó a enmendar el error: formuló duras críticas al funcionamiento del sistema judicial salteño, al punto de dejar implícita la falta de independencia y profesionalismo de quienes lo integran, incluida la propia Corte Provincial.
El FOCIS lo sintetiza sin eufemismos: “Debió intervenir la Corte Suprema para que en Salta retorne el estado de derecho pleno”. No hay frase que describa mejor la dimensión del problema. Que la máxima instancia judicial del país tenga que corregir semejante desvío no es una anécdota; es una señal de descomposición institucional
Lejos de una instancia suprema de control, la Corte de Justicia de Salta ha venido actuando, en demasiadas ocasiones, como un órgano complaciente con las decisiones de los poderes fácticos y políticos. En lugar de erigirse como guardiana de las garantías constitucionales, ha preferido preservar la armonía interna del poder.
La ratificación de la condena injusta en el caso de las turistas fue una prueba lapidaria. La Corte salteña tuvo en sus manos la oportunidad de reparar una injusticia flagrante. No lo hizo. Eligió convalidar el relato oficial, a pesar de las irregularidades evidentes. Eligió proteger a un sistema que había fallado desde el inicio. Y entre sus miembros ya estaba, sin asomo de autocrítica, Pablo López Viñals.
En ese contexto, su nueva designación no puede interpretarse como un reconocimiento a la excelencia. Es, más bien, un síntoma de la enfermedad institucional: premiar la lealtad interna, no el mérito; blindar el círculo de poder, no abrirlo a nuevas miradas. Porque Salta no carece de juristas preparados, independientes y capaces de honrar el rol de jueces supremos. Lo que falta no es talento, es voluntad política de convocarlo.
El precio de la repetición
No hay peor decisión institucional que perseverar en el error. Y no hay peor mensaje para la sociedad que insistir en figuras que ya han sido funcionales a la degradación del sistema judicial. En tiempos de descrédito generalizado, designar a López Viñals como juez de Corte es persistir en la decadencia, legitimar el fracaso y naturalizar la impunidad.
La objeción del FOCIS, fundada y documentada, merece algo más que un trámite administrativo. Merece una discusión pública, un examen serio por parte del Senado, y una reacción activa del Foro jurídico y académico de la provincia. Porque el problema no es solo López Viñals: el problema es la Corte que lo cobija, la justicia que calla, y el Estado que lo recompensa.
La responsabilidad ahora recae sobre los senadores. Son ellos quienes deben decidir si prefieren blindar el orden existente o asumir el desafío de abrir espacios a una nueva cultura judicial. La pregunta es simple, pero ineludible: ¿hasta cuándo se sostendrá un Poder Judicial más interesado en su perpetuación que en su misión? Aún hay tiempo de revertir ese fenómeno, pero no mucho. Porque cuando el descrédito se institucionaliza, ya no es posible distinguir entre error y complicidad.
