Indagatoria para abogados de la AFI de Macri

Los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide enviaron el pedido al que hizo lugar el magistrado y además rechazó la pretensión del exdirector de Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián de Stefano, uno de los tres implicados, de postergar la indagatoria que ya tenía prevista para el próximo lunes para responder por las escuchas ilegales a los presos kirchneristas.

La Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos (DAAJ) de la AFI macrista está en la mira de la justicia federal de Lomas. De Stefano junto a Bernardo Miguens (Oficios Judiciales) ya estaban citados para la semana próxima para responder sobre el espionaje penitenciario. Pero, en las últimas horas, por pedido de los fiscales Incardona y Eyherabide, se amplió la acusación por la vigilancia sobre Cristina Fernández. Lo nuevo es que ahora también está citada Jimena Honor, abogada de Contrainteligencia de la AFI, que deberá declarar por Zoom el 16 de diciembre, cuando termine la ronda del espionaje penitenciario. De Stefano declarará el lunes próximo y Miguens, el martes.

La AFI habría destinado autos a espiar a CFK entre julio y agosto de 2018. Los vehículos se apostaron tanto en la sede del Instituto Patria como en el edificio donde vive Cristina Kirchner. Ese operativo terminó abruptamente después de que uno de los autos de la AFI fuera identificado por trabajadores del Instituto Patria y un oficial de la Policía de la Ciudad les requiriera a sus ocupantes que se identificaran. Después de que los espías entraran en pánico, el coche dobló en “U” por Rodríguez Peña y huyó, pero ya estaba todo registrado por las cámaras y fue denunciado durante una sesión del Senado. Ese operativo habría estado a cargo de Alan Ruiz, que venía desde el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Ese debut estrepitoso lo habría privado de conseguir un nombramiento formal como director de Operaciones. Actualmente, Ruiz está procesado por estos hechos junto con el exdirector operacional de Contrainteligencia Martín Coste y los dos directivos máximos de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Es la Cámara de La Plata la que tiene que revisar esos procesamientos.

Los fiscales quieren avanzar sobre quienes procuraron darle cobertura legal al operativo ordenado por Ruiz. Es por eso que solicitaran indagar a De Stefano y a Miguens, aparentemente responsables de confeccionar las presentaciones que la AFI hizo tanto en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, donde se radicó la denuncia por la vigilancia. El episodio se justificó como «tareas de vigilancia en el marco de la cumbre del G20». Por otra parte, Honor, habría estado en contacto con Miguens para suministrarle la información que ellos le requerían. Los fiscales secuestraron una grabación que le hicieron sus propios agentes a Ruiz, en la que decía: “Cualquier operación que hacemos con el ‘Enano’ De Stefano, la hacemos con cobertura judicial en algún juzgado”.

Honor relató ante la Bicameral cómo fue la peripecia entre Contrainteligencia y Jurídicos, y que ella estaba en contacto con Miguens y que le dijo cómo confeccionar los documentos para poder justificar la operación.

Mientras tanto, la Sala I de la Casación Federal debe decidir dónde tramitarán dos de los tres tramos que hacen a la causa, pero antes de ahondar en esa discusión deberán resolver la recusación que Arribas presentó contra la camarista Ana Figueroa por denunciar las presiones de la mesa judicial macrista. El espionaje penitenciario está ahora en manos del camarista Leopoldo Bruglia después de que la sala de la Casación IV anulara una resolución del camarista Mariano Llorens que decía que el espionaje en las cárceles debía seguir tramite en Lomas.

Bruglia ya fijó audiencia para el próximo jueves. El macrismo está decidido a llevar la investigación a un terreno más amigable como el de Retiro.