Medios locales levantaron una noticia que terminó perdida en la vorágine de la información cotidiana: “Detectan trabajo infantil y empleo precario en Salta y Jujuy” tituló un diario digital los resultados de un control de rutina de la AFIP en Orán, Monterrico y El Carmen. El trabajo esclavo en la provincia del peronista que aspira a la candidatura presidencial 2019.
Hermógenes Saldívar es el personaje principal de un largometraje dirigido por Sebastián Schindel que se titula “El patrón: radiografía de un crimen” y que está inspirado en un libro del reconocido y ya fallecido criminólogo Elías Neuman.
Hermógenes es un trabajador rural de Santiago del Estero, un hachero, que viaja hasta Buenos Aires en busca de una vida mejor. Recién llegado al conurbano bonaerense consigue trabajar en una carnicería barrial donde conoce a su nuevo patrón, un pequeño comerciante lumpen e inescrupuloso, dispuesto a vender carne en las peores condiciones posibles, engañar a sus clientes y reducir a la esclavitud y la humillación a su nuevo empleado con tal de seguir amasando su pequeña y maloliente fortuna.
Luego de trabajar unos meses en pésimas condiciones y de vivir en el fondo de la misma carnicería una vez alcanzado el límite de la explotación y la opresión, Hermógenes asesina a su patrón en lo que podríamos decir, a sazón de una vieja leyenda oriental, el arrebato de “cólera de un particular”. El hachero de rostro duro y piel curtida termina encarcelado sin siquiera haber tenido la posibilidad de declarar ante el juez y su defensa los tormentos vividos por él, su esposa y su pequeña hija.
El caso que recopila el largometraje dirigido por Schindel es un detallado registro de cuáles son las normas y rasgos comunes del trabajo esclavo, por eso mismo podemos decir del film que se trata de una rudeza artística que no puede dejarse de recomendar para la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Juan Manuel Urtubey, Paula María Bibini, o el mismísimo Jorge Triaca.
Para que el sudor, las penas e historias que se escurren por debajo de los índices de una de las actividades económicas más importante de la provincia no queden condenados al ostracismo, en estas líneas recopilamos brevemente algunos casos de trabajo esclavo que se conocieron en los últimos años que abrevan esa crítica que equipara a los gobiernos provinciales, sus gobernadores y gabinetes, con el señor feudal y su séquito de cortesanos.
Cuando la realidad inspira la ficción
Aunque los hechos hayan tenido lugar lejos del Valle de Lerma, en la provincia de La Rioja, no podemos menos que empezar por el escándalo nacional que se desató en el 2011 luego de que la AFIP allanara una finca en la provincia de Carlos Menem y el diputado nacional por Salta Somos Todos, el empresario sojero Alfredo Olmedo, fuera indagado como propietario de la hacienda donde unos 400 trabajadores fueron encontrados bajo condiciones de esclavitud.
Otro caso del que se tiene registro data de octubre de 2013, cuando 85 trabajadores que realizaban tareas de desmontes en el departamento San Martín y que no estaban registrados fueron reconocidos por la AFIP, al tiempo que se detenía a contratistas locales y los propietarios extranjeros de las tierras – franceses – se presentaban “solidariamente como responsables”. También en abril de 2013 fueron rescatados otros 157 trabajadores, entre ellos menores, en una finca donde se realizaban desmontes en la localidad de Dragones.
En octubre de 2014 también en la localidad de San Martín en una finca fronteriza con Bolivia fueron encontrados 60 trabajadores bolivianos indocumentados, entre ellos 6 menores de edad, que cosechaban caña de azúcar y traficaban importantes volúmenes al vecino país. Mientras tanto, en abril del mismo año 30 originarios mayores y 3 menores provenientes de la misión Sombrero Negro de Formosa, fueron encontrados sin comer hacía dos días y sin agua potable mientras desmontaban en una finca de Colonia Santa Rosa.
2015 y 2016 parecen años donde los allanamientos de la AFIP dejaron de proveer de materia prima a los medios locales, ya que sólo encontramos archivo de un allanamiento en Apolinario Saravia donde 19 trabajadores estaban reducidos a la servidumbre. Pero 2017 reverdece con un salto en la exposición pública de casos de trabajo esclavo: solo durante el año pasado hubo más de doscientos trabajadores rurales que fueron rescatados en fincas de Anta y Orán.
Y según los datos publicados sobre los allanamientos de la AFIP la semana pasada “sobre un total de 101 trabajadores en fincas rurales relevados, 70 de ellos no estaban registrados por sus empleadores. Además había 3 menores de 16 años realizando tareas de encañado de tabaco (…)”.
Identikit de la servidumbre
Antes de concluir, pasamos en limpio los rasgos comunes que se registran en todos los casos enumerados: la retención de los documentos de identidad de los trabajadores por parte de los patrones; las condiciones de hacinamiento y la falta de agua, luz, gas y cloacas en los lugares destinados para que vivan los trabajadores; la ausencia de herramientas de trabajo; la venta de alimentos y el cobro de los mismos sobre los salarios de los trabajadores, un mecanismo de intercambio asimétrico que genera una dependencia entre trabajadores y empleadores a partir de una deuda que no se puede saldar si no es trabajando para quién es empleador y al mismo tiempo proveedor de alimentos, etc.; un completo aislamiento con el resto de la sociedad; la exposición a las inclemencias del clima y la fauna en zonas inhóspitas, entre otros.
Un presidente para Camelot
Definitivamente, el trabajo esclavo, la trata de personas, la reducción a servidumbre de hombres, mujeres y niños en diversas explotaciones agro industriales en la provincia -y el resto del país- no pueden ser entendidas como casos aislados de empresarios desconsiderados o poco atentos a las normas y leyes que rigen el contrato laboral de los trabajadores rurales. Por el contrario, este conjunto de casos pueden entenderse como relaciones carácter pre-capitalista que conviven con un desarrollo y aplicación módicos de la técnica y la ciencia en la estructura productiva de la provincia, combinándose con una compleja red de contención estatal que no siempre está aceitada y lista para ser puesta en funcionamiento.
En última instancia, la clase social propietaria de las tierras y fincas donde la AFIP realiza allanamientos y encuentra estos verdaderos terruños feudales, con sus siervos y esclavos, amasa su riqueza y prestigio social y político a costa de una súper explotación de la mano de obra, reduciendo al mínimo posible todo gasto en “capital variable”, como supo definir el economista Ernest Mandel a las inversiones fundamentales que permiten reproducirse al capital.
No dejemos de anotar que la producción agro industrial aporta aproximadamente “un 17% del Producto Geográfico Bruto (PBG) y demanda un 18% de los puestos de trabajo formales en la provincia”, según la información que se dispone y que data del año 2013. Los principales emprendimientos explotan el algodón, la caña de azúcar, la naranja, el pomelo, poroto seco, la soja, el tabaco, la uva y la producción ganadera.
Mientras la esposa de Mauricio Macri está acusada de ser la propietaria de talleres textiles clandestinos donde abunda el trabajo esclavo, no debería sorprendernos que el gobernador Juan Manuel Urtubey aspire a una candidatura presidencial de cara al 2019, su currículum lo posiciona como un obstinado defensor de los intereses empresariales. Awada lo recibirá de brazos abiertos al joven salteño de sangre azul cuando sepa que una de las principales actividades económicas de la provincia que gobierna se sostiene en gran medida gracias al trabajo esclavo de varios cientos y miles de trabajadores rurales y sus familias.
