El Gobierno nacional venderá predios públicos en los que se podrán construir edificios y comercios. En Salta hay dos y aseguran que son del Estado nacional y que no están aprovechados.
Así lo confirmaron en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). «El decreto está a la firma del Presidente, saldrá publicado en el Boletín Oficial en los próximos días», explicaron. La decisión también involucra a cuatro predios en la provincia de Buenos Aires, cuatro en Córdoba, tres en Mendoza y dos en Salta.
El terreno porteño más importante son los 44.866 metros cuadrados que quedan en Avenida Bullrich al 300, frente a la mezquita Rey Fahd y donde hoy funcionan el hipermercado Jumbo y el local de la cadena Easy, ambas firmas de la empresa chilena Cencosud. En la AABE informaron que el contrato vence recién en 2019 con una opción de prórroga por otros cinco años, por lo tanto el centro comercial seguirá funcionando. Pero que eso no impide sacar a subasta el terreno.
La justificación que dan en el organismo es que estas propiedades están subaprovechadas, y a la vez generan gastos para el Estado. Por ejemplo, hay un lote en Juncal y Basabilvaso, Recoleta, que funciona como estacionamiento de la Cancillería. También un edificio en Valentín Gómez al 2900 que es usado como archivo del INDEC: en el Gobierno explican que esa información será digitalizada, y que al vender la propiedad se ahorrará entre otras cosas los $ 100.000 mensuales que hoy pagan por la seguridad privada.
Entre los 26 predios el Estado podría recaudar unos 150 millones de dólares. Ese dinero se destinará en un 70% para la jurisdicción de origen (por ejemplo el Ejército) y el otro 30% para el Tesoro nacional. Pero en la AABE hacen hincapié en otro punto: esos lugares podrían atraer unos 400 millones de dólares en inversiones, que generarían 2.500 puestos de trabajo.
De hecho, en los contratos de venta se incluirá una novedosa cláusula, llamada «dominio revocable» y que está incluida en el Código Civil: la AABE estipuló que si el privado que se quede con el lugar no empieza la obra en tres años y no la termina en seis, el Estado le devolverá el dinero y recuperará el predio.
fuente: Clarin.