A dos años de la sanción de la Ley 27.610, el Proyecto Mirar identificó alertas y desafíos en distintas provincias sobre la implementación de la política de acceso al aborto.
Andrea Sztychmasjter
El reporte da cuenta de la implementación de la política de aborto en Argentina hasta 2022 inclusive, el segundo año desde la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción voluntaria del embarazo y atención posaborto. En sintonía con los objetivos estratégicos del proyecto Mirar, aporta al monitoreo con datos y análisis sobre algunos de los rasgos centrales del proceso y de los resultados de esa política, con las limitaciones propias de la disponibilidad de datos.
Mercedes Krause, doctora en ciencias sociales, socióloga, investigadora del CEDES y UBA e integrante del proyecto Mirar en comunicación con el programa Joyita norteña de Radio Unsa se refirió al proyecto del CEDES y Reproductive Health.
“El reporte anual de 2022 muestra signos positivos, como el suministro de insumos con más de 90 mil tratamientos y la producción de Mifepristona en el país, para mejorar la calidad de la atención”, señaló la profesional.
El reporte además señala que en 2022 no hubo nuevas presentaciones judiciales contra la Ley 27.610 o el Protocolo y no fue procesado ningún equipo de salud por proveer abortos dentro del marco legal. A la par de un aumento en el número de servicios del subsector público que prestan servicios de IVE ILE, se implementaron cursos virtuales, capacitaciones en servicio y asistencias técnicas presenciales; se publicaron comunicaciones y notas técnicas; y se actualizó el Protocolo acorde a las directrices sobre la atención para el aborto de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Describen también que se observa un descenso de la fecundidad adolescente: el número de niñas y adolescentes que llevaron un embarazo a término continuó disminuyendo en el país, aunque manifiesta el informe que “El descenso significativo y sin precedentes de la tasa de fecundidad en las niñas, un indicador históricamente difícil de cambiar, requiere un análisis más profundo para comprender mejor sus determinantes”.
Asimismo, también describe que se produjo un notable aumento en la oferta de servicios de IVE ILE en el subsector público. Antes de la sanción de la ley, a fines de 2020, se contabilizaban 907 efectores (centros de atención primaria de la salud y hospitales) que brindaban acceso a estos servicios. El número creció a 1327 en 2021 y a 1793 en 2022, con un aumento proporcional de 98% entre 2020 y 2022.
Entre 2021 y 2022, seis provincias (Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego) mantuvieron la misma disponibilidad o disminuyeron la disponibilidad de servicios de IVE ILE cada 1.000 mujeres en edad fértil. En San Juan, Formosa, Santa Cruz, Neuquén, Santiago del Estero, Chaco y Salta el aumento de acceso al aborto fue entre el doble y el triple.
Seis jurisdicciones publicaron datos de IVE ILE correspondientes al 2022 en sus informes de gestión (CABA, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Río Negro y Santa Fe) y la provincia de Chaco suministró información a solicitud del proyecto mirar. Este es un indicador de mayor transparencia y acceso ciudadano a la información del Estado en dichas jurisdicciones. Sólo tres jurisdicciones (CABA, Entre Ríos y Misiones) publicaron datos correspondientes a los años 2021 y 2022, permitiendo hacer comparaciones para observar su evolución en la atención de IVE ILE. En CABA, durante 2022 disminuyeron de manera considerable las internaciones y los abortos realizados quirúrgicamente para resolución de casos de IVE ILE, si bien la proporción de IVE sobre el total de interrupciones (IVE ILE) permaneció estable (95% en 2021, 93,7% en 2022).
