Allanan las oficinas del juez de Orán Raúl Reynoso. Lo indagarán por posibles sobornos para liberar a narcotraficantes. Su Juzgado Federal tiene a cargo 700 kilómetros de frontera con Bolivia.
Las oficinas del juez Raúl Reynoso, al frente del Juzgado Federal de Orán, está siendo allanado es por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El magistrado, que tiene bajo su jurisdicción 700 kilómetros de frontera con Bolivia, está sospechado de beneficiar a narcotraficantes y liberarlos bajo pago de sobornos.
El allanamiento fue ordenado por el juez federal de Salta Julio Bavio. Según informó el diario La Nación, Reynoso fue imputado por cohecho y prevaricato, además de estar acusado de integrar una asociación ilícita con otras siete personas.
La investigación tomó un fuerte impulso el mes pasado después de que el abogado David Leiva presentara en la Justicia Federal de Salta una denuncia contra el «juez Reynoso y otras personas que trabajan como abogados y como empleados de la justicia federal de Orán por cuanto requerirían dinero para obtener resultados favorables en causas en las que se involucra a personas por narcotráfico, trata de personas, tráfico de divisas y exportación de mercadería».
Bavio ordenó las indagatorias y detenciones de otras siete personas. En la lista de sospechosos también hay un funcionarios judicial y abogados de presuntos narcos. Bavio hizo lugar al pedido de los fiscales y ordenó allanar el juzgado de Orán. Por su condición de juez, Reynoso no será detenido. Los operativos fueron hechos por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
«Los sospechosos forman una organización criminal que tiene por objeto la gestión y concesión de resoluciones judiciales tendientes a mejorar la situación procesal, especialmente la libertad ambulatoria, de distintos personas imputadas y detenidas en el marco de expedientes de trámite por ante el Juzgado Federal de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán en los que se investigan conductas de narcocriminalidad internacional, a cambio de dinero y/o dádivas», afirmaron los fiscales en el dictamen donde pidieron la declaración indagatoria de Reynoso y las otras personas investigadas.Iglesias y Villalba puna serie de medidas de prueba. A la denuncia de Leiva se sumó otra hecha por Roxana Brítez ante autoridades de la Gendarmería Nacional en Tartagal, en Salta, donde sostuvo que cuando su ex pareja, Guillermo Sarmiento, caía preso por temas relacionados con droga le daban la libertad a cambio de dinero y afirmó que el pago lo hacían por intermedio de una abogada.
«Como metodología de análisis confrontamos cada una de las acusaciones formuladas en autos con las constancias en los distintos expedientes que tramitan o tramitaron bajo la dirección del juez. El resultado de ese estudio, a nuestro entender, es categórico en cuanto a que las circunstancias denunciadas por Brítez y Leiva, se presentan como verosímiles y encuentran sustento -con el grado requerido en esta etapa del proceso», sostuvieron los fiscales Iglesias y Villalba en el dictamen donde requierieron la accción penal y donde solicitaron medidas de prueba.
Los representantes del Ministerio Público analizaron varias causas judiciales donde el juez Reynoso firmó excarcelaciones. «Las particulares situaciones que han sido advertidas en los distintos expedientes judiciales analizados, constituyen una serie de fuertes indicios que crean un cuadro probatorio que hace presumir la veracidad de los hechos puestos en evidencia por los distintos denunciantes», afirmaron los fiscales.
Para los fiscales Iglesias y Villalba el presunto «aparato de poder creado por el juez Reynoso» no se podría haber logrado sin un funcionario judicial y abogados de los narcotraficantes, siempre según el dictamen del Ministerio Público.
«El magistrado no sólo habría omitido cumplir con sus funciones, sino que además habría colaborado con la actividad delictiva de tráfico de estupefacientes a partir de la protección o impunidad que le brindaba a los imputados, a través de interpósitas personas, todo lo cual les permitió continuar desarrollando sus conductas ilícitas con la certeza de que se encontraban amparados por el propio magistrado», afirmaron los fiscales Iglesias y Villalba.
