El rabino Bergman firmó un acuerdo con el Gobierno provincial, la Sociedad Rural Salteña, PROGRANO y la Federación de Entidades Rurales Salteñas para, en el plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los 32 permisos de desmontes en bosques protegidos por la Ley de Bosques, que fueron autorizados por la provincia, cumplen con el marco normativo. M.A.
Antes que nada, vale recordar que el conflicto comenzó en enero de este año, con una resolución del ministro Sergio Bergman, que declaró ilegales los desmontes autorizados por el mecanismo de re-categorización y pidió a la Provincia la suspensión de los desmontes y la reforestación sobre los ya producidos. Por esta resolución, la Provincia paró los desmontes provisoriamente.
Lo que estaba en discusión con la llegada del rabino era, entonces, si la Provincia resolvía dejar sin efecto esta suspensión o realizaba alguna actividad que persiguiera anularlos, y qué iba a ocurrir con los desmontes concretados en más de 40 mil hectáreas.
“Las únicas opciones que existen son la de dejar sin efecto la suspensión o avanzar en la anulación, hay que tener en cuenta que la anulación de estos permisos es una actividad que no la puede realizar el Poder Ejecutivo por sí mismo, es decir, no se puede anular una resolución con otra resolución, porque esta resolución ha generado intereses en estos particulares. Esto confirma que el único camino que tiene el Ejecutivo es iniciar las acciones judiciales de lesividad”, señaló el abogado ambientalista Luis Segovia.
En tanto, el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini dijo: “Es insólito que los mismos responsables del delito sean quienes van a juzgar si lo cometieron. En lugar de cumplir con la Ley de Bosques, el gobernador Urtubey prepara un indulto para los desmontadores. Destruir bosques es un crimen que no debe quedar impune”.
La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respaldó el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; declaró ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas e instó a la Provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.
Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta resolvió, mediante la resolución 019, “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo” y “hacer conocer —a través de la Secretaría de Ambiente— a los titulares de las autorizaciones suspendidas por el Artículo 1°, el contenido de la Resolución N° 56/18 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”.
La organización ambientalista detectó, mediante sobrevuelos e imágenes satelitales, que tras dichas resoluciones las topadoras siguieron arrasando bosques nativos en las estancias Chuchuy (550 hectáreas deforestadas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo).
“El gobernador de Salta no puede ser cómplice de estos criminales. Debe multar a quienes siguieron deforestando y cancelar los 32 permisos que se otorgaron violando la Ley de Bosques. Las fincas desmontadas deben reforestarse”, señaló Giardini.
Entre las 32 fincas que recibieron permisos de desmonte en bosques protegidos se encuentra La Moraleja S.A., que deforestó 3000 hectáreas y es uno de los principales proveedores de jugo concentrado de limón de The Coca-Cola Company. Hasta ahora las compañías se comprometieron a restaurar 1400 hectáreas.
